Desde que asumió, en diciembre de 2010, el cargo de coordinadora general de Comunicación Social del gobierno del estado, Gina Domínguez Colío ya sabía el tamaño del reto y la responsabilidad que estaba por enfrentar, pues como una de las asesoras más cercanas a Javier Duarte de Ochoa desde que éste despachaba en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) debió saber no solo de los ríos de dinero público que el sexenio anterior se destinaron al financiamiento mediático sino también de la crítica situación financiera que recibió la nueva administración.
A diferencia de quienes le antecedieron en ese mismo cargo en regímenes anteriores, Domínguez Colío debutó como vocera de un gobierno con serios aprietos económicos pero además políticos, pues a nadie pasó desapercibida la manifiesta animadversión del presidente Felipe Calderón Hinojosa contra la gestión del mandatario estatal tricolor por su filiación priista y fidelista que tanto repugnaba al jefe sexenal del PAN, el cual en 2010 intentó hacerse del poder en Veracruz al imponer a su director del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes Linares, como candidato de Acción Nacional a la gubernatura, mismo que fue vergonzosamente derrotado por la dupla Duarte de Ochoa-Fidel Herrera Beltrán.
En 2011, coincidentemente, se vino una escalada de violencia en la entidad que de manera sorpresiva amainó en 2012, en la víspera de la sucesión presidencial, pero cuyo saldo rojo incluyó la muerte de media docena de periodistas veracruzanos ejecutados por supuestos sicarios del crimen organizado, aunque existe la sospecha también de que hayan sido eliminados por presuntos grupos paramilitares que según versiones de algunos personajes como el diputado federal de Movimiento Ciudadano y exgobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal Ávila, habrían operado impunemente en el sexenio calderonista con el visto bueno del exmandatario y los altos jefes castrenses.
Inmediatamente después de la elección federal de 2012 inició el proceso electoral local de julio de este año, en el que el gobierno del estado no tuvo injerencia alguna pero el partido político que representa sí, razón por la que se deduce debió aplazar la reestructuración de su política de Comunicación Social, la cual ha emprendido a fondo ahora.
En esta nueva dinámica se redujo significativamente el exorbitante gasto en materia de publicidad para medios de comunicación de todo tipo: publicaciones impresas, portales de internet, radio y televisión.
El gobernador Javier Duarte y por ende su coordinadora de Comunicación Social tomaron esta decisión a sabiendas de que este drástico pero necesario ajuste presupuestal tendría un costo político que se traduciría en un golpeteo mediático que ha ido arreciando.
Hasta ahora, como una moderna Juana de Arco, la comunicadora xalapeña Domínguez Colío está afrontando esta circunstancia con entereza y valentía.
La egresada de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, de la Universidad Veracruzana (UV), resiste de manera estoica los coletazos porque sabe que no se originan por una simple ocurrencia unilateral que haya surgido de su oficina sino porque es parte de una política integral propuesta por el gobernador Duarte de Ochoa para aplicar esos recursos en otras acciones más sustanciales del gobierno estatal.
Si bien la publicidad es importante, no menos relevante son los resultados de gran impacto social a los que ha resuelto apostar su imagen la presente administración estatal.
Algunos directivos de publicaciones periodísticas se han sentido agredidos por esta política de restricción del gasto publicitario y han emprendido una campaña mediática en contra de la vocera duartista, pero se olvidan que la autoría de la estrategia es de Javier Duarte y que al pretender denigrar a su colaboradora están agraviando también al jefe del Ejecutivo.
Como recientemente lo expuso Gina Domínguez en una carta dirigida a otro connotado columnista porteño que también la había calumniado, en Veracruz está garantizada la libertad de expresión, no así la libertad de difamación.
Domínguez Colío y su jefe, el gobernador Duarte de Ochoa, han alentado desde el inicio de la presente administración la sana crítica periodística, la que señala y busca corregir los yerros y desvíos de los servidores públicos.
Hoy más que nunca, los medios de comunicación en la entidad están, sí, frente a un complicado reto de origen financiero pero cuya situación los debe obligar a ser periodísticamente más competitivos e innovadores para demostrar su verdadero peso e influencia en la opinión pública veracruzana.
VIERNES 13
Maestros veracruzanos que el sábado anterior participaron en la reunión de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la ciudad de México están difundiendo a través de las redes sociales las acciones que fueron definidas por los dirigentes de la CNTE, las cuales se intentarían aplicar esta semana en Veracruz y otros 22 estados de la República Mexicana.
Además de la toma de edificios sindicales y gubernamentales, de marchas y paros indefinidos de brazos caídos, llamó la atención que estén organizando también, para este viernes 13, brigadas para visitar los domicilios de los diputados federales.
Bien dicen que “más vale tarde que nunca”, pero esta acción debieron emprenderla antes de que los legisladores aprobaran la Reforma Educativa y las leyes secundarias que el profesorado disidente considera que atentan contra sus derechos laborales.
Si esta presión la hubieran hecho en su momento a diputados y senadores de todo el país –sobre todo con aquellos que tienen aspiraciones de gobernar dentro de dos o tres años sus entidades respectivas–, quizá ahora los profesores inconformes estarían tranquilos dando clases en sus centros escolares y los ciudadanos, padres de familia, comerciantes, taxistas, etcétera, no estarían siendo afectados en sus derechos.