El domingo pasado se cumplieron dos años del crimen aún impune del abogado Arturo Segura Toledano, quien el 16 de octubre de 2009 fue asesinado de 15 puñaladas en su despacho privado, ubicado en pleno centro histórico de Xalapa. El homicidio fue ejecutado con premeditación, alevosía y ventaja por un asesino presuntamente a sueldo que se dio a la fuga con las manos ensangrentadas por las calles aledañas a Palacio de Gobierno… ¡a las 9:15 de la mañana!
Arturo Segura llevaba varios casos “gordos”; sin embargo, desde un principio se presumió que su muerte podría estar vinculada con un pleito legal que desde hacía doce años mantenía por la disputa de un predio de 558 hectáreas en la zona costera del municipio de Úrsulo Galván, pues según el testimonio de una de sus secretarias que alcanzó a escuchar el diálogo inicial del abogado con el homicida, éste le habría ido a solicitar su “asesoría legal” para la venta de unos terrenos que supuestamente el Infonavit quería comprarle en la playa de Chachalacas, por los cuales dijo que le ofrecían un millón de pesos por hectárea, casi la mitad de lo que él pedía.
¿Por qué el criminal, haciéndose pasar por un supuesto cliente, le mencionó a Segura Toledano, antes de darle muerte, el caso de unos terrenos en esa playa del municipio de Ursulo Galván? El Ministerio Público y la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) enfocaron sus pesquisas en sendos litigios que el extinto abogado llevaba sobre la impugnada venta y propiedad de dos extensas superficies a orilla de playa, una de más de 558 hectáreas conocida como “El Sabanal”, situada entre Chachalacas y el ejido Paso de Doña Juana, en el municipio de Úrsulo Galván, y la otra de aproximadamente 1,426 hectáreas identificada como “Arenales de Hacienda La Mancha”, ubicada entre las congregaciones de Paso de Doña Juana y La Mancha, pertenecientes al municipio de Actopan.
En ambos casos, en el primero más que en el segundo, el abogado Segura estaba implicado directamente, así como los alcaldes y comandantes policíacos de Úrsulo Galván y Actopan, notarios públicos –entre ellos el actual alcalde cordobés, Francisco Portilla Bonilla, en cuya Notaría Pública número 17 de Córdoba se protocolizó en agosto de 2009 la compra del predio “Arenales de Hacienda La Mancha” por parte de la persona moral denominada “Industrial de Piedra, SA de CV”, representada por el ingeniero Joaquín Rodríguez Fernández, de la cadena de tiendas de materiales de construcción MATUSA–, ex líderes cañeros de la CNC y ex dirigentes cenecistas muy cercanos al ex diputado local por La Antigua, Héctor Yunes Landa, actual presidente del CDE del PRI.
En junio de 2009, por ejemplo, el ex dirigente estatal de la CNC, Roberto Álvarez Salgado, quien fue asesor de Yunes Landa en la Subsecretaría de Gobierno, promovió ante el Juzgado Sexto de lo Civil de Primera Instancia una demanda en contra de Segura Toledano y otros 49 coacusados, en la cual reclamaba la legítima propiedad del predio de “El Sabanal”, mismo que el abogado asesinado lo habría adquirido con otro grupo de campesinos mediante el pago de 982 mil 552 pesos a la Secretaría de la Reforma Agraria en octubre de 1998. 
A esta demanda por la vía civil antecedió, en marzo de 2009, una denuncia penal en contra de Arturo Segura y otros 29 coacusados, la cual fue presentada directamente ante la oficina del procurador general de Justicia del Estado, Salvador Mikel Rivera, por Pedro Moreno Villa y otros nueve incondicionales del ex dirigente cenecista Álvarez Salgado. En esa denuncia penal se consignaban amenazas de muerte e inclusive se mencionaban presuntas ligas de uno de los personajes mencionados con el grupo delictivo de “Los Zetas”. La pugna entre ambos grupos estaba ya al rojo vivo. Tan es así que el 3 de septiembre de 2009, Domiciano Leal Molina, Miguel Rodríguez Criollo y Benjamín Rivera Mendoza, tres de los representados por Segura Toledano, presentaron denuncia penal ante la Agencia del Ministerio Público de Cardel, Veracruz, por los presuntos delitos de robo con violencia, despojo, daños y los que resulten, ya que acusaban que dos días antes, el 1 de septiembre de 2009, a las 8:30 horas de la mañana, se presentaron en el predio El Sabanal, Fracción uno, ubicado en Paso de Doña Juana frente a la Playa de San Juan Ángel, un grupo de aproximadamente 50 personas de dicha congregación a bordo de cinco camionetas, quienes arrancaron 420 postes de concreto con un trascavo y se llevaron otros 24 quintales de alambre de púas que serían utilizados para delimitar los terrenos.
