Luego del contundente mensaje que mandó al pueblo veracruzano el gobernador Javier Duarte de Ochoa por radio y televisión hace exactamente una semana, en la que el mandatario estatal afirmó que su gobierno no pactará con grupos criminales y que por ello “seguiremos actuando con firmeza en contra de quienes busquen transgredir o violentar el Estado de Derecho, la paz y la armonía que merecemos como sociedad”, todo mundo esperaba, en reciprocidad, que los colaboradores directamente involucrados en este tema secundaran el arrojo, valor y determinación del titular del Poder Ejecutivo pero algunos funcionarios se han visto pasmados, timoratos y hasta evasivos ante los lamentables hechos de violencia ocurridos el pasado fin de semana en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

Este lunes 15, por ejemplo, el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), Jorge Uscanga Escobar, salió a declarar en conferencia de prensa que de acuerdo con el artículo 11 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos corresponde a la Procuraduría General de la República (PGR) esclarecer los hechos ocurridos el domingo a la altura del Acuario de la ciudad de Veracruz, donde la explosión de una granada lanzada por un grupo de delincuentes que era perseguido por elementos del Ejército dejó como saldo la muerte de una persona y otras tres heridas, entre ellos dos menores de edad, que vacacionaban en el puerto.

Eso sí, Uscanga Escobar dijo que la PGR contará con el “apoyo pleno” de las autoridades estatales.

Este anuncio, de hecho, no le correspondía hacerlo al secretario ejecutivo del CESP sino al procurador de Justicia del Estado, Reynaldo Escobar Pérez, pero inexplicablemente el ex secretario de Gobierno no dio la cara ante los medios de comunicación pese a que la semana anterior anunció con bombo y platillos la solicitud de 25 órdenes de aprehensión contra presuntos defraudadores de varias Cajas de Ahorro y de la empresa Arquitectos en Proyectos Económicos S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM), caso en el que cientos de agraviados involucran al senador perredista Arturo Hérviz Reyes.

Mediante el boletín 1084/11 difundido este martes, la PGR informó que derivado de la explosión del domingo 14 de agosto en el bulevar Manuel Ávila Camacho, frente a la Plaza Acuario del puerto de Veracruz, se inició el Acta Circunstanciada AC/PGR/VER/II/144/2011 por el delito de Violación a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos. Sin embargo, la PGR puntualizó que por ser la autoridad competente, corresponde a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz la investigación en la comisión de los delitos de homicidio, lesiones, daño en propiedad ajena y lo que resulte.

Sin embargo, este tipo de asuntos extrañamente se le complican mucho al procurador Escobar, quien hasta ahora, por ejemplo, aún sigue sin esclarecer los crímenes de los periodistas Miguel Ángel López Velasco y Yolanda Ordaz de la Cruz, ejecutados en los meses de junio y julio pasados, en el puerto de Veracruz.
En la entidad quisiéramos una mejor procuración de justicia, pero lamentablemente éste es un mal que padece también todo el resto del país.
En el Distrito Federal y el Estado de México, donde por ejemplo gobiernan dos fuertes aspirantes a la Presidencia de la República del 2012 –Marcelo Ebrard, del PRD, y Enrique Peña Nieto, del PRI–, las procuraduría locales se han visto envueltas en sendos escándalos.
A mediados de julio, por ejemplo, la Procuraduría General de Justicia del DF, a cargo de Miguel Ángel Mancera, anunció ruidosamente ante los medios de comunicación la detención de la estudiante Mariel Solís Martínez, dando por hecho el “esclarecimiento” del crimen del catedrático de la UNAM, Salvador Rodríguez, quien en 2009 fue asesinado por dos hampones al resistirse a un asalto ocurrido a la salida de un cajero automático en la ciudad de México.
Debido a la presión ejercida en las redes sociales por miles de ciudadanos que abogaron por la inocencia de la estudiante, la PGJDF tuvo que dejar en libertad a la supuesta “cómplice” de los homicidas del profesor universitario, cuya imagen había sido difundida profusamente en la prensa capitalina y en los noticieros de radio y televisión con cobertura nacional.
Pero en el Edomex, donde Peña Nieto sólo gobernará 28 días más, la procuración de justicia ha sido también uno de los puntos vulnerables de la administración del presidenciable priista, en cuyo sexenio desfilaron tres procuradores.
El último, Alfredo Castillo, acaba de ser exhibido públicamente anteayer en un mensaje escrito que la agrupación criminal La Mano con Ojos dejó en el cadáver de un hombre decapitado, cuyo cuerpo colgaba de un puente en Interlomas, en Huixquilucan.
Junto a la cabeza de quien fue identificado como Francisco Antonio, (a) “El Chimuelo” o “El Pancho”, quedó el siguiente mensaje dirigido también al procurador mexiquense:
“Me llamo Pancho, de la 12. Esto me pasó por ser el primer pendejo que creyó que la organización de La Mano con Ojos estaba desarticulada y quise trabajar por mi cuenta. La plaza sigue y sigue cuidada. Atención C. Procurador Alfredo Castillo, queremos de vuelta los 400 mil dólares que se le habían entregado y los 8 cuadros de perico que se robaron. Atte. La Mano con Ojos”, se leía en la cartulina.
La Procuraduría del Estado de México, a cargo de Castillo, se ha visto involucrada también en otro mayúsculo escándalo: el del repudiado allanamiento a la casa del poeta Efraín Bartolomé durante la búsqueda de Osvaldo García, el líder de La Mano con Ojos.
El poeta y otros vecinos, víctimas de este atropello, también fueron robados por los propios agentes de la Procuraduría.
Ante el escándalo mediático, el procurador de Peña Nieto tuvo que salir a dar explicaciones y a prometer que les serían restituidas sus pertenencias a los agraviados. Y así lo cumplió a medias anteayer, pues Castillo se presentó a la casa del poeta para devolverle el valioso reloj que le fue robado durante el operativo policíaco. Sin embargo, el procurador se negó a revelar quién fue el agente que lo sustrajo y qué pasará con él. Pero la esposa de Efraín Bartolomé aseguró que aún faltaba que les regresaran una cámara, una memoria externa y un abrecartas de plata.
Por lo que se ve, en todos lados se cuecen habas. ¿En quién confiar? Al menos en Veracruz, el gobernador Duarte ya advirtió que se aplicará todo el peso de la ley a todos aquellos servidores públicos que por miedo o por interés económico estén coludidos con grupos delincuenciales, y que tendrán que responder a la sociedad por sus malos actos y por la traición a la confianza depositada en ellos.
Esperamos que así sea.