El conflicto que se vive en La Opinión es lamentable. Pues siempre que ocurren estos pleitos entre familias y accionistas, la zozobra invade a los trabajadores y son las fuentes de empleo finalmente las que se ponen en riesgo.
Con el 65 por ciento de los accionistas en contra, a Gonzalo Hernández Gibb no le quedó de otra más que tener que dejar las riendas, y salir por la puerta de atrás de La Opinión de Poza Rica.
El ex director fue destituido el 11 de enero por el Consejo de Administración, luego de que se le detectaron algunas anomalías durante su administración; pero él, en un acto de revanchismo, aseguran, tomó por asalto las instalaciones del diario, acompañado de un grupo de. hombres armados, por cierto, con armas de uso exclusivo del Ejército.
De esta forma, los directivos solicitaron el apoyo de la Policía Estatal para resguardar a los casi 400 trabajadores y a los propios directivos, pues este personaje atentaba con no dejar salir el matutino.
El momento que se vivió en el diario estos días ha alcanzo niveles delicados. Y seguramente que, sin la oportuna intervención de las corporaciones estatales, la cosa hubiera pasado a mayores.
Se afirma que Hernández Gibb buscaba apoderarse de La Opinión de Poza Rica, y movió los hilos para que las cosas se acomodaran a su favor, sin dejar a la legalidad e imparcialidad de la justicia que definiera esta situación.
Sin embargo, el Consejo de Administración del rotativo más influyente del norte del estado lo despidió desde el 11 de enero.
Ante esta situación es por lo que las instalaciones del periódico se encuentran bajo movilización policíaca, allí en la colonia Tajín, en Poza Rica. Y es que patrullas y elementos de la Fuerza Civil llegaron hasta ese lugar a desalojar a Gonzalo y su gente.
De hecho, aseguran que su intención era que La Opinión de Poza Rica no saliera en por lo menos tres días, y así regresar a dirigir el diario.
Los directivos del periódico, que asumen en todo momento como asunto familiar el problema, solicitaron el apoyo de las instancias estatales para asegurar a la clase trabajadora y protegerla de posibles agresiones.
A TRIBUNALES
Serán los tribunales civiles y mercantiles los que determinen las acciones que se emprendan en contra de Gonzalo Hernández, y por supuesto sus alegatos también, luego de que éste encabezó la acción con sus acompañantes para impedir el acceso a trabajadores que buscaban preparar las diferentes ediciones de La Opinión.
El drama familiar de los Gibb alcanzó a casi 400 familias que estuvieron algunos días en la zozobra porque no sabían si el periódico cerraba.
El conflicto se tomó finalmente por desacuerdos en decisiones trascendentales para la empresa, además de lo que llamaron "anomalías" que se registraron durante la dirección.
Al final, con todo y que en los tribunales se defina la situación de los accionistas, el hecho es que regularice una fuente de empleo, y en este caso, el periódico debe salir todos los días. Mientras que la Fuerza Civil debe resguardar el lugar para garantizar la integridad tanto de los trabajadores como de los directivos.

MUY EN CORTO
CAMPA EN TIERRA BLANCA. Anoche se dio a conocer que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, se reunió con los padres de los 5 jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca.
El encuentro duró unos 30 minutos, y se llevó a cabo en la oficina de Campa Cifrián. Pero este día esta programa su visita al municipio donde ocurrieron los hechos.
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