Sergio Gutiérrez Hernández es un joven priista regiomontano que realizó estudios de Arquitectura en el Tecnológico de Monterrey, fue diputado local suplente, director de la Agencia de Planeación de Desarrollo Urbano del gobierno de Nuevo León, ex líder de la organización Alianza 2000 y actualmente es el dirigente del Movimiento Nacional de Cibernautas (MNC), adherido al PRI, a través del cual el partido tricolor busca sacar raja electoral del ciberespacio rumbo a la elección presidencial de 2012.
Para ello, Gutiérrez ha emprendido la capacitación de militantes mayores de 40 años en el manejo de redes sociales, en las que navegan más de 2.5 millones de personas en el país.
El dirigente el MNC declaró hace un par de semanas que su objetivo es que los priistas de generaciones intermedias comprendan el alcance del internet. “Las personas nacidas antes de los años 70 son las que menos usan el internet y tenemos que hacer que migren hacia allá, pues el riesgo es que tengamos dos Méxicos con identidades diferentes. En los cursos les decimos: ‘señores, entendemos que no nacieron en esta generación digital, pero tienen que aprender las ventajas de las redes sociales y de la libertad de expresión’”, señaló.
Aunque el MNC es la organización adherente más nueva del PRI, según su dirigente ésta ya tiene comités en las 32 entidades del país y agrupa a varios miles de activistas en Twitter y Facebook.
Gutiérrez explicó que su objetivo es que los priistas cuarentones comprendan que las redes sociales son un medio de expresión ciudadana que no debe ser regulado. “Hay muchos PRI’s, y éste cree que la libertad de expresión en la red debe ser completa; cree en la no regulación del internet porque lo que se regula es al individuo y éste ya está regulado en la leyes. Lo que uno hace y dice en la red no se debe regular.
“Estamos dando los cursos porque tenemos políticos en nuestro partido, algunos en cargos de poder, que le temen a la libertad de expresión, que confunden el internet con un medio de comunicación, en vez de verlo como un mecanismo de expresión”, apuntó el líder de los cibernautas priistas, quien rechazó cualquier acción legal que pretenda regular el uso de internet o de las redes sociales.
Y al ser inquirido acerca de la detención de dos twitteros en Veracruz a finales de agosto de este año por dizque “alertar a la población sobre acciones de violencia de la delincuencia organizada”, lo que motivó que semanas después el gobernador veracruzano Javier Duarte, del PRI, presentara al Congreso local una iniciativa de reforma al Código Penal del estado para tipificar el delito de perturbación del orden público por hacer afirmaciones falsas a través de las redes sociales –la cual fue motejada nacionalmente como la “Ley Duarte”–, Gutiérrez Hernández insistió en que “creemos en la autorregulación del internet y sí, de repente, el usuario miente, pues será señalada en las propias redes”.
El dirigente del MNC del PRI afirmó que los políticos se deben acostumbrar a ser criticados a través de las redes sociales. “Está bien que la gente salga y critique al gobernador de Veracruz y le diga que está mal. A medida que se critique y se proponga, vamos a avanzar en esta sociedad digital”, concluyó el joven priista neoleonés.
Sin embargo, el pasado viernes 4, en la conferencia de prensa organizada simbólicamente en el salón “Venustiano Carranza” del Palacio de Gobierno de Xalapa para anunciar el “Foro Seguridad con Legalidad” que se realizará en esta entidad en enero de 2012, el gobernador Duarte fue plenamente avalado por destacados juristas internacionales.
