Aunque las próximas elecciones serán, las de diputados federales, en julio de 2015, no estaría de más que en Xalapa la cúpula priista ya fuera decidiendo a quién colocar en la acéfala presidencia del Comité Directivo Municipal del partido tricolor porque luego del auge que en la coyuntura de la repudiada reforma educativa ha tomado el movimiento magisterial disidente en la capital veracruzana, el nuevo dirigente local y los abanderados que sean postulados por el PRI van a tener una misión casi imposible para ganar los siguientes comicios y ocupar las dos curules que actualmente tienen en el Congreso de la Unión Uriel Flores Aguayo, del PRD, y Alejandro Montano Guzmán, del Revolucionario Institucional.
Y es que con fecha 1 de septiembre de este año, Renato Alarcón Guevara presentó su renuncia como Delegado Especial en Funciones de Presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Xalapa, cargo que asumió en diciembre de 2012 tras separarse de la Secretaría del Ayuntamiento capitalino en la que también realizó una excelente labor.
A Renato le correspondió sacar primero los procesos internos para la selección de candidatos a la diputación local y de presidente municipal, y luego trabajar para que los abanderados del PRI ganaran las elecciones tan competidas, apoyándose en las principales figuras y activos políticos del priismo en ese momento: el presidente Enrique Peña Nieto, el gobernador Javier Duarte y la alcaldesa Elízabeth Morales.
Alarcón era candidato natural para ocupar una posición edilicia en la planilla que encabezaba el ahora presidente municipal electo Américo Zúñiga Martínez, pero de última hora las presiones y negociaciones con los grupos de poder dejaron fuera del próximo Cabildo xalapeño al dirigente priista, que lleva casi 20 años militando en el partido tricolor.
Sin embargo, tal como lo deja entrever en su carta de renuncia presentada a la presidenta provisional del CDE del PRI, Éricka Ayala, Renato no guarda resentimientos ni rencores, sino que como buen político, maduro e institucional, afirma que “me voy orgulloso de haber estado presente cuando mi partido me necesitó y agradecido por el apoyo que siempre me brindaron los sectores y organizaciones y el respaldo de la estructura territorial, sin la que el PRI en Xalapa no habría podido salir adelante”. Y reitera que “mañana y siempre estaré presto a volver a servir a nuestro instituto”.
Ahora, invitado por su amigo el subsecretario Roberto Campa Cifrián, candidato presidencial en 2006 del Partido Nueva Alianza (Panal), Renato se acaba de incorporar oficialmente como director General Adjunto de Operación Territorial de la Subsecretaría de Prevención Social de la Secretaría de Gobernación.
Alarcón tendrá la responsabilidad de colaborar en el equipo de trabajo que deberá de vincularse con estados y municipios en todo el país, para ejecutar las acciones del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia que ha sido impulsado por el presidente Peña Nieto, y desde el cual será un buen aliado del gobernador Javier Duarte para seguir apoyando en esta materia a Veracruz.
Se trata de un programa transversal y participativo que involucra a 9 dependencias federales en acciones para fortalecer la cohesión social, combatir las adicciones, rescatar espacios públicos y promover proyectos productivos. Prioritariamente se están atendiendo 57 demarcaciones del país –48 municipios, dos Delegaciones del Distrito Federal y 7 zonas metropolitanas– que requieren mayor apoyo en el corto plazo, a través de una visión de acupuntura urbana y focalización.
Éste es un cambio radical en la estrategia gubernamental, ya que en el sexenio del expresidente Felipe Calderón se apostó principalmente al combate frontal y directo con los delincuentes, lo que solo arrojó cifras alarmantes de víctimas por la violencia. Ahora, la administración del presidente Peña ha optado por una política que intenta transformar la realidad social de los lugares donde confluyen círculos de delincuencia y violencia.
La tarea no pinta nada fácil. Pero si bien es cierto que los resultados serán más claros en el mediano y largo plazo, ya era necesario que también se empezara a trabajar de manera diferente, pensando en la seguridad y bienestar de las próximas generaciones.
