Entre los movimientos que están por darse en el gabinete del gobernador Javier Duarte de Ochoa algunos están más que cantados, como por ejemplo los de la Secretaría de Desarrollo Social y la Subsecretaría de Gobierno, aunque ayer el dirigente priista Erick Lagos Hernández descartó su reincorporación inmediata a la administración estatal, ya que pretextó que está concentrado en el proceso jurídico post-electoral; sin embargo, ha llamado la atención el rumor que corre acerca de la presunta remoción del titular de la Contraloría General del Estado, Iván López Fernández.
Quizá la especulación tuvo su origen en la reunión de gabinete que se realizó la semana siguiente a la jornada electoral del 7 de julio, en la cual, según trascendió, el mandatario estatal reprendió fuertemente a cada uno de sus colaboradores por sus yerros, imprudencias y falta de aplicación y compromiso con el partido que los mantiene en el poder, llevándose la peor parte del regaño el contralor, a quien presuntamente le habría recomendado también que dejara de hacer declaraciones periodísticas sobre la corrupción gubernamental.
Pero una de las versiones que corren acerca del supuesto enojo de Duarte con López Fernández tendría que ver con la presunta injerencia del contralor en la elección del municipio de Emiliano Zapata, donde la candidata duartista Sharife Osman Flores, ex secretaria adjunta del CDE del PRI que había sido impuesta contra viento y marea por el gobernador, perdió la alcaldía ante el candidato del PRD, Daniel Olmos García, el cual, por intercesión de un resentido exaspirante priista y compadre del contralor, fue recibido por éste en su despacho de Palacio de Gobierno en plena campaña electoral.
¿Cuál fue el acuerdo del trío luego de dicha reunión?
Se ignora.
Pero según ha trascendido, motivado por intereses particulares que tendrían que ver con presumibles negocios del ramo inmobiliario, López Fernández habría decidido apostarle al abanderado perredista que en ese momento encabezaba las encuestas para gobernar los siguientes cuatro años, a partir de enero de 2014, ese pujante municipio conurbado a Xalapa.
Por su ambición y deslealtad, el contralor complicó además la elección del candidato priista a diputado local, Carlos Ernesto Hernández, alcalde zapateño con licencia y sobrino de la dirigente estatal de la CNC, Bertha Hernández Rodríguez, el cual perdió también en su propio municipio ante el edil de Teocelo, Cristian Teczon, candidato del PRD que prácticamente no hizo campaña en Emiliano Zapata.
El priista de hecho ganó la diputación en Coatepec, la cabecera distrital.
Esa parecería ser la verdadera causa del malestar externado por el gobernador Duarte contra Iván López, más que sus declaraciones a la prensa como las vertidas en el “Foro de Transparencia y Combate a la Corrupción” celebrado en abril de este año en Xalapa, o las externadas en julio durante la presentación del libro “Buen gobierno y ética en la administración pública”.
Y es que desde que inició este régimen, el contralor ha resultado ser una especie de “chivo y burro en cristalería”.
Por ejemplo, a principios de diciembre de 2011, previo a su comparecencia ante el Congreso local con motivo de la glosa del primer informe de gobierno, entre los funcionarios más cercanos a Duarte de Ochoa había una seria preocupación por la presentación del contralor debido precisamente a sus tronantes declaraciones periodísticas hechas contra exfuncionarios y contratistas del sexenio anterior.
En su aparente afán de ganar notoriedad –pues por ese entonces ya buscaba perfilarse como futuro titular del Órgano de Fiscalización Superior para asegurar su sobrevivencia transexenal–, López Fernández desató fuego amigo contra los aliados del mandatario veracruzano y miembros de su gabinete.
En octubre del año antepasado, verbigracia, se metió en una grilla enconada en contra del doctor Pablo Anaya Rivera, a la sazón secretario de Salud, cuya embestida alcanzó también al empresario Andrés Beceiro López, familiar cercano del diputado local con licencia Jorge Carvallo Delfín, exlíder de la bancada priista y excoordinador político de la LXII Legislatura local, quien actualmente despacha como secretario particular del gobernador Javier Duarte.
