No son pocos los veracruzanos que a estas alturas de la nueva administración estatal se preguntan si Javier Duarte de Ochoa, como candidato del PRI a la gubernatura, sabía realmente la situación que iba a heredar.
Por supuesto que en lo financiero, el ex titular de la Sefiplan tenía conocimiento pleno del serio problema de endeudamiento público que estaba por recibir.
Y en cuanto al delicado asunto de la inseguridad es obvio que también tenía el pulso real de lo que ya sucedía en el estado, tan es así que al tomar posesión como jefe del Ejecutivo estatal decidió ratificar en la Secretaría de Seguridad Pública al General Sergio López Esquer, ex contralor de las Fuerzas Armadas y hombre muy cercano al secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, quien solo duró ocho meses en el cargo. En su lugar, Duarte designó al subsecretario Arturo Bermúdez, gente de todas sus confianzas desde el sexenio anterior.
Hoy el gobernador está en medio de varios fuegos cruzados, pues al desastre financiero que le ha tocado administrar, ahora su gobierno enfrenta también la espiral de violencia disparada por la fuerte embestida que tanto el Ejército como la Marina Armada de México han emprendido desde principios de este año en contra del cártel de Los Zetas, la principal organización criminal arraigada en la entidad desde el sexenio pasado.
A diferencia de su antecesor Fidel Herrera Beltrán, quien aparentemente fue laxo y tolerante con los capos de este grupo delincuencial, el gobernador Duarte dijo muy claramente en su mensaje difundido por radio y televisión el10 de agosto pasado que “el único pacto del gobierno de Veracruz es con el presente y el futuro de nuestras familias” y sostuvo que “no vamos a permitir que envenenen a nuestros ciudadanos con sus drogas, que atemoricen a los empresarios o inversionistas con extorsiones, que amenacen a nuestra gente con secuestros, que recluten a nuestros jóvenes para engrosar sus filas criminales”.
Duarte de Ochoa refrendó además su apoyo total a las acciones que en Veracruz realizan las Fuerzas Armadas en esta lucha para mantener la tranquilidad y la seguridad en nuestro territorio.
Ahora muchos se sorprenden de las frecuentes balaceras y ejecuciones que en plena luz del día se vienen dando principalmente en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, donde la tarde de este martes fueron depositados sobre el bulevar boqueño “Adolfo Ruiz Cortines” 35 cadáveres de hombres y mujeres ligados presuntamente a Los Zetas; pero espectáculos macabros como éste sólo reflejan el grado de descomposición que sobre todo en los últimos tres sexenios se vino dando paulatinamente en la entidad con la penetración y corrupción del narcotráfico a las esferas de poder, no solo políticas sino empresariales y hasta periodísticas.
Precisamente en su mensaje del 10 de agosto, el gobernador Duarte reconoció que “no podemos autoengañarnos” y aludió que la delincuencia tiene también raíces y apoyo en diversos sectores de la sociedad. “No podemos cerrar los ojos ante la participación de otros actores quienes se escudan entre empresarios, periodistas, profesionales y otros grupos sociales”, dijo. Es más, advirtió que se aplicaría todo el peso de la ley a los servidores públicos que por miedo o por interés económico estuvieran coludidos con grupos delincuenciales, a los cuales amagó que tendrían que responder a la sociedad por sus malos actos y por la traición a la confianza depositada en ellos.
En Veracruz, la penetración del narcotráfico en los círculos gobernantes no es un asunto nuevo. Por ejemplo, en el sexenio del gobernador Patricio Chirinos (1992-1998), el principal operador del trasiego de la droga en la entidad era Jesús Albino Quintero Meraz, (a) “El Orejón” o “Don Beto”, quien tenía bajo su control y en aparente paz al estado porque servía de enlace a los cárteles de Juárez y del Golfo –antes de que se escindiera su brazo armado, el temible grupo de sicarios conocido como “Los Zetas”–, así como al de Sinaloa, de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
El 10 de enero de 2002, ya en la administración del gobernador Miguel Alemán Velazco (1998-2004), Osiel Cárdenas Guillén, jefe del Cártel del Golfo, se reunió en su casa de Matamoros con Quintero, quien a pesar de ser el operador en Veracruz de la organización juarense le pidió apoyo para cuidar y abastecer de combustible a unos aviones cargados de cocaína que harían una escala en Tierra Blanca. Las aeronaves, según declaró “El Orejón” a la PGR, aterrizaron “en un camino de terracería de Pemex”. El capo reveló que este mismo operativo solo se realizó “dos o tres veces”, pues Quintero fue aprehendido en el puerto jarocho cuatro meses después, a finales de mayo de 2002, por el Ejército.