Esta es sin duda una política pública con visión a futuro, que tiene bajo su responsabilidad el subsecretario Campa Cifrián y a la que se ha incorporado un xalapeño que por su formación académica y experiencia en la administración pública, conoce muy bien la dinámica de los gobiernos locales.
Y es que desde 2008, el fenómeno de la violencia en México se ha posicionado como un tema prioritario, tanto en la agenda pública como en la percepción de la ciudadanía. Durante el periodo 2001-2011, aun con el incremento en un 538 por ciento al presupuesto destinado a la Secretaría de Seguridad Pública federal y sus órganos administrativos desconcentrados (cuyo gasto pasó de 6 mil 300 millones de pesos a 40 mil 500 mdp), la incidencia delictiva del fuero federal aumentó en un 83 por ciento, al dispararse de 78 mil 309 a 142 mil 971 casos, según datos del VI Informe de Gobierno y del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del 2012.
Entre los factores que más han influido en el incremento de la violencia en nuestro país, destacan las disputas entre organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Por otro lado, llama la atención la situación de las juventudes en su calidad de víctimas y de generadores de violencia, ya que según estadísticas de 2012, del Banco Mundial, en México el número de jóvenes representa aproximadamente un tercio de la población total.
Otro elemento destacable es la brecha que existe entre la percepción y el sentimiento de inseguridad de los ciudadanos y las condiciones objetivas de los delitos y la violencia, la cual se ha ensanchado. Esta condición es mayor en algunas regiones del país, sobre todo en la zona norte y el Bajío, y principalmente en relación al temor de ser víctimas de los delitos de robo a mano armada y secuestro, según datos del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana (CNPDPC), del 2010.
De hecho, son diversos los factores que influyen en el fenómeno de las violencias y la delincuencia, destacando aquellas condiciones que agravan o merman la seguridad de las personas –tanto en la dimensión objetiva como subjetiva–, y los cuales contemplan diferentes aspectos: económico, cultural, urbano, entre otros. Algunas evidencias de esta situación se observan en diversos estudios nacionales e internacionales, entre éstas: el crecimiento desordenado, expansivo y disperso de las ciudades, lo cual provoca tensiones y conflictos en los diferentes sectores de la población; la concentración de población en condiciones de desigualdad (en ingreso y riqueza) en los denominados “cinturones de miseria”.
Además de la violencia familiar y de género; la vulnerabilidad, exclusión y criminalización de los jóvenes; la pérdida de valor e interés por la educación formal como mecanismo de ascenso social; la formación de modelos de comportamiento ligados a la cultura de la ilegalidad, y el impacto focalizado por el efecto migratorio y las deportaciones de inmigrantes que pone presión social en las ciudades fronterizas, entre otros (CNPDPC, 2010).
Precisamente, en respuesta al clamor ciudadano de vivir en un México en paz, el presidente Peña señaló este objetivo como eje prioritario de su gobierno, por lo que el 1 de diciembre pasado, en un cambio de paradigma sin precedentes, anunció la creación del Programa Nacional de Prevención del Delito como la primera de 13 decisiones presidenciales. Y en congruencia con esta prioridad, el Pacto por México asumió en su compromiso 74 la puesta en marcha de un Plan Nacional de Prevención y Participación Comunitaria.
Además, en seguimiento al Acuerdo 02/II-SE/2012 aprobado en la II Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de enero de 2013), se establece el compromiso de elaborar conjuntamente un Programa Nacional de Prevención del Delito que contribuya a focalizar esfuerzos, alinear y coordinar presupuestos de las Secretarías de Estado, principalmente en los municipios con más violencia en el país, para hacer de la prevención social de la violencia y la delincuencia una verdadera prioridad nacional.
Y en todo ello tendrá participación el xalapeño Renato Alarcón, quien casi un año después parece haber acampado muy bien al lado de Campa.