Más que por el espionaje yanqui del que fue víctima en su campaña presidencial de 2012 y por el que ahora acaba de pedirle explicaciones a su homólogo Barack Obama, el presidente Enrique Peña Nieto debiera estar más preocupado porque a casi un año de haber asumido el poder todavía no logra convencer a los norteamericanos de que su gobierno será realmente diferente al de sus antecesores priístas que gobernaron de 1929 hasta 2000.
Y es que el diario capitalino Reforma acaba de publicar un reporte entregado al Congreso de Estados Unidos por el Congressional Research Service en el que si bien refiere que “los seguidores de Peña señalan que encabeza el gobierno de un nuevo PRI, libre de la corrupción que caracterizó al partido en el pasado, y que está proponiendo reformas audaces”, también consigna que “los escépticos cuestionan cómo Peña Nieto se mantendrá independiente de los agentes del poder del viejo PRI, y cómo va a retar a los grupos de interés priístas que son resistentes al cambio”.
El reporte “La Administración de Peña Nieto en México: asuntos clave en las relaciones EU-México”, realizado por Clare Ribando Seelke, especialista en asuntos de América Latina, se divide en dos apartados. En el primero de ellos se da una descripción generalizada de la actual administración, y en el segundo se abordan puntos clave que son de interés para el Congreso estadounidense en la relación bilateral.
Del mandatario mexicano se advierte que como gobernador del Estado de México, sus actividades eran frecuentemente transmitidas por Televisa y que, pese a que su administración era cuestionada por no cumplir con todos sus compromisos, así como por violaciones a los derechos humanos y por falta de transparencia, siempre mantuvo altos niveles de popularidad.
En materia de seguridad, señala que la estrategia todavía no está clara, pues mientras hay quienes consideran que ésta es de bajo perfil, otros piensan que está utilizando la misma del sexenio anterior.
“Mientras la violencia ha disminuido en algunas partes del norte, ésta ha incrementado en el interior del país y a lo largo de la costa del Pacífico. En particular, la situación de seguridad en Michoacán se ha seguido deteriorando”, alerta el reporte, el cual destaca la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública y las crecientes facultades de la Secretaría de Gobernación (Segob), algo que algunos pueden ver como negativo al depositarse mayor poder en una sola Secretaría de Estado que ahora, ante el conflicto magisterial por la Reforma Educativa, ha desplazado a la Secretaría de Educación Pública (SEP) al erigirse en la única interlocutora de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), cuyo movimiento, particularmente en contra de la Ley General del Servicio Profesional Docente, se ha ido extendiendo de Michoacán, Oaxaca y el Distrito Federal a más de 20 entidades federativas, entre ellas Veracruz, donde la administración del gobernador priísta Javier Duarte suponía tener amplio control sobre los dirigentes de las Secciones 32 y 56 del SNTE así como de otros sindicatos estatales, los cuales se han visto rebasados por las bases magisteriales.
Se deduce que tanto la Segob federal como el gobierno de Veracruz debieron tener información de la magnitud de la movilización que se avecinaba ante el manifiesto rechazo a las leyes secundarias de la Reforma Educativa, pues precisamente desde finales de abril de este año, la CNTE y otras organizaciones sindicales radicales -como el Sindicato Mexicano de Electricistas, cuyo lema de lucha es “solamente muertos nos podrán sacar de la resistencia, ¡¡¡viva el SME!!!”- lanzaron conjuntamente el “Manifiesto del Primero de Mayo” signado por la Junta Promotora para una Nueva Central de Trabajadores (constituida desde 2010 por representantes de 60 organismos sindicales), en el cual se pronunciaban “contra las reformas neoliberales” impulsadas por Peña Nieto, entre ellas la educativa, y “por un pacto social alternativo para rescatar a la Nación”.
Precisamente, en repudio a las reformas estructurales, los miembros de esos 60 sindicatos, incluyendo la CNTE, acordaron la unión de fuerzas para una nueva etapa de resistencia social, la cual tendrá su primera gran movilización el próximo jueves 12. El anuncio se dio este sábado en conferencia de prensa enmarcada en el Primer Encuentro Nacional Magisterial que, según organizadores, reunió a más de 650 delegados representantes de distintas agrupaciones magisteriales de 29 estados de la República, entre ellos Veracruz.
En las asambleas realizadas este fin de semana, los líderes magisteriales disidentes decidieron -aparte de la movilización masiva y la permanencia del campamento del Zócalo capitalino- la ampliación del comité negociador y rechazar reunirse con autoridades federales mediante comisiones estatales, a fin de que las discusiones se den a nivel nacional y no a nivel local, para evitar que la Segob, validada por ellos mismos como única interlocutora, administre el conflicto y, mediante apoyos económicos a comisiones locales, diluya la presencia a nivel nacional de la CNTE.
Ante esta centralización del conflicto, ¿qué podrán hacer en Veracruz los representantes del “nuevo PRI” reformista que encabeza el presidente Peña Nieto -como el gobernador Javier Duarte y dos exdirigentes estatales del partido tricolor: el secretario general de Gobierno, Erick Lagos, y el titular de la SEV, Adolfo Mota-, para desactivar el movimiento magisterial que lleva ya una semana paralizando cientos de escuelas de educación básica y movilizándose en las principales ciudades del estado, sumando a partir de ayer el apoyo de otras organizaciones sociales que rechazan la educativa y demás reformas peñistas?
AGRADECIMIENTO
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