Por ejemplo, el magistrado asesor del Tribunal Penal Internacional de La Haya, Baltasar Garzón, quien cobró fama mundial por haber enjuiciado al dictador chileno Augusto Pinochet, afirmó que la decisión tomada en Veracruz con relación a la tipificación del delito de perturbación de orden público por la polémica de los twitteros, es una respuesta como debía ser. “Sería una inconsciencia y una irresponsabilidad absoluta que no se tomaran esas medidas porque entonces todos los ciudadanos, lo que harían a la siguiente ocasión que esto aconteciera, es buscar responsabilidad en quienes tenían que haber tomado la decisión y no la tomaron”, sostuvo. Para Garzón, “lo que aquí se produjo fue un hecho presuntamente delictivo y una respuesta del Estado como debía ser”, pues argumentó que hay que distinguir muy bien lo que es la libertad de expresión y el uso “torticero” (injusto, no conforme con la razón o las leyes) de medios de comunicación para generar hechos criminales. El jurista español dijo que todos los ciudadanos y las instituciones son iguales ante la ley, y que el bien de la libertad de expresión y de información es sagrado que sostienen a la democracia de un sistema de derechos, aunque también se pueden cometer delitos a través de los mismos. “Por tanto, cuando a través de un medio de comunicación se produce un tipo de hecho, lo que hay hacer es investigarlo, perseguirlo y sancionarlo con estricto apego a la legalidad. En cuanto al hecho en sí de la tipificación de este tipo de hechos, hay muchos países que así lo regulan, entre esos mi país”, afirmó.Flanqueado del gobernador Duarte, del abogado Antonio Navalón Sánchez y de la magistrada Dolores Delgado García, de la Audiencia Nacional española, Garzón expresó:”Yo no voy a entrar a descalificar a quien, y mucho menos estando pendiente una resolución judicial, califique esa regulación como una agresión a la libertad de expresión. Yo lo que he visto en el Código veracruzano, en el Código Penal, es una regulación que es prácticamente idéntica a la que el artículo 561 del Código Penal Español recoge y que otros códigos como el argentino o como otros europeos recogen”.
Dijo que en España se reguló ese precepto en el año 2003, en el ámbito de una Ley de Seguridad, Migración y otros temas. Pero citó que en el año de 1998, “como juez de instrucción, tomé una decisión muy grave, de unos alcances importantes e inédita en mi país, que fue cerrar un periódico y dos emisoras de radio, porque a través de esos medios de comunicación se estaba coadyuvando al desarrollo de actividades terroristas de la organización terrorista ETA y así fue confirmado por el Tribunal y por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
“Pero se diferenció, no se cerraba el periódico porque la línea fuera crítica en contra del Estado español y demás. No, porque se instrumentalizó por una organización para un fin determinado.
“No son fenómenos comparables, pero sí le quiero poner de manifiesto que ninguno estamos exentos de responder ante la Ley y creo que las instituciones debemos de, los que formamos partes de ellas, debemos de mantener siempre un juicio muy crítico, pero también muy mesurado cuando afirmamos que hay determinados conceptos o actitudes que atacan la libertad de expresión”.
“Por lo que yo he comprobado, desde que estos hechos acontecieron en Veracruz, hasta el día de hoy no he visto por dónde va el ataque a la libertad de expresión. No he visto detenciones masivas, no he visto cuestionamientos a periodistas o a personas que comuniquen. No, lo que aquí se produjo fue un hecho presuntamente delictivo y una respuesta del Estado como debía ser”, concluyó.
Por su parte Antonio Navalón, representante del rector de la UNAM, José Narro Robles, y organizador del foro jurídico, sostuvo que Veracruz produjo una respuesta política desde la plenitud de la soberanía de las instituciones locales frente a esa polémica. Refirió que lo importante en la vida –porque nadie lo puede evitar– no es evitar que te pase lo que te pase, lo importante es saber cómo reaccionar cuando te pasa. “Y hay una diferencia fundamental. El estado de Veracruz ha reaccionado no desde abajo o sin capacidad de tener una política propia frente a un problema muy grave, sino que lo que ha hecho es colaborar en un problema nacional –cuando le ha tocado–, desde la soberanía y desde la interpretación con acierto y error naturalmente, de lo que tenía que hacer”, manifestó.La fiscal de la Audiencia Nacional de España, Dolores Delgado, recordó que en materia de utilización de internet, redes sociales y la posible penalización de conductas que a través de estos medios de comunicación se producen, existe la “decisión marco” europea, del 2008, que encomienda a los Estados la regulación del uso de estos medios de comunicación. “La línea divisoria entre la libertad de expresión o algo que vaya más allá, lo marcan los hechos y desde luego la normativa europea que establece la posibilidad de regular hechos delictivos a través de las redes sociales”, definió. Y puntualizó que es verdad que cuando se trata de regular conductas que puedan tener líneas próximas a derechos civiles como la libertad de expresión, hay que analizarlo adecuadamente a través de la circunstancia, pero sostuvo que “se puede y se debe controlar la no utilización torticera y delictiva de los medios de comunicación, y España así lo ha hecho y muchos países de nuestro entorno cultural y europeo”.