A la mayoría de los líderes políticos, sociales, empresariales, eclesiásticos y magisteriales de la entidad impactó el mensaje que por radio y televisión difundió la noche del pasado miércoles 10 el gobernador Javier Duarte de Ochoa, en el que el mandatario estatal reafirmó que su gobierno no pactará con ninguna organización criminal y que “en Veracruz no permitiremos que nos roben la tranquilidad y dañen nuestra convivencia”, comprometiéndose a seguir “actuando con firmeza en contra de quienes busquen transgredir o violentar el Estado de Derecho, la paz y la armonía que merecemos como sociedad”.
Sin embargo, de dicho discurso, lo que más intrigó a muchos –incluyendo a los propios miembros del gabinete que muy temprano al día siguiente fueron citados a una reunión con el titular del Poder Ejecutivo– fue esa parte en la que de manera clara y directa el mandatario veracruzano advirtió que “se aplicará todo el peso de la ley a todos aquellos servidores públicos que por miedo o por interés económico estén coludidos con grupos delincuenciales”, a los que dijo también que “tendrán que responder a la sociedad por sus malos actos y por la traición a la confianza depositada en ellos”.
Y aunque en esa ocasión, la mayoría de las miradas de los funcionarios se enfocaron solo hacia uno de sus camaradas, pero ahora ha trascendido que no es el único que estaría bajo sospecha.
Acaba de ser filtrado en un diario de la ciudad de México, por ejemplo, que la Procuraduría General de la República (PGR) tiene en la mira a por lo menos tres alcaldes y a otros funcionarios de diversos municipios de Veracruz, a quienes investiga por sus presuntos vínculos con el cártel de Los Zetas, según revelaron al periódico capitalino fuentes ministeriales y gubernamentales que obviamente declinaron mencionar los nombres de los servidores públicos sujetos a esa indagatoria.
Según esta versión periodística, las pesquisas contra funcionarios públicos de municipios veracruzanos –que se encuentran en su fase de averiguación previa– se iniciaron a principios de año, a partir de dos denuncias anónimas y de una llamada telefónica privada en la que se escucha la voz de un hombre que se identifica como Heriberto Lazcano, (a) “El Lazca” o “Z-3”, quien supuestamente habla con servidores públicos municipales.
Es muy posible que el gobernador Duarte de Ochoa haya tenido acceso oportuno a este tipo de información privilegiada, y que anticipándose a la inminente acción penal de la PGR haya salido a advertir que “se aplicará todo el peso de la ley a todos aquellos servidores públicos que por miedo o por interés económico estén coludidos con grupos delincuenciales”.
En su mensaje, el jefe del Ejecutivo estatal expresó que en este tema no podemos autoengañarnos y aludió precisamente a que la delincuencia tiene también raíces y apoyo en diversos sectores de la sociedad: “No podemos cerrar los ojos ante la participación de otros actores quienes se escudan entre empresarios, periodistas, profesionales y otros grupos sociales”, por lo que reiteró que en la lucha contra el crimen todos aquellos que cometan un delito deben asumir las consecuencias legales de sus actos.
Duarte de Ochoa debe intuir que la guerra que el presidente Felipe Calderón sostiene desde hace cinco años contra la delincuencia organizada está por iniciar una fase mucho más intensa ante la encarnizada pugna de poder por la próxima sucesión presidencial.
En la coyuntura electoral de 2012 no habría que descartar operativos policíacos y militares como el lamentable “michoacanazo” que en el proceso electoral federal de 2009 se instrumentó en el estado gobernado por Leonel Godoy, del PRD, donde fueron aprehendidos decenas de alcaldes y funcionarios estatales acusados de estar vinculados con los cárteles del narcotráfico, pero los cuales obtuvieron finalmente su libertad porque la PGR nada les pudo comprobar.
Ahora, en Veracruz, ha trascendido extraoficialmente que los altos mandos de la Secretaría de Marina (Semar) dispondrían de un expediente sobre algunos funcionarios municipales y del gobierno de la entidad que presuntamente estarían ligados a la delincuencia organizada.
Pero lo único cierto, hasta el momento, es el hecho de que la Delegación de la PGR en Veracruz encabeza las indagatorias por el caso de seis elementos de la Marina Armada de México que han sido secuestrados en los dos meses recientes en la entidad, algunos de los cuales investigaban los presumibles nexos de grupos criminales con servidores públicos. Ambas indagatorias constan en las averiguaciones previas PGR/927 /2011/VII/VER/08 y PGR/524/ 2011/II.
La Semar resolvió, al parecer, uno de los casos al capturar a cinco personas, entre ellos un menor de edad, presuntamente relacionados con la desaparición de cuatro oficiales marinos.En un comunicado difundido apenas este jueves 18, la institución detalló que los detenidos son Crescencio González Galindo, (a) “Chencho”, de 27 años; Samuel Sánchez Sánchez, “Sami”, de 18 años; Eduardo Gómez Hernández, “Lalo” o “El Güero”, de 27 años; Efraín Fabián Landa, de 18 años, y un menor de edad.Pero su captura se efectuó desde el domingo pasado, 14 de agosto –día del granadazo ocurrido en el bulevar porteño Manuel Ávila Camacho, a la altura de la Plaza Comercial Acuario–, en la colonia Dos Caminos del puerto de Veracruz donde se ubica una bodega en cuyo interior se hallaron objetos personales de tres oficiales desaparecidos.“Fueron aseguradas dos personas que estaban en el inmueble. Así mismo, al realizar una inspección en los alrededores fueron asegurados tres presuntos delincuentes más de los que se presume también se encuentran vinculados con dichas acciones”, se indicó en el comunicado oficial.También se confirmó que en las inmediaciones de la salida a la carretera Cardel-México, se encontraron fosas clandestinas con cuatro cadáveres, por lo que fue levantada la averiguación previa PGR/VER/VER/III/432/2011.
El Ministerio Público Federal y peritos de la PGR realizaban las investigaciones para determinar si este hallazgo corresponde a los cuerpos de los oficiales marinos.En tanto, los sospechosos fueron puestos a disposición del Ministerio Público del Fuero Común, y la investigación fue turnada a la Delegación de la PGR en Veracruz, cuyo ex representante Luis Antonio Ibáñez Cornejo, quien había llegado a la entidad apenas en agosto de 2010, fue removido en la “purga” masiva del pasado 29 de julio y acaba de ser sustituido anteayer por Javier Dovala Molina, ex delegado en Baja California Sur y Oaxaca, y ex Director Ejecutivo de Asuntos Especiales de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo.