Por Raymundo Jiménez
Columna: Al pie de la letra
PGJE: Hipótesis Apresuradas
2011-09-04 | 21:04:17
La madrugada de este viernes 2, atacantes desconocidos incendiaron siete taxis en cuatro colonias de Xalapa.
En el interior de dos de los vehículos incinerados aparecieron los cuerpos calcinados de sus conductores.
Lo extraño es que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) se apresuró a decir que estos ataques perpetrados a partir de las 03:00 horas de la madrugada del viernes pasado podrían haberse originado por presuntos conflictos intergremiales y posibles actos de pandillerismo.
De manera tajante, la PGJE descartó así nomás cualquier presumible vendetta o ajuste de cuentas del crimen organizado.
Sorprende la reacción de los encargados de la Fiscalía del estado, pues aunque al final de las indagatorias resultara que sí eran acertadas sus presunciones, en ese momento no podían ni debían descartar cualquier otra hipótesis verosímil.
Pero si como ellos presumieron desde el primer momento, la causa de estos atentados contra los siete taxistas se debiera sólo a supuestos conflictos intergremiales y/o actos de pandillerismo, entonces no va a ser dificil que en breve esclarezcan estos casos, identifiquen a los agresores y los lleven a prisión.
Sin embargo, hasta ahora la PGJE no ha avanzado mucho en las pesquisas y todo parece apuntar que estos siete atentados con dos homicidios quedarán en la impunidad.
Este sospechoso comportamiento de las autoridades ministeriales del estado obviamente ha despertado suspicacias, desatando todo tipo de rumores.
La versión extraoficial más fuerte es la que vincula estos siete ataques simultáneos con un reciente operativo de efectivos de la Marina Armada de México, ejecutado una semana antes en los alrededores del mercado de Los Sauces, en la confluencia de las avenidas Adolfo Ruiz Cortines y Úrsulo Galván, en Xalapa, donde habrían sido capturados presuntos jefes del crimen organizado que operan en la capital veracruzana.
Este hecho, por cierto, no fue consignado al día siguiente por la mayoría de los medios de comunicación, salvo el caso de un diario xalapeño surgido el sexenio anterior.
En Veracruz es la primera vez que el gremio de los taxistas enfrenta un ataque así.
Al inicio de la administración municipal del empresario David Velasco Chedraui (2007-2010) se reportaron amenazas, “levantones” y ejecuciones pero entre las organizaciones de vendedores ambulantes, fijos y semifijos que sobre todo expendían discos y películas “piratas”.
Los presuntos nexos de taxistas con la delincuencia organizada debería ser una línea de investigación que la PGJE incluyera aunque se tratase de una remota posibilidad, aunque en Xalapa corren versiones desde hace tiempo de que algunos taxistas, por dádivas económicas o coaccionados mediante amenazas, sirven a bandas criminales como informantes –los famosos “halcones”– y/o distribuidores de droga.
Estas relaciones han quedado al descubierto en otras ciudades más violentas del país, como por ejemplo el puerto de Acapulco, donde hasta hace dos semanas iban por lo menos 42 taxistas ejecutados durante el presente año.

Tan sólo en el mes de agosto fueron encontrados muertos 13 taxistas, por lo que las autoridades presumen que podrían estar involucrados en la venta de droga o ser “halcones” de los delincuentes.

La captura del líder del Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), Moisés Montero Álvarez, (a) “El Koreano”, llevada a cabo el lunes 1° de agosto por elementos de la Policía Federal y del Ejército, recrudeció la violencia en el puerto guerrerense y aumentó los ataques contra taxistas. Aparecieron unidades quemadas y se registraron ataques contra sitios de taxis, como el ocurrido el 7 de agosto pasado en la Costera Miguel Alemán, en donde un comando armado disparó en repetidas ocasiones contra un sitio de automóviles de alquiler.

Para especialistas como el consultor independiente Arturo Arango, los taxistas representan los “ojos y oídos” de una ciudad, por lo que se han convertido en recursos humanos fundamentales para el funcionamiento de las estructuras del crimen organizado.

“(El crimen) siempre utiliza al transporte por la facilidad y el conocimiento que ellos tienen de andar por toda la ciudad sin llamar la atención y por el conocimiento que pueden tener de zonas críticas o puntos en conflicto, por la capacidad de conocer ambientes diferentes, cambiantes”, explicó Arango en reciente entrevista con un diario capitalino.

“Si yo tengo una persona no uniformada y que de alguna manera se confunde con el ambiente, en cualquier terreno es un elemento importantísimo en cuestiones de inteligencia”, asegura.

Arango comentó que esta práctica de espionaje a través de conductores se agudizó en los últimos cinco años y que va en ascenso en el contexto de la guerra contra la delincuencia organizada.

Expuso que algunos colaboran a cambio de dádivas económicas, otros son amenazados en su integridad física y la de su familia.

Por su parte, José Moisés Ponce Méndez, vicepresidente de la Asociación de Municipios de México, AC, coincidió en que los ataques hacia los trabajadores del volante se deben a que éstos se involucran en venta de droga e incumplen con los lineamientos del “negocio”.

“Se valen de taxistas para distribuir droga o establecer contactos con algunos negocios donde se puede hacer la distribución, los taxistas sirven como enlace para que informen a la gente y los conectan con los verdaderos vendedores.

“Algunos de ellos traen droga y la distribuyen, es una red, tanto para ofrecerlas en sus vehículos, sirven de contacto o las llevan a la casa o al negocio de fulano”, consideró Ponce Méndez.

Varios taxistas acapulqueños entrevistados para el diario de la ciudad de México, que obviamente pidieron el anonimato, señalaron que el temor es generalizado en todos los sectores de Acapulco que se han visto directamente afectados. “Por uno pagamos todos y pareciera que todos estamos metidos con esa gente, pero no, somos más la gente que queremos paz”, dijo un taxista con más de 15 años al frente del volante de un taxi.

¿En Xalapa estará ocurriendo lo mismo? La sociedad veracruzana debería ser informada, pero por alguna extraña razón las autoridades ministeriales decidieron descartar a priori esta línea de investigación. ¿Por qué? El procurador Reynaldo Escobar debiera decirlo.

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