A mediados de 1997, recién decretada la autonomía de la Universidad Veracruzana, un grupo de funcionarios, académicos e investigadores de la UV muy cercano al rector Emilio Gidi Villarreal, decidió empujar la candidatura de Octavio Ochoa Contreras, a la sazón director de Planeación Institucional de la máxima casa de estudios.
El proyecto sucesorio de Gidi, quien desde el sexenio pasado está a cargo de la recién creada Defensoría de los Derechos Universitarios, parecía ir viento en popa, pues contaba con todo el apoyo del poderoso secretario de Gobierno, Miguel Ángel Yunes Linares –aspirante desde entonces a la gubernatura y artífice de la iniciativa de Ley de Autonomía para la Universidad Veracruzana enviada por el gobernador Patricio Chirinos a la LVII Legislatura local, cuya mesa directiva era presidida por el diputado priista de Perote, doctor Irán Suárez Villa, actual director Médico del ISSSTE–; pero de última hora se les atravesó Víctor Arredondo Álvarez, quien en el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari se había desempeñado como director de Educación Superior de la SEP al lado de Ernesto Zedillo.
Precisamente el presidente Zedillo, en enero de 1997, al asistir a la sesión solemne del H. Consejo Universitario organizado en las flamantes instalaciones de la nueva Facultad de Psicología, reconoció que “honra al gobierno del licenciado Patricio Chirinos haber promovido la iniciativa de autonomía para la UV y a la Legislatura estatal su debate y aprobación.
El compromiso del señor gobernador con la educación superior se expresa en que ésta es una de las universidades estatales que recibe una de las proporciones más altas del subsidio del Gobierno del Estado. El Gobierno de la República respalda este compromiso con la educación superior veracruzana; una muestra de ello son las nuevas instalaciones de esta Facultad de Psicología que hoy se inauguran con este acto”.
Zedillo recordó en esa ocasión que durante 1996 se otorgó un subsidio federal a la UV por 296 millones de pesos y que además se dio un apoyo extraordinario por 24 millones de pesos al Programa de Mejoramiento del Profesorado y al Fondo para la Modernización de la Educación Superior. Y anunció que para 1997 el subsidio federal ordinario ascendería a más de 365 millones de pesos. “A esta cantidad se sumarán los apoyos a los programas mencionados, que se estima podrían incluso duplicar los del año pasado. El gobierno federal tiene el compromiso inquebrantable de respetar escrupulosamente la autonomía universitaria y de apoyar resueltamente a las instituciones de educación superior”, prometió el presidente.
A partir de entonces, al gobernador Chirinos le quedó claro que el nuevo rector debería ser Arredondo. No obstante, el grupo de Gidi –incondicional de Yunes Linares– siguió empujando la candidatura de Ochoa Contreras. Entre esos ochoístas destacaban Raúl Arias Lovillo y su ex compañero de la Facultad de Economía, Alberto Olvera Rivera, los cuales fueron bien recompensados por Arredondo. Arias fue designado de inmediato como secretario académico y posteriormente Olvera ascendió de investigador a director del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales.
Ochoa Contreras también fue premiado con la Dirección de Apoyo al Desarrollo Académico.
Pero este grupúsculo al final terminó haciéndose del poder en la UV, pues en diciembre de 2004, al ser nombrado Arredondo secretario de Educación de Veracruz por el gobernador Fidel Herrera Beltrán, Arias Lovillo asumió interinamente el rectorado y luego fue electo por primera vez en 2005 y más tarde se reeligió por cuatro años más en 2009. Su segunda administración concluirá en agosto de 2013.
Para ello, Arias Lovillo ha comenzado a preparar su sucesión, acomodando a incondicionales en la H. Junta de Gobierno, que es un grupito de nueve personajes que se encarga de armar la terna de candidatos y designar al rector. Esta banda de notables es presidida actualmente por su ex condiscípulo Alberto Olvera.