A Quintero Meraz le atribuyen haber concertado también la fuga de Guzmán Loera del reclusorio federal de Puente Grande, Jalisco, en enero de 2001.
En 2004, la revista “Proceso” estableció el presunto nexo de Miguel Ángel Yunes Linares con Quintero Meraz, con base en declaraciones de testigos protegidos y documentos de la Drug Enforcement Administration (DEA). Según versiones periodísticas, entre 1995 y 1996 el ex secretario de Gobierno de Chirinos habría recibido hasta 15 millones de dólares del narcotraficante como pago por “protección”. Yunes habría permitido a lo largo del sexenio chirinista, entre diciembre de 1992 y a mediados de 1997, el establecimiento de un corredor para el trasiego aéreo y terrestre de toneladas de cocaína, según reveló un informe “confidencial” del extinto comandante de la AFI, Juan Carlos Ventura Moussong –asesinado en julio de 2002, dos meses después de la detención de Quintero Meraz–, dirigido a la Coordinación General de la UEDO-PGR, fechado el 26 de octubre de 2001, en el cual se detalla: “A finales de 1995 Albino Quintero Meraz arregló su arribo y operación en Veracruz con el licenciado Miguel Ángel Yunes Linares mediante la entrega de 10 millones de dólares...”. Esta relación habría quedado inmortalizada incluso en un corrido de “Los Tucanes” de Tijuana, donde se menciona cómo Quintero “compró” la plaza en esta cantidad.Posteriormente, Joaquín Legarreta, Asistente y Agente Especial de la DEA, en noviembre de 2001 dirigió una misiva al comandante Ventura para advertirle: “Existe una gran preocupación en la oficina de la DEA en la ciudad de México, en virtud de que la organización de narcotraficantes que encabeza Albino Quintero continúa permeando las esferas de gobierno... las investigaciones que en forma conjunta realizamos obligan a iniciar un proceso con orden de arresto en contra del individuo Miguel Ángel Yunes Linares (dadas) sus constantes reuniones con fines delictivos con los barones de la droga: su paso por el gobierno de Veracruz y actualmente en el Gobierno Federal lo ubica con un potencial que debe ser de inmediato frenado”. En la averiguación previa 1226/MPFEADS/98 se citan las declaraciones del ex chofer de Albino Quintero y testigo protegido, Gildardo Muñoz Hernández. Esta persona aseguró que Yunes Linares asistía a los cónclaves de su jefe con el entonces gobernador de Quintana Roo, Mario “El Chueco” Villanueva Madrid, en el yate “Ashley” en Cancún. De igual forma, el también testigo protegido Carlos Alberto Treviño Escobar (cuya clave de testigo es “Sergio”) señaló que entre “los funcionarios que protegen a Albino están el que era gobernador, Patricio Chirinos; el que era secretario de Gobierno, Miguel Ángel Yunes. A éstos se les entregó por la plaza 15 millones de dólares”.Treviño Escobar agregó que Quintero recibió ayuda de Yunes cuando fue denunciado por la compra sospechosa de una residencia en el fraccionamiento Costa de Oro, de Boca del Río, muy cercana a la del sucesor de Chirinos, Miguel Alemán Velazco. Según versión del testigo protegido, la denuncia no prosperó debido a la presunta intervención de Yunes Linares.
Por eso ahora que el senador priista Manlio Fabio Beltrones ha criticado al gobernador Javier Duarte por “minimizar” la ejecución de las 35 personas, cuyos cadáveres fueron despositados este martes frente a una plaza comercial de Boca del Río, el aspirante presidencial del PRI –quien supuestamente anda muy molesto con el mandatario veracruzano por haber “destapado” a principios de esta semana al ex gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, del cual dijo que sería un excelente candidato y presidente de la República–, el legislador sonorense haría bien en investigar con su ex jefe de asesores, Enrique Ampudia Mello, el cual fue director de Gobernación con Yunes en Veracruz entre 1992 y 1997, cómo se arraigó desde entonces el narcotráfico en territorio veracruzano con la llegada de Albino Quintero, quien coincidentemente en 1993 abandonó la plaza de San Luis Río Colorado, ¡Sonora!, y se trasladó al puerto jarocho porque los hermanos Arellano Félix, del Cártel de Tijuana, le habían puesto precio a su cabeza.