DUARTE: NUEVO PACTO FEDERAL

Este fin de semana, en Córdoba, el gobernador Javier Duarte aseguró que Veracruz tendrá “un presupuesto justo y correcto, que nos va a permitir a los veracruzanos realizar las obras, las acciones, que permitan a la entidad seguir hacia adelante”.
El mandatario veracruzano desmintió así las versiones de un supuesto recorte presupuestal, pues argumentó que esto se sabrá hasta que los diputados aprueben “el presupuesto para el próximo año, no ahora”.
Las declaraciones del gobernador de Veracruz fueron hechas dos días después de haber acudido a la Cámara baja del Congreso de la Unión para tratar este tema con diputados del Grupo Legislativo del PRI, encabezados por su coordinador Francisco Rojas Gutiérrez, y el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Navarrete Prida, ante los cuales solicitó recursos justos y suficientes en correspondencia a la aportación de la entidad al desarrollo nacional. ¿Qué fue lo que expuso y logró Duarte ante los diputados federales que lo hizo retornar con un desbordante optimismo?
A diferencia de otros gobernantes estatales que han desfilado por el Palacio Legislativo de San Lázaro con una lista interminable de solicitud de millonarios recursos federales para el ejercicio presupuestal de 2012, Duarte presentó un diagnóstico muy realista del inoperante federalismo fiscal vigente que afecta gravemente, no sólo la estabilidad financiera, sino también los programas y acciones de gobiernos estatales y municipales.
Duarte mencionó que “los gobiernos estatales participamos de forma creciente en la atención de las demandas sociales y de infraestructura de la población en nuestras demarcaciones, así como en la ejecución de los programas públicos federales”. Sin embargo, apuntó que en las últimas dos décadas “el gobierno federal se ha desprendido de varias e importantes responsabilidades en la prestación de servicios e infraestructura básicos, mismas que se han transferido como nuevas atribuciones a los estados”, por lo que los gobiernos de las entidades y ayuntamientos han tenido que asumir mayores compromisos y responsabilidades al tiempo que las tareas a cargo de la Federación se han ajustado y se realizan de forma más estrecha y coordinada con los gobiernos estatales y municipales. “Esta interdependencia –precisó– requiere que los esquemas hacendarios, que deben darle sustento, respondan a estos cambios y se ejecuten de forma más sencilla y efectiva”.
Por ello propuso, por una parte, que el reparto de la recaudación nacional, a través del gasto federalizado, refleje los ajustes en la intervención que tienen los tres niveles de gobierno, con recursos crecientes hacia los gobiernos locales y en proporción a dichas responsabilidades. Por otro lado, dijo que la ejecución de acciones coordinadas necesita que las reglas que se establecen a nivel federal, y que se reflejan en el Decreto de Presupuesto, sean coincidentes con las necesidades de eficiencia y oportunidad en la ejecución de los programas y proyectos.
Además señaló que “la corresponsabilidad que hoy nos caracteriza en la ejecución de las políticas públicas necesita certeza y predecibilidad respecto de las decisiones que impactan directamente a los gobiernos estatales y municipales”.
Duarte insistió en que el Pacto Federal debe ajustarse a las nuevas necesidades del quehacer del sector público en su conjunto. “El reparto de la recaudación nacional, mediante las participaciones federales y el proceso de federalización del gasto, que expresa un proceso de descentralización de responsabilidades hacia las entidades federativas, requieren modificaciones”, urgió, ya que, dijo, “ambas figuras, participaciones y aportaciones federales, necesitan converger hacia una sola figura que permita que los responsables de la ejecución de los programas y del ejercicio de los recursos puedan asignar de forma menos condicionada el gasto hacia las prioridades del desarrollo social y económico”.
Y es que apuntó que “en la actualidad, las aportaciones federales y los recursos que se reciben en las entidades federativas mediante convenios de ejecución, en primer lugar, superan en monto los recursos por participaciones federales, y en segundo lugar su ejercicio está determinado fundamentalmente en instancias alejadas del ámbito local de gobierno. Así, 60 de cada 100 pesos de recursos federalizados se reciben con etiquetas para su ejercicio y control, así como con una condición de aportación estatal para su ejecución.
“La atención de nuestros rezagos, comunes en su forma entre todos los estados, pero muy diferentes en sus particularidades y en la profundidad, necesita una respuesta acorde con esta realidad local.
“En este sentido se requiere una mayor disponibilidad de recursos para la atención de estos rezagos, pero de libre disposición. Sólo así lograremos avanzar en la construcción de un tejido social más fortalecido y es por ello que debemos plantearla ante esta Honorable Representación Popular”, definió Duarte, quien posteriormente se pronunció por una menor discrecionalidad en las reglas.
