Creada hace un año por el Congreso local a propuesta del gobernador Javier Duarte de Ochoa, la Comisión Especial para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP) fue concebida originalmente para defender y garantizar el respeto e integridad física de este diezmado gremio, pero surgió también como una urgente respuesta política y mediática de la administración estatal priista ante la serie de crímenes de comunicadores, iniciada a finales de junio de 2011, con el homicidio del columnista porteño Miguel Ángel López Velasco y su familia.
Este organismo autónomo y con rango constitucional fue dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, razón por la que le fue asignado para el presente ejercicio fiscal un jugoso presupuesto de 15 millones de pesos, casi 500 por ciento del que ejerció en su último año la Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas (CEDEP), un Organismo Público Descentralizado creado en 2006 por el gobernador Fidel Herrera Beltrán y extinguido junto con otros 15 OPDs en julio de 2011 como parte del Programa de Reorganización Administrativa implementado “para hacer un mejor uso de los recursos y cumplir así con los lineamientos del Plan Veracruzano de Desarrollo”.
Sin embargo, en su último año de ejercicio la CEDEP obtuvo una partida de apenas 2 millones 900 mil pesos, casi 20 por ciento menos del presupuesto proyectado originalmente por sus directivos encabezados por el difunto abogado Gerardo Perdomo Cueto, un exfuncionario de la PGR que contaba no sólo con una gran experiencia judicial sino también con mucho oficio político.
Pese a su funcionamiento eficaz y en realidad nada oneroso, la CEDEP fue legalmente extinguida mediante el Decreto VIII para la Organización y Funcionamiento de la Gestión Gubernamental publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 6 de julio de 2011. Pero al año siguiente, ante la crisis de violencia que hasta a mediados de 2012 incluyó la muerte de media docena de comunicadores veracruzanos, el gobierno estatal tuvo que reinventar la Comisión Especial para la Atención y Protección de Periodistas con un presupuesto que quintuplicaba el último monto anual autorizado al extinto organismo dirigido por Perdomo Cueto, en cuyo informe final rendido ante los miembros de la Junta de Gobierno reportó que al 31 de marzo de 2011, durante los cinco años que llevaba operando, habían atendido 193 asuntos que involucraron a 200 periodistas del estado, detallando que había 111 denuncias presentadas ante la autoridad ministerial por agravios en contra de comunicadores, de las cuales 88 fueron resueltas por diferentes motivos y 23 continuaban en trámite.
Ahora, a un año de haber entrado en funciones, habría que revisar el saldo de la CEAPP, pues no sólo se ha visto envuelta en situaciones polémicas por la mezquina disputa de los recursos entre sus propios miembros sino que también ya son varios periodistas que en público o en privado han llegado a proponer su desaparición porque sus directivos se han visto timoratos o muy lentos para enfrentar las agresiones de funcionarios contra algunos reporteros, o también para blindar el trabajo profesional de éstos de las amenazas y atentados del crimen organizado.
El caso más reciente fue protagonizado paradójicamente este lunes 5 por uno de los consejeros de la propia CEAPP, Jorge Morales, quien fue agredido física y verbalmente por el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, Daniel Ruiz Morales, cuando el reportero cumplía con su labor periodística durante la sesión del TEEV para el recuento voto por voto de la elección de ayuntamiento del municipio de Huatusco.
Aunque ciertamente no se trató de un hecho grave, pero hasta la fecha se desconoce si la CEAPP dejó pasar este bochornoso incidente considerándolo como algo “normal” o si reconvino formalmente por su intolerante actitud al magistrado electoral.
A mediados de marzo de este año, el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, se vio implicado también en una incómoda situación al reprobar el trabajo del fotorreportero Félix Márquez, de la agencia Cuartoscuro, por haber difundido imágenes de un supuesto grupo de autodefensa civil. En desagravio, el titular de la SSP convocó a un desayuno en el Cuartel San José a los reporteros gráficos de Xalapa que habían protestado por la agresión a su camarada. Ahí, el secretario duartista les reiteró la determinación del gobierno del estado de garantizar la libertad de expresión e impulsar el trabajo con los medios de comunicación, así como brindarles todas las garantías para el libre ejercicio de sus funciones como informadores.
Sin embargo, dos semanas después, uno de sus más cercanos colaboradores, Roberto López Santoyo, director general de Tránsito, fue cómplice de la agresión física y verbal que uno de sus subordinados propinó al fotógrafo de Diario de Xalapa, David Bello Taboada, quien en un evento del Ayuntamiento local celebrado en el Parque Juárez pretendió tomar imágenes al subdirector de Ingeniería Vial de la Dirección de Tránsito del estado, José Miguel Torres Cházaro, quien había sufrido un infarto.