Pero además de controlar el proceso de elección del rector, legalmente a la H. Junta de Gobierno le compete también designar al titular de la Contraloría General de la UV, que de acuerdo con la Ley Orgánica de esta casa de estudios está obligada a informarle “de los asuntos de su competencia”; “ejercer las acciones de control de las actividades de la Universidad, conforme a los ordenamientos legales existentes”; “supervisar el ejercicio del presupuesto universitario y su correcta aplicación”; informarle de “los resultados de la evaluación integral del desarrollo de los programas a cargo de las dependencias de la UV y de los resultados de las auditorías practicadas”; “supervisar que los recursos financieros que provengan de los subsidios federal y estatal, así como las cuotas arancelarias y de otras fuentes, sean canalizadas hacia los objetivos propuestos en los programas respectivos”; “practicar las revisiones especiales que por acuerdo de la Junta de Gobierno deban realizarse a las dependencias universitarias”; “hacer del conocimiento de la Junta de Gobierno las conductas de los servidores universitarios que en su opinión constituyan faltas o delitos”; “orientar y apoyar a las autoridades y funcionarios de la UV en el cumplimiento de las declaraciones de bienes y cambios de situación patrimonial”; y, entre otras, “atender las quejas y denuncias que presente la comunidad universitaria y los particulares, con respecto a acuerdos, convenios y contratos que celebre la UV”.
Por eso sorprendió que en su segundo informe de labores, rendido el pasado lunes 5, el rector Arias Lovillo haya propuesto al H. Consejo Universitario “la implantación de una Contraloría Social, en la cual concurran honorables miembros de la sociedad civil, representantes de destacadas organizaciones sociales y empresariales, con el fin de que revisen y dictaminen con plena libertad el manejo y estado que guarda la administración de los recursos de la UV”.
Y es que Arias Lovillo se quejó de que “en los últimos meses, recurrentemente algunos medios y personas diversas han pretendido dañar a la UV con inexactitudes y exageraciones. Los intentos han fracasado una y otra vez. La fuerza moral de la Universidad es muy superior a estos vanos y perniciosos intentos. Bien harían en comprobar su fracaso y admitir que la UV sigue siendo una de las instituciones en las que la sociedad confía. Pero ‘calumnia que algo queda’ decía el clásico, y no lo vamos a permitir. Vamos a enfrentar con la verdad y la verticalidad de nuestros actos, los artificios con los que se quiere desprestigiar la labor de los universitarios veracruzanos”.
Sin embargo, el rector parece olvidar el caso del contrato de arrendamiento de un lote de 3 mil computadoras que le fue adjudicado en julio de 1999 a la empresa “Automatización y Modernización Industrial, SA de CV”, la cual en septiembre de 2006 terminó por celebrar un convenio de Cesión de Derechos Litigiosos al despacho “Rodríguez Pasquel Sucesores, SA de CV”, para que retomara el Juicio Ordinario Mercantil 1013/2003/IV.Y es que en noviembre de 2006, al verse jurídicamente perdidos, autoridades de la UV –ya encabezadas desde dos años antes por Arias Lovillo– determinaron negociar con la parte acusadora un convenio de transacción judicial, pago y quita condicionada para terminar la controversia que dio origen al Juicio Ordinario Mercantil sobre rescisión de contrato de arrendamiento que había sido tramitado en el Juzgado Sexto de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el estado de Veracruz. Así, pues, en lugar de los aproximadamente 107 millones de pesos (ya incluido el Impuesto al Valor Agregado) que reclamaba en un principio la empresa arrendadora del equipo de cómputo, la UV convino en pagar solo 57 millones de pesos más IVA pero bajo la condición “de desistirse de inmediato” del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia de fecha 31 de octubre del año 2006, dictada en el juicio de amparo indirecto número 490/2006 que se tramitaba ante el Juez del Juzgado Segundo de Distrito del Séptimo Circuito del Estado.
Pero de ello ni Arias ni Olvera, el presidente de la H. Junta de Gobierno de la que depende directamente la Contraloría General de la UV, prefieren hablar porque resultaron cómplices de quien a final de cuentas les cedió el poder del coto universitario.