Así como fue duramente criticado por las miles de concesiones para taxi y de docenas de patentes notariales que otorgó al final de su mandato, el exgobernador Fidel Herrera Beltrán también fue ampliamente cuestionado por las polémicas designaciones de cuatro nuevos magistrados que propuso al Congreso local, entre ellas la del exdirigente estatal del PRI y exalcalde de Coatzacoalcos, Edel Álvarez Peña, quien sólo cuenta con una licenciatura en Derecho y jamás litigó como abogado.
Casi toda su trayectoria pública ha sido en actividades partidistas, desde 1973 cuando se desempeñó como dirigente juvenil de la CNOP estatal. También colaboró en campañas de candidatos del PRI a la gubernatura de Veracruz y a la Presidencia de la República, entre ellas la de su compadre Roberto Madrazo Pintado, en el 2006.
Además de haber sido tesorero municipal y alcalde de Coatzacoalcos, el cargo público más relevante que ha ocupado en la entidad ha sido el de director general del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías, posición de la que saltó directamente al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) a principios de agosto de 2010, casi cuatro meses antes de que concluyera el fidelato.
Precisamente porque no cubría el perfil ni acreditaba la mínima experiencia judicial es que su designación fue severamente criticada por otros magistrados, por diputados locales de oposición –aunque algunos de los cuales, como Manuel Bernal Rivera, del PRD, terminaron votando paradójicamente a favor de su nombramiento en la sesión legislativa– y por representantes de colegios de abogados.
El diputado Sergio Vaca Betancourt, expanista y por esa época militante de Convergencia, declaró como presidente de la Comisión de Justicia del Congreso local que por esa y muchas otras cuestionables decisiones, la LXI Legislatura local pasaría como la peor en toda la historia de Veracruz por su manifiesta sumisión al Poder Ejecutivo, aprobándole todo lo que le ordenaba.
Pero la descalificación más ruda fue la de la magistrada de la Sexta Sala del Poder Judicial, Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, quien sin pelos en la lengua afirmó que “ya cualquier pendejo o pendeja puede ser magistrado o magistrada”, en alusión también a la joven abogada Gladys Pérez Maldonado, exfuncionaria de la Dirección de Tránsito del Estado y exesposa del entonces secretario de Comunicaciones, José Guillermo Herrera Mendoza, actual subsecretario de Turismo.
Ahora, Álvarez Peña está en el ojo del huracán por haber sido el magistrado ponente que revocó la Sentencia Condenatoria que la Juez Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa había dictado en contra del sentenciado Jorge Antonio Hernández Silva por los delitos de Homicidio Calificado y Robo Agravado, cometidos ambos en agravio de la periodista Regina Martínez Pérez, corresponsal de la revista “Proceso” asesinada en su domicilio particular en abril de 2012.
En su alegato, apoyado sólo por el magistrado Andrés Cruz Ibarra –quien también ha cobrado notoriedad por haber revocado otras sentencias condenatorias, como las de Héctor Jonathan Ramos Flores y Bryan Arturo Lara Loyo, acusados de homicidio y secuestro como el de la profesora orizabeña Karina Lisseth Herrera Limón, los cuales fueron liberados y volvieron a delinquir–, Álvarez Peña argumentó que la sentencia debía ser revocada porque se encuentra sostenida únicamente en la confesión del propio inculpado, la cual asegura que fue llevada a cabo por medio de la tortura.
Pero en un comunicado oficial, la Procuraduría General de Justicia del Estado a cargo de Felipe Amadeo Flores Espinosa desmintió ese señalamiento e incluso se subrayó que la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle), aplicó el Protocolo de Estambul que arrojó un resultado negativo a la existencia de tortura.
Además se precisó que la responsabilidad penal de Hernández Silva no sólo estaba soportada con la confesión sino también con otros medios de prueba que se desahogaron ante el Ministerio Público y que fueron ratificados puntualmente ante el juzgador de Primera Instancia, tales como testimonios de cargo, reconstrucción de hechos y diversos dictámenes periciales, así como objetos robados a la víctima que estuvieron en posesión de “El Silva”, que fueron recuperados y reconocidos por los hermanos de Regina Martínez.
