Por Raymundo Jiménez
Columna: Al pie de la letra
Cero impunidad
2011-08-28 | 21:09:50
“Temor y temblor”, como dijera el filósofo existencialista Søren Kierkegaard en su famoso libro, fue lo que sintieron los ciudadanos de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río el pasado jueves 25 de agosto cuando en las llamadas redes sociales (Twitter y Facebook) empezaron a circular versiones de secuestros de niños en las escuelas, de amenazas de bomba y de ataques armados desde helicópteros.
Las redes sociales, que metafóricamente podrían compararse a un pequeño cerillo que encendido y tirado a un pajar puede consumir toda una granja entera, hicieron crecer como bola de nieve la información falsa, generando psicosis y zozobra en la población porteña, poniendo en riesgo a padres, alumnos y maestros que ante el terror hasta los protocolos de seguridad escolar olvidaron.
Según autoridades de esos municipios conurbados, el caos vehicular y los accidentes aumentaron en un 80 por ciento esa mañana y de acuerdo con Erik Manuel Suárez Márquez, líder de la Canaco-Veracruz, los comerciantes tuvieron pérdidas de hasta el 70% por la psicosis generada.
Ese día, entre las 11:00 y 11:30 de la mañana, el gobernador Javier Duarte se dirigía al entronque de la carretera antigua a Coatepec, vía Briones, para dar el banderazo de inauguración de la nueva carretera que se construirá con concreto hidráulico. Muchos reporteros tuiteros que lo esperaban se dieron cuenta de lo que pasaba y vieron cuando @javier_duarte señaló, tal y como lo publicamos el pasado viernes: “Con el fin de sembrar miedo es que se ha venido propagando el rumor que existe algún riesgo en las escuelas, lo cual es FALSO. Todo está en orden”.
Al llegar al punto del evento, la entrevista obligada era justamente sobre lo que pasaba en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y el mandatario fue contundente: “En estos momentos en que estamos combatiendo con toda la fuerza, con toda la firmeza a la delincuencia, no vamos a permitir que encuentran espacio aquellos que con otro objetivo o simplemente por el hecho de divertirse y de hacer una broma utilicen un medio al que cualquiera puede acceder, como las redes sociales, para difundir información que pretende infundir miedo”.
Dijo que como padre de familia entendía perfectamente la preocupación. “Yo soy padre de familia también y cualquier información que de alguna u otra manera nos diga que hay alguna circunstancia de peligro para nuestros hijos nos preocuparía, pero yo les digo a través de los medios de comunicación responsables que en Veracruz está todo en orden y es totalmente falsa la información que circula en redes sociales sobre supuestos atentados en escuelas de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río”.
Al hecho consignado en este espacio el pasado viernes hay que añadir otro tuit escrito por el gobernador ese mismo 25 de agosto: “Ya tenemos ubicado el origen de toda la desinformación de hoy. Quiero informarles que esto tendrá consecuencias legales. Art. 311 (terrorismo)”.
Duarte de Ochoa se refería al artículo 311 del Código Penal para el Estado de Veracruz que a la letra dice: “A quien utilizando explosivos, sustancias tóxicas, armas de fuego o por incendio, inundación o por cualquier otro medio realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios al público, que produzcan alarma, temor, terror en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública o tratar de menoscabar la autoridad del Estado o presionar a ésta para que tome una determinación, se le impondrán de tres a 30 años de prisión, multa hasta de 750 días de salario y suspensión de derechos políticos hasta por cinco años. A quien, conociendo las actividades de un terrorista y su identidad, no lo haga saber a las autoridades se le impondrán de uno a nueve años de prisión y multa hasta de 150 días de salario”.
Por perturbar la paz, por infundir temor y terror en la población fue que las autoridades de la PGJE de Veracruz ubicaron y detuvieron a Gilberto Martínez Vera (@gilius_22) y a María de Jesús Bravo Pagola (@maruchibravo), quien desde dos cuentas de Twitter y una de Facebook hizo eco de estos hechos y lanzó afirmaciones que nada tenían que ver con la realidad.
