Anteayer, domingo 15 de septiembre, a través de las redes sociales algunos miembros y simpatizantes del movimiento magisterial que rechazan las leyes secundarias de la reforma educativa se dieron a la tarea de difundir profusamente la supuesta muerte del maestro Lorenzo Arroyo Macías, considerándolo como “el primer mártir de una lucha que apenas empieza”.
Sin embargo, el profesor residente de la región de Juchique de Ferrer, quien según habría fallecido en la clínica del ISSSTE a consecuencia de los golpes que recibió entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, durante el violento desalojo que la policía estatal hizo de un minúsculo grupo de manifestantes que seguía apostado en la plaza Lerdo, de Xalapa, afortunadamente no murió.
Sin embargo, ello no obsta para reprobar, no solo la divulgación de falsos hechos trágicos como éste por parte del magisterio disidente que busca “victimizarse” ante la opinión pública, sino también la forma tan autoritaria y poco profesional que exhibieron los operadores políticos y policiacos del Gobierno del Estado para recuperar ese espacio público que debía estar despejado con 48 horas de anticipación, para la tradicional ceremonia del Grito de Independencia.
Los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Subsecretaría de Gobierno que estuvieron a cargo de este desalojo, deberían dar gracias a Dios que el profesor Arroyo Macías no murió, pues a estas alturas seguramente el magisterio disidente de todo Veracruz y de otras partes del país ya estaría lucrando políticamente con la muerte del mentor y exigiendo las cabezas de sus jefes.
Deveras sorprende que muy a pesar de la cacareada “profesionalización” de las nuevas generaciones de policías egresados del Colegio de El Lencero, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado no cuente con una efectiva agrupación antimotines que haya podido implementar un operativo pulcro, ordenado y legal como el realizado la tarde del mismo viernes 13, en la Ciudad de México por el Comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón, y José Luis Solís, el comandante espartaco, quienes coordinaron un contingente de aproximadamente tres mil elementos de la Policía Federal para recuperar el Zócalo capitalino.
Es cierto que hubo lesionados, pero la mayoría fueron policías que no portaban armas de fuego para evitar precisamente el baño de sangre que pronosticaba el timorato jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera. Los más de 30 detenidos, de hecho, no eran maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), sino activistas de grupos autodenominados anarquistas y que suelen infiltrarse en este tipo de conflictos para realizar actos vandálicos.
Lo mismo sucedió en Xalapa con un activista detenido y consignado al Ministerio Público Federal porque en el vehículo con el que habría intentado embestir a los policías supuestamente se hallaron dos armas de fuego y presuntas dosis de droga.
Pero de estos hechos no hubo testimonios periodísticos porque a los únicos fotorreporteros que cubrieron el desalojo policiaco les fueron arrebatadas sus cámaras por los guardianes del orden, quienes los habrían obligado a borrar las imágenes captadas.
¿Por qué en Xalapa el desalojo se programó para altas horas de la noche, mientras que en el Distrito Federal el ultimátum fijado por las autoridades federales al contingente de la CNTE para que desalojara voluntariamente el Zócalo vencía a las 4 de la tarde, una hora en que obviamente sabían que habría muchos testigos?
De hecho, el operativo de desalojo estaba previsto para las 3 de la tarde. Sin embargo, una protocolaria negociación de la Secretaría de Gobernación con representantes de la CNTE, alargó el plazo una hora más.
“Quien se ponga violento será detenido”, dicen que aseguró Mondragón en la reunión efectuada tres horas antes en una oficina de Polanco con el titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong; el jefe de Gobierno capitalino, Mancera, y el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, así como con el titular del CISEN, Eugenio Ímaz; el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, y los subsecretarios de Gobernación Luis Miranda y Eduardo Sánchez, a los cuales el comisionado de Seguridad Nacional remarcó que sus efectivos irían desarmados.
Alguien preguntó a Mondragón cuánto tiempo duraría el operativo para desalojar el Zócalo, a lo que el exjefe policiaco capitalino respondió en tono lacónico: “Esto no puede durar más de 10 minutos”.
Tardaron más en desplazarse que en disuadir y encapsular a los manifestantes más radicales. A las 17:45 horas declararon cerrado el capítulo. A esa hora, en la misma oficina de la Segob en Polanco, el comisionado Mondragón se mostró eufórico. Según presumió, el operativo para tomar el Zócalo no tardó 10 minutos sino solo 7, de acuerdo con su cronometraje.
¿Por qué en la plaza Lerdo de Xalapa no se pudo ejecutar un operativo policiaco igual de pulcro, ordenado y legal, permitiendo además que cámaras de televisión y reporteros de todos los medios impresos cumplieran libremente con su trabajo periodístico y dieran fe pública de que no se violentarían los derechos humanos de los manifestantes ni que habría abusos de autoridad?
Quién sabe. Pero no fue fortuito que en su homilía dominical el arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, hiciera un llamado a la reconciliación a profesores y autoridades, exhortándolos a atender con justicia y delicadeza este tipo de conflictos sociales, para que prevalezca el clima de paz que tanta falta hace en el país.
“Esperamos que haya una buena reconciliación. Ciertamente toca al gobierno proveer lo necesario para la subsistencia, la profesionalización de los maestros y la atención sobre todo de los alumnos y el apoyo a los padres de familia. Cuando hay algunas situaciones que no están de acuerdo, algunos de los sectores que puede ser cualquiera de los que acabo de mencionar, como en este caso son los maestros, tenemos este tipo de conflictos sociales, que es necesario atender con la mayor delicadeza y justicia, incluso la mayor caridad, con un amor a todas las personas que se dedican a la educación”, dijo el jerarca eclesiástico en su homilía, en la cual reprobó con aparente molestia la vigilancia extrema que la Secretaría de Seguridad Pública montó el domingo 15 en el primer cuadro de Xalapa, donde elementos de la SSP revisaban a todas las personas que buscaban acceder al centro histórico, donde se ubican no solo la catedral metropolitana, sino también la plaza Lerdo, el palacio de gobierno, el parque Juárez y el palacio municipal.
“¿Ya están listos o tienen miedo? Está muy vigilado todo por diversas situaciones sociales muy especiales, particularmente con algunas de las reformas, en concreto la reforma educativa que ha causado mucho escozor”, expresó monseñor Reyes Larios a sus feligreses.