Luego se confrontó públicamente con el entonces director general del Instituto de Pensiones del Estado, Gonzalo Morgado Huesca, al cual amagó ante los medios de comunicación con fincarle responsabilidad administrativa si no cumplía con la entrega de la información que le fue solicitada sobre la situación financiera que guardaba el IPE.
El martes 6 de diciembre de 2011, López Fernández acusó ante la prensa local que “en el IPE no han dado información de absolutamente nada” y que por ello no había podido iniciar la auditoría.
El contralor dijo que los integrantes del Consejo de Administración del IPE sabían de esta situación, que existía una gran cantidad de información pero que el director Morgado Huesca no quería proporcionarla, por lo que la Contraloría a su cargo ya estaba tomando las acciones legales correspondientes para sancionarlo.
Pero ese mismo día, Iván López recibió rápida respuesta del subdirector de Finanzas del IPE, Octavio Gil García, quien exhibió una copia del oficio DG/SF/6060/339/2011, entregado al ORFIS, mediante el cual puso a consideración del entonces auditor general Mauricio Martín Audirac Murillo el Cuadernillo de Solventación de las Observaciones y Recomendaciones que el máximo ente fiscalizador del estado les había notificado el 9 de noviembre del año en curso mediante el oficio número OFS/6256/11/2011, “derivadas de la auditoría a la Gestión Financiera del IPE (incluidos los Fideicomisos: Fondo de Fortalecimiento de la Reserva Técnica, Fondo Global, Fondo de Reserva Técnica Específica y Sistema del SAR de los Trabajadores del IPE), por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010”.
Gil García aclaró que como institución no tenían por qué negar la información, máxime que esa documentación se refería al último ejercicio fiscal de la anterior administración que estuvo a cargo del profesor Abel Cuéllar Morales.
Además, Gil recordó que el contralor es, por ley, miembro del Consejo Directivo del IPE y que en esa calidad tiene acceso y conoce a fondo todo el trabajo que se hace en el Instituto.
Es más, refirió que precisamente el miércoles 30 de noviembre se había realizado la última sesión del Consejo a las 18:00 horas, en la que todos los consejeros aprobaron por unanimidad el avance financiero 2011 que se hizo bajo la conducción de Morgado Huesca.
Sin embargo, pese a su presunta traición en la elección municipal de Emiliano Zapata se duda que López Fernández vaya a ser reemplazado en la Contraloría General del Estado, pues aunque arrastra mala fama por su cuestionable ética y falta de escrúpulos, en la cúpula del gobierno estatal es reconocido profesionalmente como un mago de las finanzas públicas, de los retruécanos fiscales y especialista en sacar a cualquier buey de la barranca sin importar filiaciones partidistas, pertenencia a grupos facciosos ni ideologías.
Y es que su designación como titular de la CGE se dio no obstante que el sexenio anterior había sido denunciado ante el propio ORFIS por funcionarios municipales de algunos ayuntamientos que le atribuyeron presuntos actos de corrupción maquinados a través de diversos despachos y empresas proveedoras y prestadoras de servicios de las que era socio, y que lo mismo vendían a ediles paquetes informáticos para sus sistemas municipales del Registro Civil, que maquinaria pesada y hasta medicamentos de una sospechosa firma abastecedora con domicilio fiscal en la congregación de El Tronconal, de Xalapa.
En Perote, durante la administración municipal 2004-2007, que presidió Heriberto Castillo, del PAN, hubo un tesorero que padeció un derrame cerebral por los líos administrativos en los que se le implicó.
Pero lo más grave fue una indagatoria judicial, abierta en octubre de 2007 en la Agencia Séptima del Ministerio Público y que fue consignada al Juzgado Tercero Menor del Distrito Judicial de Xalapa mediante la Causa Penal número 92/2009/VI, en la que en colusión con uno de sus socios se prestó a jurar una declaración ministerial totalmente falsa para privar de su libertad a una indefensa mujer que fue acusada de difamar a uno de sus compinches de ser supuestamente “gay”. Un asunto en el que, coincidentemente, fue implicado un difunto exalcalde del municipio de Emiliano Zapata.
Si con todos estos antecedentes en diciembre de 2010 López Fernández fue designado contralor, ¿por qué ahora lo van a destituir por una travesurilla electoral?
¿O acaso habrá otro “asunto” realmente gordo?
Ya se sabrá antes de que concluya agosto.