En su muro de Facebook, Maruchi Bravo escribió tal cual: LOS HECHOS OCURRIERON ASÍ: ESTABAN LOS NIÑOS EN RECREO CUANDO UN HELICOPTERO MUY BAJO MUCHO MUY BAJO. CONFIRMADO Y COMPROBADO. DESDE EL HELICOPTERO DE LA ESCUELA Y LUEGO A CASAS ALEDAÑAS POR LAS CALLES DE CAMPERO, NETZAHUALCOYOTL, ETC. EN LA ESCUELA ADALBERTO JEFEDA LOS DISPARON VINIERON DE LOS HELICOPTEROS.
Los especialistas de las redes que analizaron el caso del pasado jueves 25 aseguran que los mensajes falsos y dolosos iniciaron entre las 11.00 y 11.30 de la mañana desde las cuentas @nadia_gc y @gilius_22 quienes redactaron mensajes falsos.
“Ayer una chica del Cetmar llegó histérica que se levantaron a varios compañeros saliendo de la escuela. Ok. No me lo dijeron, lo vi”, dijo @nadia_gc, colocando el hash #verfollow, que es utilizado por los tuiteros para ubicar mensajes de hechos de violencia.
Casi a la misma hora, @gilius_22, identificado como Gilberto Martínez Vera, señaló desde su cuenta: #verfollow confirmo en la Esc. “Jorge Arroyo” de la Col. Carranza se llevaron 5 niños, grupo armado, Psicosis total en la zona.
Su tuit fue seguido por @pacopre quien preguntó sobre la veracidad y en otro mensaje @gilius_22 señaló: mi cuñada me habló alterada, se acaban de llevar 5 niños de dicha escuela, corrijo ALFONSO ARROYO.
@CM_Sierra02 indicó: “este tal @gilius_22 es un troll no le hagas caso sólo publica pendejadas #verfollow”.
Y de ahí inició el incendio tuitero, generando todo lo que ya sabemos.
Otros redesocialeros como @eloinadiaz informó a @gilius_22: “A ver, la información que a mi me pasaron fue de la escuela Aquiles Serdán y fueron 10 niños”.
El riesgo, el temor, el terror que infundieron bien merecen castigo, tal y como lo estipula el Código Penal del Estado de Veracruz.
Algunos tuiteros se han rasgado las vestiduras argumentando un atentado contra la libertad de expresión. Pero este derecho constitucional, amparado por el Artículo 6° de nuestra Carta Magna, está acotado al establecer que la libre manifestación de las ideas “no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público”.
Así, pues, el hecho de que las autoridades de procuración de justicia hayan decidido proceder penalmente contra Martínez Vera y Bravo Pagola tiene que ver con un hecho de autoridad en un estado en donde previamente el titular del Poder Ejecutivo había advertido a la delincuencia organizada que en Veracruz no hay espacio para la impunidad y que no se permitirá “que nos roben la tranquilidad y dañen nuestra convivencia”.
El riesgo al que fueron expuestos miles de infantes, padres de familia y profesores de la zona Veracruz-Boca del Río no fue menor y debe ser castigado con todo el peso de la ley.
Por cierto, se sabe que Gilberto Martínez Vera, con estudios de Pedagogía, ya había tenido conflictos con la ley por Delitos contra la Salud, según consta en la causa penal 57/2004. Gilius Maximus Veridius, como se lee en su perfil, tendrá que pagar ahora por sus averías tuiteras.
Igual consecuencia deberá enfrentar también Maruchi Bravo, quien a principios de marzo de 2006 se vio involucrada en otro escándalo mediático, cuando cuatro jóvenes fueron sacados de una de sus casas del fraccionamiento Reforma del puerto de Veracruz por supuestos elementos de la AFI y poco después aparecieron muertos en el municipio de Amatlán de Los Reyes.
Bravo Pagola, oriunda de Chacaltianguis, hermana de la famosa actriz Guillermina Bravo y quien laboró como directora de Eventos Especiales de la SEC en la administración del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán, nunca dimensionó que ahora sí su irresponsable uso de las redes sociales la llevarían al reclusorio de Pacho Viejo.
Y es que hace más de un mes, Maruchi había sido señalada por algunos trabajadores de Telever de haber difundido la falsa versión de que dos conductores de noticieros de esta filial de Televisa habían sido “levantados” y ejecutados en el puerto de Veracruz, lo que evidentemente también generó temor e indignación entre la población.

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