Este viernes 7, el todavía procurador general de Justicia del estado, Reynaldo Escobar Pérez, fue noticia estelar no sólo en los diarios digitales y noticieros de radio y televisión de Veracruz sino también en los del país. Pero lamentablemente para él no se debió a que la Procuraduría a su cargo haya esclarecido los últimos 80 crímenes registrados en la zona conurbada de Boca del Río que entre el pasado 20 de septiembre y 6 de octubre impactaron a la opinión pública nacional, sino porque ese día –por fín– se dio a conocer de manera oficial su renuncia largamente anunciada.
A finales de julio, por ejemplo, corrió fuertemente por primera vez el rumor sobre su inminente salida. Sin embargo, el gobernador Javier Duarte, quien se hallaba de viaje por Brasil, a través de su cuenta de Twitter lo ratificó en su cargo al asegurar que el ex secretario de Gobierno estaba “más firme que nunca”.
Aquella vez, el ex alcalde de Xalapa resistía también una fuerte embestida mediática por sus desafortunadas declaraciones en torno de las ejecuciones de dos periodistas del puerto de Veracruz.
Pero la versión de su presunta salida tomó fuerza porque el titular de la PGJE inexplicablemente estuvo ausente en la conferencia de prensa que el miércoles 27 de julio ofrecieron los secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública, Gerardo Buganza Salmerón y Arturo Bermúdez Zurita –ambos muy cercanos a la confianza del gobernador Duarte–, para anunciar precisamente la coadyuvancia de la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso del crimen contra la periodista porteña Yolanda Ordaz de la Cruz, lo que obviamente dejaba mal parado al procurador duartista y evidenciaba sus precipitadas pesquisas en las que involucraba a la reportera sacrificada con el crimen organizado.
En aquella ocasión trascendió que inclusive Escobar armó tremendo berrinche por haber sido excluido de la conferencia de prensa que por la naturaleza del tema le correspondía a él.
Reynaldo, sin embargo, se tranquilizó en cuanto el gobernador Duarte frenó desde Sudamérica los rumores que anunciaban su presunta renuncia, sobre la cual, de hecho, comenzó a especularse a raíz del supuesto atentado del que habría sido víctima la noche del 26 de junio, que según la versión oficial fue un ataque que un grupo de la delincuencia organizada perpetró contra el edificio del Palacio de Justicia Federal ubicado exactamente frente a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Coincidentemente, este presunto ataque fallido en contra de Escobar ocurrió tres días antes del presumible atentado que otro grupo de sicarios del mismo cártel fraguó el miércoles 29 de junio en contra del General Sergio López Esquer, el cual fue oficialmente desmentido también aunque el ex contralor de las Fuerzas Armadas renunció a la Secretaría de Seguridad Pública del estado a principios de la semana siguiente.
La última vez que se dio por hecho la renuncia de Reynaldo fue hace un par de semanas, a finales de septiembre. Presuntamente la decisión ya la había tomado el gobernador Duarte, pero una supuesta indiscreción del secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Jorge Uscanga Escobar, quien presumiblemente lo relevaría en el cargo, habría frenado de última hora el cambio.
Según una versión extraoficial, al mandatario habría dado marcha atrás molesto porque la primicia apareció en algunos diarios, portales de internet y noticieros radiofónicos que más han criticado a su administración.
Por eso, el mismo viernes 30 de septiembre, el gobernador desmintió la versión al declarar que Reynaldo no le había presentado ninguna renuncia y que el ex secretario de Gobierno seguía despachando como titular en la PGJE.
A la semana siguiente, entrevistado en la ciudad de México por el periodista Ciro Gómez Leyva, Duarte volvió a ser interrogado sobre la permanencia del procurador Escobar, y con cierta jiribilla el Ejecutivo estatal respondió que “hasta hoy” no le había presentado formalmente su dimisión, lo que el tambaleante funcionario quiso aprovechar para reposicionarse políticamente al filtrar que había sido un espaldarazo del gobernador.
