Si prácticamente estamos en estado de guerra –y, al parecer, todo apunta que así proseguirá por lo menos hasta finales del año próximo, cuando el recién electo Presidente de la República y nuevo Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas decida si regresan o no a sus cuarteles los elementos del Ejército y de la Marina que actualmente combaten en las calles a los cárteles del crimen organizado–, entonces lo más lógico sería que todos: gobernantes y gobernados, nos preparáramos para enfrentar esta crítica situación.
En Veracruz, hace un par de semanas, el gobernador Javier Duarte de Ochoa ya anticipó en un mensaje difundido a toda la entidad, por radio y televisión, que su gobierno seguirá “actuando con firmeza en contra de quienes busquen transgredir o violentar el Estado de Derecho, la paz y la armonía que merecemos como sociedad”.
En este contexto, sin embargo, los medios de comunicación locales no han definido todavía una política informativa clara de cómo ubicarse en este violento escenario sin exponer la integridad personal de sus trabajadores o colaboradores, y sobre todo sin menoscabo de su deber ético de informar con veracidad, sin cortapisas.
Hasta ahora se sabe que a finales de junio de este año, una semana después del alevoso crimen del columnista porteño Miguel Ángel López Velasco y de su familia, el gobernador Duarte de Ochoa convocó en la Casa Veracruz a más de un centenar de directores, editores, ejecutivos y concesionarios de los principales medios de comunicación electrónicos e impresos de la entidad, con los cuales abordó el delicado caso del tratamiento que debería dársele a la información generada por la deleznable acción de la delincuencia organizada.A partir de entonces, en la mayoría de los espacios noticiosos de radio y televisión, así como en los diarios que circulan en las diversas regiones del estado, la información que tiene que ver con hechos de las bandas criminales se ha minimizado o de plano autocensurado.Inclusive, en algunas radiodifusoras del puerto de Veracruz se han suspendido algunos programas o secciones de nota roja, y por razones de seguridad personal alrededor de una decena de reporteros que cubrían la fuente policiaca han tenido que emigrar de la ciudad no sólo a otras regiones del estado o del país sino inclusive al extranjero.
Esto refleja que nadie, ni siquiera los gobernantes locales, estaban preparados para enfrentar esta inédita situación.
El comentario se hace por los hechos ocurridos la semana antepasada en la explanada de la Plaza Acuario del puerto de Veracruz, donde estalló un artefacto explosivo, y el sábado anterior en el Nuevo Estadio Corona, de Torreón, Coahuila, donde alrededor de las 19:40 horas, cuando se jugaba el minuto 40 del primer tiempo del partido de fútbol Santos-Morelia, ráfagas de armas largas sembraron el terror entre unos 20 mil aficionados.
Esto provocó escenas dramáticas que fueron transmitidas en vivo por la televisión en México y Estados Unidos.
Sólo que la situación de pánico que se vivió la noche del sábado 20 dentro del Estadio Corona pudo ser vista en vivo y en cadena nacional a través del Canal 13, de TV Azteca, pero nada más durante ocho minutos.
Cuando la televisora del Ajusco todavía transmitía imágenes de las personas asustadas en la cancha en busca de un refugio por la balacera que se registró afuera del estadio, abruptamente cortó su transmisión para dar paso a un programa de cámara escondida.
En contraste, ESPN2 –canal especializado en deportes que se emite por los sistemas de televisión de paga y es visto en Estados Unidos y Latinoamérica– cortó su transmisión para hacer una conexión en vivo y reportar todo lo que sucedía en el estadio.
A diferencia de la televisora de Ricardo Salinas Pliego –uno de los principales impulsores del famoso Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, firmado el 24 de marzo de este año en el Museo de Antropología por editores de medios impresos y los principales concesionarios y conductores de noticieros de radio y televisión, pero cuyo antecedente se remonta al congreso “Ciudadanía y Medios. Acción Conjunta”, organizado por el gobierno de Veracruz y la Procuraduría General de la República en noviembre de 2009 en Boca del Río, en el que uno de sus principales resolutivos fue que los medios “no otorgarían espacios a los mensajes de los grupos delictivos ni a sus represenantes”–, el canal deportivo ESPN2 mantuvo su cobertura hasta cerca de las 22:00 horas con entrevistas a jugadores y aficionados, además de enlaces.
Exhibida y cuestionada por su autocensura, TV Azteca intentó justificarse este domingo por la noche en su programa deportivo estelar dominical. Sus locutores argumentaron de manera falaz que se decidió suspender la transmisión porque no quisieron incurrir en la apología de la delincuencia.
Pero de ninguna manera se trataba de que les dieran voz o espacio a los delincuentes o que defendieran su acción criminal; lo que los televidentes esperaban en ese momento es que se les informara veraz y ampliamente lo que ocurría en el exterior del estadio.
Después se sabría, por conducto de las autoridades, que no se trató en realidad de un atentado contra el inmueble o de los aficionados que estaban en su interior sino que la balacera fue originada por la persecusión de la policía municipal contra tres vehículos de delincuentes que no quisieron detenerse en un retén.
Con negar la realidad y ocultar información estos medios de comunicación no ayudan mucho a la autoridad que libra una cruenta batalla contra el crimen organizado.
Y es que ahora los vacíos informativos son llenados por las versiones que corren a través de las llamadas “redes sociales”, las cuales han cobrado una gran importancia como medios alternativos de información ante el creciente descrédito de la prensa, radio y televisión por su autocensura en la cobertura informativa de la narcoguerra que no sólo se está dando en Veracruz sino en todo el país.
Cosa de ver, por ejemplo, las reacciones que hubo después del granadazo ocurrido frente al Acuario porteño, donde en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río se ha desatado una sicosis por los mensajes absurdos difundidos por telefonía celular e internet, como esa versión de que el cártel de Los Zetas está por contraatacar a la milicia con unos tanques bélicos conocidos como “monstruos”.