Según los agraviados, fueron amenazados de muerte no obstante que los agresores llegaron acompañados de tres patrullas con ocho elementos policíacos y el comandante municipal Salvador Moreno Lagunes, quienes según se consigna en la averiguación previa número 608/2009/I recibían “órdenes directas del señor presidente municipal de Villa Úrsulo Galván”, José Antonio Montero Domínguez, (a) “Mínguez”.
Los daños, tanto por el costo del material sustraído como de los trabajos de nivelación de los terrenos, fueron calculados en más de 2 millones 30 mil pesos.
En el otro caso, el de “Arenales de Hacienda La Mancha” –vecino al de El Sabanal–, su propietario presentó también una denuncia por los delitos de robo con violencia, daños, privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y los que resulten en contra del alcalde priísta de Actopan, Carlos García Lambert; del comandante de la policía municipal Alfonso Hernández Barrientos, pariente del edil, y de autoridades ejidales y municipales de la congregación de San Isidro, quienes el 22 de agosto de 2009 ordenaron y consintieron el robo del alambrado y de los cientos de postes que habían sido colocados para delimitar dicho predio. Un personaje clave en este despojo fue Rosendo Vargas Rojas, quien hasta 2008 fue dirigente de los productores cañeros de la CNC que abastecen al ingenio La Gloria.
En total, el costo de los daños fue tasado en más de un millón 566 mil pesos, pues se denunció también la desaparición de un valioso aparato de medición denominado “Estación Total”, propiedad del ingeniero Elías Saúl González.
Esta denuncia, presentada el 9 de septiembre de 2009, quedó registrada con el número 1637/09-VII en la Agencia Tercera del Ministerio Público de Xalapa a cargo de Sofía López Brito. 
A principios de febrero de 2010 trascendió que el crimen del abogado Segura Toledano prácticamente habría sido resuelto al quedar plenamente identificado el asesino material, quien presuntamente resultó ser Gustavo Vázquez Villaseñor, alias “El Toby”, mismo que también se hace llamar Alfredo Villaseñor (a) “El Caritino”, y “Felipe”, nombre con el que se anunció en el despacho de la víctima. Vázquez Villaseñor forma parte del llamado grupo de “Los Patos”, de la congregación Lomas de San Rafael, del municipio de Úrsulo Galván, integrado principalmente por 7 miembros de la familia Vázquez Viu –algunos con antecedentes penales–, los cuales están emparentados con el ex dirigente estatal de la CNC, Roberto Álvarez Salgado, su gurú. El asesor jurídico era el abogado Sósimo Rivera Pérez.
La identidad del sicario, confirmada por los testigos presenciales del homicidio en la Investigación Ministerial No. 1066/09/AII/VII, a cargo de la licenciada Clorinda Ferral Ferrando, entonces titular de la Agencia Segunda Investigadora, fue lograda por la oportuna y eficaz coordinación de la AVI con la Policía Preventiva de Cardel y las cámaras de seguridad del C-4 y bancarias ubicadas en el primer cuadro de la ciudad de Xalapa.
Pero inexplicablemente las autoridades ministeriales no pudieron localizar y aprehender al “Toby”, cuya fotografía fue difundida por la PGJE en carteles esparcidos principalmente en la zona de Lomas de San Rafael, donde es ampliamente conocido.
Según se supo, el criminal recibió apoyo para huir inmediatamente del país. Sin embargo en la región de Úrsulo Galván y Chachalacas sus coterráneos sabían que residía en Dover, una localidad del Condado de Morris, en el estado de Nueva Jersey. En Lomas de San Rafael muchos tenían referencias del restaurante donde trabajaba y del apartamento en el que vivía. Pero en la PGJE no se vio mucha voluntad para procurar justicia en este crimen, pues aparentemente están involucrados personajes de la elite priista.
A ver si ahora, con la llegada de Amadeo Flores Espinosa a la PGJE, este caso sí logra tener solución.
Lo curioso es que hoy, a dos años de distancia, ese mismo grupo de campesinos ha vuelto a aparecer pero en plan de “víctimas”, aliados a supuestos ecologistas “defensores” de las dunas de San Isidro.