En ello coincidió también la magistrada Martha Ramírez Trejo, quien votó en contra de la ponencia de Álvarez Peña, ya que expuso que por cuanto hace a la existencia de los delitos del Homicidio Calificado y Robo Agravado, los mismos se encuentran debidamente acreditados por las razones y motivos expuestos en la sentencia de primer grado, y en coincidencia con sus compañeros magistrados de la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz. Sin embargo, en cuanto a la plena responsabilidad de Hernández Silva disintió de sus compañeros magistrados y coincidió con la Juez Tercero de Primera Instancia, ya que, dijo, existen suficientes elementos de prueba que, vinculados unos a otros, hacen posible la integración de la prueba circunstancial prevista por el artículo 276 del Código Procesal Penal vigente hasta el 10 de mayo de 2013, necesaria para tener por demostrado con certeza que el sentenciado sí tuvo participación material en los delitos que se le atribuyen.
Para la magistrada Ramírez Trejo, los resultados del dictamen de necrocirugía practicado a la finada, así como los del dictamen en materia genética realizado por la Dirección General de Servicios Periciales al líquido hemático (sangre) hallado en el inodoro del departamento de la occisa y que pertenece a otra persona de sexo masculino, además de los testimonios aportados por siete testigos y la reconstrucción de hechos que se hizo con Hernández Silva en el domicilio de la periodista el 30 de octubre de 2012, hacen creíble la confesión del sentenciado, no obstante que en su declaración preparatoria, ante el juez del conocimiento, se retractó de su declaración inicial, aduciendo que fue obligado a estampar sus huellas en esa declaración ya que a su decir fue torturado. Sin embargo, precisa que el inculpado no justificó fehacientemente en autos tal circunstancia, ya que tanto el personal ministerial como el perito médico forense, al examinarlo físicamente, no advirtieron huella de lesión alguna en su integridad corporal, incluso en la diligencia de declaración preparatoria se certificó que no presentaba lesión alguna en el cuerpo.
Aunado a lo anterior, la magistrada consideró que las acciones desplegadas por Hernández Silva actualizan la hipótesis establecida en el artículo 39 del Código Procesal Penal en vigor en el momento de los hechos, ya que tomó parte en la organización de un delito determinado (robo) junto con “El Jarocho”, y aunque éste último cometió un delito distinto (homicidio calificado), sin previo acuerdo con él, todos son responsables del nuevo delito, ya que sirvió de medio adecuado para cometer el principal (robo). Además de que, dijo, quedaron demostrados los extremos previstos en el artículo 298 del Código Procesal Penal.
Pero todo ello fue ignorado por Álvarez Peña, quien muy sospechosamente no sólo filtró su documento al semanario “Proceso” –que en su edición de ayer domingo 11 cuestiona al mandatario veracruzano dónde están entonces los asesinos de su corresponsal– sino que de inmediato salió de vacaciones fuera del país, dando pie a diversas especulaciones, algunas políticamente suicidas. ¿O a poco el exdirigente priísta habría decidido “empinar” al gobernador Javier Duarte sólo porque estaría aparentemente molesto por el maltrato que ha venido recibiendo por parte del Ejecutivo estatal, que no solamente ha aprobado el recorte drástico de los millonarios convenios publicitarios que el exgobernador Fidel Herrera autorizó el sexenio anterior al emporio periodístico que administra un hermano del exalcalde sureño, sino que además desairó la invitación del polémico magistrado para asistir a la presentación de una nueva revista financiera que apenas este año comenzó a editar su hijo primogénito?
Ahora sí que como advierte el popular dicho: “Cría cuervos y te sacarán los ojos”. Pero el gobernador Duarte de Ochoa debe prepararse para esta y muchas otras deslealtades y traiciones de priístas que se dicen excluidos y que se harán sentir conforme se acerque la sucesión gubernamental de 2016. Al tiempo.