Según versión del agraviado, López Santoyo se disculpó con él vía telefónica; pero en una imagen difundida por el diario digital “Alcalorpolitico.com” se observaba al director de Tránsito en una actitud totalmente indiferente ante la violenta discusión que a un par de metros sostenía uno de sus agentes con el fotógrafo Bello Taboada.
Obligada seguramente por el manifiesto malestar gremial que volvió a provocar esta nueva agresión, la doctora Namiko Matzumoto Benítez, secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, tuvo a bien enviarle –¡cuatro días después!– una misiva a López Santoyo en la que además de recordarle que el Gobierno del Estado de Veracruz “ha sido pionero en medidas específicas de garantía de la libertad de expresión”, la Comisión que ella dirige le exigía también “que se actúe en consecuencia de dichos principios, y que los responsables de dicha agresión encuentren una respuesta enérgica por parte del Gobierno del Estado”.
“Es inaceptable que las personas que deben garantizar la prevalencia del Estado Constitucional de Derecho, sean los que atenten contra derechos fundamentales.
“Por este medio, le exhortamos a que esas reprobables acciones sean sancionadas, sujetando a los participantes en la agresión del periodista a las consecuencias y responsabilidades establecidas en las leyes”, concluía la doctora Matzumoto, quien reprobó la violencia ejercida contra el fotógrafo Bello porque “el haberle impedido la cobertura de un hecho noticioso representa una restricción ilegítima a su derecho a buscar y difundir información, así como un agravio a la sociedad veracruzana en su conjunto de estar plenamente informada.”
Sin embargo, los exhortos de la doctora Matzumoto no tuvieron mayor efecto, pues las agresiones continuaron reproduciéndose en todos lados. Y es que a los casos de Félix Márquez y de David Bello se sumaron después las agresiones a Víctor Fuentes, de la agencia Multigráfica; al jefe de Información de “El Mundo de Córdoba” en Huatusco, Enrique Zamora Díaz; de la reportera de ese mismo diario, Juliana Rincón Córdoba, y de un fotorreportero del portal “Alcalorpolitico.com” que fue detenido por la policía por tomar imágenes de un incendio en una casa abandonada en el centro histórico de Xalapa.
El 6 de abril siguiente, un día después de que el director de Tránsito López Santoyo prometió que acataría las recomendaciones que emitió la CEAPP y que además daría capacitación en materia de derechos humanos y de garantías constitucionales a sus elementos para que mejoraran su labor respecto a la función social que desempeñan los periodistas, en Martínez de la Torre elementos municipales agredieron a los reporteros René Izaguirre Huesca, corresponsal del periódico Expresión de Veracruz y director del periódico Tu Denuncia, y Edgar Juárez Gómez, reportero de nota policiaca de La Opinión de Poza Rica, quienes cubrían la detención de cuatro elementos de Tránsito del Estado en el municipio de San Rafael, por incurrir en una supuesta extorsión.
Según denunciaron los comunicadores agredidos, recibieron amenazas de muerte sólo por cumplir con su labor informativa.
Entrevistada por estas y otras situaciones mucho más graves que pueden poner en riesgo la integridad física de los comunicadores, la presidenta de la Comisión Especial para la Atención y Protección de Periodistas, Rocío Ojeda Callado, tuvo a bien declarar a finales de junio que “ninguna nota vale la pena para exponer la vida, sin que esto signifique dejar de ejercer el periodismo con responsabilidad”.
“Lo dicho por la también directora de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana refleja claramente que ella no es periodista ni nunca ha ejercido el oficio, y por lo tanto, desconoce que el riesgo es parte inherente de este apasionante quehacer. Cabría pensar que quiso referirse concretamente al riesgo que se corre actualmente por informar sobre la delincuencia organizada, dado el carácter que dio origen a la Comisión que preside, pero si se siguiera al pie de la letra su recomendación, el buen periodismo, el mejor periodismo de México ya habría desaparecido”, recriminó hace un mes en su columna política “Prosa Aprisa” el periodista Arturo Reyes Isidoro, exsecretario de Información y Propaganda del CDE del PRI y exdirector de Prensa de la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado, quien criticó a la académica y funcionaria que “va por ahí, habla que habla, diciendo generalidades en su calidad de presidenta de la Comisión de la que, como afirma ella misma, los periodistas desconfían (yo la desaparecería, pues no tiene ningún sentido cuando la Constitución garantiza la libertad de expresión y cuando, se supone, el estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, incluyendo la de los periodistas).”
Si la CEDEP que dirigía Gerardo Perdomo fue desaparecida dizque para hacer mejor uso de los recursos, ¿no convendría entonces hacer lo mismo con la CEAPP que gasta cinco veces más y con un funcionamiento muy cuestionado?