Sin embargo, el ex alcalde de Xalapa sí sabía que la decisión de removerlo ya estaba tomada por el gobernante. Su desgaste era tal que su posición era ya francamente insostenible, pues sus torpezas y ligerezas –como por ejemplo las declaraciones sobre los feminicidios registrados en Veracruz que hizo a un grupo de diputadas federales– expusieron gravemente al gobernador.
Otro de sus yerros, el de criminalizar a priori a las 35 personas cuyos cadáveres fueron arrojados sobre el bulevar “Adolfo Ruiz Cortines” de Boca del Río, provocó que el miércoles 28 de septiembre la vocera presidencial Alejandra Sota arremetiera directamente en contra del mandatario veracruzano al expresar que “si bien es cierto que de la información proporcionada por las autoridades locales se desprende que algunas de las víctimas tenían algún tipo de antecedente criminal, subrayo que para el gobierno federal esa circunstancia no reduce, en forma alguna, la gravedad de estos hechos, ni disminuye nuestro compromiso de llevar a los responsables ante la justicia”.
Sota informó además que la PGR aún no decidía atraer la investigación ministerial como lo había solicitado la Procuraduría de Justicia de Veracruz, lo cual representó un doble y duro golpe para Escobar y el gobernador Duarte, pues ambos habían asegurado que todos, las 35 víctimas, entre los que se hallaban un par de menores de edad, un policía de la Intermunicipal y un transexual, contaban con antecedentes penales según lo habían confirmado en los archivos de la propia PGJE y de la Plataforma México del sistema de seguridad nacional.
Pero además, el principal argumento al que recurrió el procurador Escobar para solicitar la atracción de la PGR de la investigación sobre estas 35 ejecuciones fue echada abajo por la propia vocera del presidente Calderón, quien aseguró que el gobierno federal no tiene indicios de que en el estado de Veracruz o en cualquier otra parte del país existan grupos paramilitares.
El grupo armado autodenominado “Mata Zetas”, que en un video subido a Internet se adjudicó las recientes matanzas en Veracruz y anunció su intención de eliminar a Los Zetas que operan en la entidad, “serán combatidos por el Estado como cualquier otra organización criminal”, afirmó Sota. “Insisto que los indicios que tiene el gobierno federal (apuntan a que) no existen elementos para suponer que éste u otro grupo con esa naturaleza paramilitar exista en México”, respondió en conferencia de prensa.
La vocera del gobierno federal en temas de seguridad reiteró que “son grupos criminales y por lo tanto deben ser combatidos por el Estado como cualquier grupo criminal; el fenómeno que se vive en Veracruz, como ya lo he mencionado el día de ayer (miércoles 28 de septiembre), es un fenómeno de rivalidad entre grupos delincuenciales y por lo tanto, como tales, deben de ser combatidos”, puntualizó.
El golpe de este jueves 6 de la Marina Armada de México, que detuvo a 12 “Zetas” y 8 “Mata Zetas” a los que se atribuye la muerte de las 35 personas cuyos cadáveres fueron arrojados el 20 de septiembre en el bulevar boqueño así como la ejecución de otros 32 cuyos cuerpos fueron hallados hace cinco días en tres casas de seguridad en la zona conurbada del puerto de Veracruz, parece haberle dado la razón.
Este caso había sido la puntilla para Escobar, ya que la Procuraduría a su cargo tuvo conocimiento primero de este macabro hallazgo, el cual fue confirmado oficialmente por el gobierno del estado hasta la noche del jueves luego de que la Secretaría de Marina había boletinado ya la información.
Con la renuncia de Reynaldo y la designación de la flamante coordinadora de Comunicación Social, Gina Domínguez Colío, como vocera oficial del gobierno del estado, se espera que de ahora en adelante la información fluya sin contradicciones, con mayor celeridad y transparencia. Y es que como lo declaró el propio gobernador Duarte la noche de este viernes 7 al reportero Francisco Martínez, de Televisa Veracruz, sería absurdo querer ocultar información cuando el operativo “Veracruz seguro” implica una estrecha coordinación con las fuerzas del gobierno federal.