“Un segundo aspecto que incide sobre la calidad y oportunidad en la ejecución del gasto público, está directamente relacionado con el cúmulo de precondiciones y reglas que deben cumplirse antes de siquiera ejercer un peso de gasto.
“Todos estamos comprometidos ante la ciudadanía con la transparencia en la ejecución de los recursos públicos y conducirse conforme a disposiciones por todos compartidas y por todos conocidas.
“Sin embargo, dentro del lapso de 12 meses, que cubre cada presupuesto, necesitamos tener claridad de las reglas que deberán aplicarse, al mismo tiempo de lograr una simplificación de las mismas.
“En ocasiones conocemos las condiciones de aplicación de los programas ya avanzados los primeros meses del año, lo que ocasiona un retraso en el ejercicio de los recursos, cuando no la cancelación del gasto aprobado.
“Estos factores –expuso– afectan la eficiencia y la oportunidad de la acción pública, resultando el ciudadano el principal sujeto perjudicado.
“Necesitamos con mucha mayor antelación, incluso previo al inicio de la discusión del presupuesto federal, conocer las reglas a que estará sujeto el gasto público, así como una claridad y simplificación de las mismas en beneficio de un mayor impacto y oportunidad en el ejercicio del presupuesto. Se requiere reducir la amplia discrecionalidad con que cuentan las instancias del gobierno federal para ejercer un gasto que, en no pocas ocasiones, llega tarde o no llega a ejercerse en detrimento de las facultades de esta Honorable Soberanía y con graves consecuencias para la sociedad”.
Javier Duarte se pronunció además por mayor certeza y predicibilidad en las decisiones, pues adujo que “con el 40 por ciento de los recursos de que disponemos, aquellos de libre disposición, debemos atender una gran variedad de necesidades y de rezagos que no son cubiertos por la acción y el presupuesto federales”.
Reconoció que “nuestros programas se ven alterados de manera significativa por decisiones tomadas fuera del ámbito de influencia de los gobiernos estatal y municipal, que superan nuestra disponibilidad de recursos, rebasan la posibilidad de coparticipación eficaz y merman la corresponsabilidad en la ejecución de las acciones.
“Requerimos de certezas respecto de los elementos que están dentro del presupuesto. Nuestra planeación y programación de programas y gasto se disloca cuando las decisiones rebasan las propias predicciones federales.
“En este sentido, la política salarial de los servicios federalizados debería considerar un fondo que sufrague el costo por encima de las predicciones del presupuesto. Más de dos de cada tres pesos de las aportaciones federales están ligadas al pago de sueldos y salarios, y los Estados tienen una contraparte estatal también muy significativa.
“Por otra parte, si bien reconocemos que la atención de los rezagos requiere de acciones decididas y rápidas, también es cierto que las medidas a realizar necesitan tomar en cuenta de manera decisiva las restricciones financieras, así como las recomendaciones de los estados y municipios para su definición. Porque la capacidad financiera es muy diversa y también porque los retos y las características de las condiciones sociales y geográficas de cada entidad impactan de forma sustancial los costos de los servicios públicos a proporcionar.
“Las principales decisiones se toman fuera del ámbito estatal y municipal, en particular respecto de servicios públicos básicos; decisiones que deben ser ejecutadas en y por los estados y municipios.
“La falta de mecanismos oportunos para reconocer los costos adicionales nos lleva a recurrir constantemente a negociaciones casuísticas con instancias federales, en un ejercicio difícil y desgastante.
“En síntesis –resumió–, los actuales esquemas que determinan responsabilidades y recursos relacionados con servicios públicos e infraestructura en las entidades federativas requieren ser revisados y ajustados a un objetivo nacional, no centralista, de largo plazo”.
Sólo al final, Duarte aludió muy brevemente a “nuestras necesidades de recursos del presupuesto hoy sujeto a análisis y discusión”. Y destacó que “en Veracruz hemos acreditado y relacionado una demanda de programas y proyectos que requieren de cerca de 20 mil millones de pesos y se ha realizado una priorización de los mismos, con la finalidad de someter a la consideración de la Cámara de Diputados, necesidades urgentes por 7 mil 313 millones de pesos.”
Sobra decir que como el mejor torero en la más afortunadas de sus faenas, el gobernador veracruzano salió entre el nutrido aplauso de los presentes. Esperemos que esas ovaciones se reflejen también en la aprobación del presupuesto final.