¿Alguien recuerda aquel slogan de “Vamos bien y viene lo mejor” que en la víspera de la sucesión estatal de 2010 promocionó la administración saliente del gobernador Fidel Herrera Beltrán y que luego se agandalló el candidato del PAN, Miguel Ángel Yunes Linares?

Bueno, pues ha trascendido que en materia de combate al crimen organizado la cosa está por ponerse mucho más caliente en la entidad. Y eso lo requetesabe el gobernador Javier Duarte de Ochoa, quien hace dos semanas difundió por radio y televisión un mensaje en el que reafirmó que su gobierno no pactará con ninguna organización criminal y que “en Veracruz no permitiremos que nos roben la tranquilidad y dañen nuestra convivencia”, comprometiéndose a seguir “actuando con firmeza en contra de quienes busquen transgredir o violentar el Estado de Derecho, la paz y la armonía que merecemos como sociedad”.

Es más, anticipándose a lo que está por dejarse venir, el mandatario estatal advirtió de manera clara y directa que “se aplicará todo el peso de la ley a todos aquellos servidores públicos que por miedo o por interés económico estén coludidos con grupos delincuenciales”, a los que dijo también que “tendrán que responder a la sociedad por sus malos actos y por la traición a la confianza depositada en ellos”.

Se presume que desde principios de este mes Duarte de Ochoa tenía ya conocimiento del operativo que se cocinaba en el gobierno federal para “limpiar” a Veracruz de los sanguinarios “Zetas”, el cártel que en número de sicarios –unos voluntarios y otros reclutados a fuerza– supera a todas las otras organizaciones criminales juntas, y que desde hace aproximadamente 9 años se arraigó totalmente en esta entidad al escindirse del Cártel del Golfo y desplazar a otros grupos delincuenciales tras la detención de sus capos, como Albino Quintero Meraz, (a) “Don Beto”, ligado al Cártel de Juárez y al de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el cual fue aprehendido por el Ejército en mayo de 2002 en el puerto de Veracruz, donde operaba desde 1995.

Al parecer, la decisión del Ejecutivo estatal de apoyar con todo a las Fuerzas Armadas en el exterminio de esta banda criminal lo habría motivado el atentado ocurrido hace dos meses, la noche del domingo 26 de junio, contra las instalaciones del Poder Judicial Federal ubicadas en el Arco Sur, de Xalapa, aunque una versión extraoficial asegura que un comando armado habría intentado en realidad “levantar” a Reynaldo Escobar, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en cuyo edificio terminó estrellándose una camioneta pick-up blanca en la que viajaba uno de los grupos de sicarios.

La balacera duró alrededor de 20 minutos y el saldo fue de un policía estatal muerto y otros dos heridos.

Posteriormente, tres días después de esta fallida acción criminal en Xalapa, corrió la versión de que el aún secretario de Seguridad Pública del estado, general Sergio López Esquer, habría sido víctima de otro atentado en el trayecto al aeropuerto de la ciudad de Veracruz. Oficialmente fue desmentida la especie, aunque un escolta del militar retirado murió y su camioneta blindada mostraba varios impactos de armas de alto poder. A su regreso de la ciudad de México, coincidentemente, el compadre del general secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, presentó su renuncia al gobernador.

El combate al narcotráfico en Veracruz en esta nueva administración estatal ha disparado obviamente la espiral de violencia desatada por el cártel de “Los Zetas”, que en el sexenio pasado le atribuyeron inclusive el control de algunas áreas estatales y municipales de seguridad pública, de tránsito y vialidad, y hasta del sistema penitenciario.

Por eso, en su mensaje difundido el pasado miércoles 10, el gobernador advirtió que “se aplicará todo el peso de la ley a todos aquellos servidores públicos que por miedo o por interés económico estén coludidos con grupos delincuenciales”. Y es que el jefe del Ejecutivo estatal expresó que en este tema no podemos autoengañarnos y aludió precisamente a que la delincuencia tiene también raíces y apoyo en diversos sectores de la sociedad: “No podemos cerrar los ojos ante la participación de otros actores quienes se escudan entre empresarios, periodistas, profesionales y otros grupos sociales”, por lo que reiteró que en la lucha contra el crimen todos aquellos que cometan un delito deben asumir las consecuencias legales de sus actos.

El gobernador intuye lo que está por desatarse en Veracruz, pues ha trascendido que la Procuraduría General de la República tiene en la mira también a por lo menos tres alcaldes y a otros funcionarios de diversos municipios de Veracruz, a quienes investiga por sus presuntos vínculos con el cártel de “Los Zetas”.

Según versiones periodísticas, las pesquisas contra funcionarios públicos de municipios veracruzanos se iniciaron a principios de año, a partir de dos denuncias anónimas y de una llamada telefónica privada en la que se escucha la voz de un hombre que se identifica como Heriberto Lazcano, (a) “El Lazca” o “Z-3”, quien supuestamente habla con servidores públicos municipales.

La embestida del gobierno federal contra este poderosísimo cártel asentado en la entidad está por activar una guerra de mayor intensidad a través de la Marina Armada de México, derivada de los secuestros, tortura y ejecución de más de media docena de oficiales y algunos de sus familiares “levantados” presuntamente por “Los Zetas” desde principios de junio de este año en los municipios de Tuxpan, Medellín y el puerto de Veracruz, con el propósito de intimidar a los marinos e inhibir las operaciones en su contra.

Pero, en respuesta, la Armada de México ha establecido aquí su principal centro de operaciones en contra del narcotráfico, movilizando a más de dos mil elementos de infantería y fuerzas especiales que realizan operaciones de alto impacto, principalmente contra este grupo delictivo.
La decisión del alto mando de enviar más elementos a esta entidad, particularmente al puerto de Veracruz y a Xalapa, se debió a que inteligencia naval reportó que los integrantes de “Los Zetas” se movieron del estado de Tamaulipas hacia el sur, luego de los intensos operativos que llevaron a cabo la Armada y el Ejército a raíz del descubrimiento de fosas clandestinas en el municipio tamaulipeco de San Fernando.
Las acciones de la Infantería de Marina se iniciaron hace 15 días en Veracruz y aún se están desarrollando trabajos de inteligencia en la entidad, por lo que en breve podrían darse a conocer los primeros resultados.
Por eso la oportuna advertencia del gobernador.