Aunque no se atrevió a mencionarlo expresamente por su nombre, pero Manlio Fabio Casarín León, director de la Facultad de Derecho (UV) y uno de los cinco aspirantes finalistas a la Rectoría de la Universidad Veracruzana, declaró el pasado lunes 19 que con el descarte del exrector Víctor Arredondo Álvarez, esta “decisión primera que ha tomado la Junta de Gobierno, sus bonos, su credibilidad, su objetividad, me parece que se han fortalecido, que se han consolidado y eso nos da a todos los contendientes las mismas oportunidades para que en un entorno de discusión plural y objetiva, hagan la mejor selección”.
Pero Casarín León, quien está cumpliendo magistralmente su papel de comparsa, debe saber mejor que nadie –por su presumida formación jurídica– que la “credibilidad” y “objetividad” de ese órgano colegiado que elegirá al nuevo Rector de la UV, están en entredicho precisamente por la burda ilegalidad en que se encuentra uno de sus ocho miembros, el cual no es un personaje insignificante, ya que por ser una figura académica de renombre nacional su opinión, hasta ahora, se ha impuesto de manera avasallante en el seno de la Junta de Gobierno.
Se trata del doctor José Sarukhán Kermez, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) pero quien actualmente se desempeña como coordinador de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), un organismo intersecretarial creado en 1992 con carácter de permanente y que en este sexenio es presidido oficialmente por el jefe del Poder Ejecutivo federal, el priísta Enrique Peña Nieto.
El Secretario Técnico es el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan José Guerra Abud, y participan también los secretarios de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Desarrollo Social; de Economía; de Educación Pública; de Energía; de Hacienda y Crédito Público; de Relaciones Exteriores; de Salud, y de Turismo.
Por este cargo gubernamental que desempeña desde hace 21 años, Sarukhán Kermez tiene asignada en la actualidad una remuneración mensual –correspondiente al nivel LB3 de Coordinador General– de 15 mil 542 pesos de sueldo base, que sumado a una compensación garantizada bruta de 115 mil 085 pesos da un sueldo bruto total de 130 mil 627 pesos, mismo que con las deducciones fiscales se reduce finalmente a un sueldo neto de 93 mil 453 pesos por mes, de acuerdo con el tabulador vigente de las plazas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales comisionadas a la CONABIO, según información obtenida del portal de transparencia y acceso a la información de la Semarnat.
El caso es que el exrector de la UNAM está impedido legalmente para ser miembro de la Junta de Gobierno de la UV por el cargo que desempeña como coordinador nacional de la CONABIO en el Gobierno Federal, ya que el Artículo 6 de la Ley de Autonomía de la Universidad Veracruzana, en su apartado V, establece como requisito para ser miembro de este cuerpo colegiado “no desempeñar cargos de dirección gubernamental ni de elección popular”. Y Sarukhán es directivo de un organismo del Gobierno Federal por el que viene siendo remunerado desde hace un par de décadas.
Quienes en su momento conocieron el entramado de esta ley, comentan que sus redactores dejaron deliberadamente abierta la posibilidad de reelección porque Emilio Gidi Villarreal –último rector designado directamente por el jefe del Ejecutivo del estado y actual titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, quien en una actitud contradictoria fue el primero en cuestionar públicamente la legalidad de la candidatura de Arredondo– pretendía en 2001 buscar la Rectoría en el segundo periodo autónomo, pero su aspiración se vino abajo debido a que su sucesor decidió prorrogar su rectorado por cuatro años más, el cual, al asumir la titularidad de la SEV en diciembre de 2004 tuvo que concluir como interino Raúl Arias Lovillo, a la sazón secretario académico.
Sin embargo, como este argumento para descartar a Arredondo no tuvo el efecto esperado para convencer a la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno –pues hasta la noche del jueves 15 había un empate en el grupo de los ocho notables–, trascendió que entonces Sarukhán, a la mañana siguiente, habría arremetido contra el exrector cuestionando su “independencia real y manifiesta ante los intereses económicos y políticos, de modo que pueda representar efectivamente la autonomía de la institución”, tal como se consignó en el escueto comunicado oficial difundido este viernes 16 en el que dieron a conocer los nombres de los cinco aspirantes finalistas, encabezados en “estricto orden alfabético” por el actual secretario académico Porfirio Carrillo Castilla, presunto candidato impulsado por los grupos del rector Arias Lovillo, de Gidi Villarreal y del dirigente sindical de la Fesapauv, el diputado local priísta Enrique Levet Gorozpe.
A Carrillo, aparte de su dedicación profesional a la Biología, están por unirle también otros inconfesables intereses con Sarukhán, ya que a pesar de su evidente ilegalidad el exrector de la UNAM se ha erigido en el más influyente factor del proceso de sucesión rectoral de la UV.
Y es que el coordinador nacional de la CONABIO debió renunciar a uno de estos dos cargos, tal como en junio de este año lo hizo la doctora Julia Tagüeña Parga, quien optó por separarse de la Junta de Gobierno para dedicarse de tiempo completo a su cargo en el CONACYT; dimisión que también generó polémica porque el artículo 5 del Reglamento de la Junta de Gobierno estipula que “las vacantes que se presenten en los términos del párrafo final del artículo 5° de la Ley de Autonomía las cubrirá la Junta de Gobierno en la sesión inmediata posterior que celebre después de ocurrida la vacante”, precisándose que “el nuevo integrante concluirá el periodo que correspondería a quien sustituye”.
Pero hasta dos semanas después, los ocho miembros de la Junta de Gobierno, en sesión extraordinaria, acordaron no nombrar a un nuevo miembro en sustitución de la doctora Tagüeña, argumentando “la inminencia del proceso de designación de rector y la falta de tiempo, para un nuevo miembro externo, de familiarizarse con la situación y necesidades de la Universidad Veracruzana”.
Además justificaron que “la falta del noveno miembro no representa un problema para la designación, en tanto que la Ley de Autonomía de la Universidad Veracruzana, en su artículo 9, indica que la designación del rector requiere el voto de al menos 6 de los miembros de la Junta de Gobierno”.
Total, si no les ha importado la descarada ilegalidad de Sarukhán, menos iban a preocuparse por cubrir la vacante de la doctora Tagüeña.
IVÁN, ¿SE QUEDA?
Ayer, en un salón de un conocido hotel de Xalapa, el aún titular de la Contraloría General del Estado, Iván López Fernández, congregó a todos los contralores internos de las dependencias estatales y funcionarios de la CGE.
La reunión inició a la 7:30 de la mañana, razón por la que algunas madres y padres de familia se enfadaron debido a que a esa hora suelen llevar a sus pequeños hijos a la escuela. A ese malestar se sumó también la humillante confiscación de sus teléfonos celulares.
López Fernández, según trascendió, les dijo que él no se va del gabinete duartista por lo que les habría exigido que evitaran todo tipo de chismes y filtraciones.
Les aseguró que su relación con su jefe, el gobernador Javier Duarte, está mejor que nunca. ¿Pues qué le sabrá?