Por Raymundo Jiménez
Columna: Al pie de la letra
Los pensionados
2011-09-08 | 21:09:09
Hace unos días se configuró la Alianza Magisterial Veracruzana (AMV), compuesta por cinco agrupaciones sindicales –el Sindicato de Trabajadores de la Escuela Normal Veracruzana (STENV), el SETMAV, el SITTEBA, el SMV y el SETEV–, la cual, coordinadamente con la Coalición de Pensionistas del IPE (COPIPE), convocó a una conferencia de prensa para demandar una reforma a la Ley del Instituto de Pensiones del Estado a fin de modificar su Consejo Directivo, pues entre otras cosas se quejaron de que “no nos sentimos representados y menos por esos dirigentes que se han perpetuado en el cargo”.
A base de ésta y otras manifestaciones de la AMV y del COPIPE, cuyos líderes y miembros han llegado incluso a tomar físicamente las instalaciones del IPE, han logrado por el momento que se le permita a un representante de la Coalición asistir solo como “oyente” a las sesiones del Consejo Directivo que desde hace décadas es controlado por los sindicatos magisteriales mayoritarios del estado, como el SETSE, el FESAPAUV, el SUTSEM y la Sección 56 del SNTE.
Los dirigentes de este movimiento que intenta reformar la Ley del IPE acusan que “no hay información veraz en el Instituto y todo se mueve en una atmósfera de medias verdades”; que “el IVAI (Instituto Veracruzano de Acceso a la Información), en lugar de proceder institucionalmente pareciera solapar los arreglos tortuosos de ese organismo”; y que aún “persisten los problemas y las tardanzas en lo tocante a los préstamos y a determinados trámites importantes para los derechohabientes”.
Sin embargo, hasta donde se sabe, aparte de cubrir su nómina que asciende a 5 millones de pesos, la actual administración del IPE ha cumplido puntualmente con el pago mensual a los 22 mil pensionados –para lo cual destina alrededor de 300 millones de pesos mensualmente–, y de enero a la fecha ha otorgado préstamos a sus derechohabientes por 800 millones de pesos, que para diciembre de este año podrían alcanzar la cifra de 1,500 millones en total.
Pero este problema de la exclusión del Consejo Directivo del IPE de los sindicatos magisteriales minoritarios no es un asunto que se le tenga que endosar a la administración del CP Gonzalo Morgado Huesca, actual director del Instituto, pues este reclamo proviene al menos desde a mediados del sexenio anterior, cuando este organismo público descentralizado era dirigido por Antonio Benítez Lucho, ex secretario particular del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán y actual diputado federal por el distrito electoral de Cosoleacaque, quien en agosto de 2006, ya como Vocal Ejecutivo del Centro de Estudios Municipales, declaró que en su momento él intentó reformar la Ley de Pensiones pero que su propuesta no logró convencer a todos los líderes de los principales sindicatos magisteriales que integran el Consejo Directivo del Instituto.
No obstante, el manifiesto rechazo que en su momento recibió, Benítez Lucho declaró en esa ocasión que esta reforma legal aún era posible.
Ahora, hace menos de 20 días, el representante popular del distrito de Cosoleacaque, junto con el diputado federal xalapeño Ricardo Ahued Bardahuil, se reunió con integrantes de la Coalición de Pensionistas para ver lo relativo al proyecto de modificación a la Ley del ISR que busca exentar de tal impuesto a los pensionados, cuya percepción mensual no exceda los 25 salarios mínimos, la cual ya fue aprobada por la Cámara Baja del Congreso de la Unión y fue turnada al Senado de la República. Pero en esa reunión les pidieron también a los legisladores que intervinieran ante el gobernador Javier Duarte para que se les rinda cuentas del “boquete financiero” que según presumen existe en el IPE, pues la maestra María René Montero Mora denunció que actualmente estarían usando los recursos de la Reserva Técnica. “A lo mejor esto no es nuevo, a lo mejor ya lo hacían cuando usted pasó por ahí”, le dijo al diputado Benítez Lucho, lo que arrancó las risas y aplausos de los presentes. Pero Toño Benítez en su momento no pudo hacer nada como director del IPE y ahora Morgado Huesca también está legalmente maniatado, pues cualquier acuerdo o decisión administrativa que desee tomar la tiene que someter primero a la aprobación mayoritaria de los miembros del Consejo Directivo del IPE, el cual es dominado por los líderes sindicales del FESAPAUV, SETSE, SUTSEM y la Sección 56 del SNTE.
El problema para los líderes y miembros del COPIPE es que para que proceda su demanda de reformar la Ley del IPE tendrían que convencer al grupo legislativo del PRI que actualmente tiene mayoría en la LXII Legislatura local. Solo que en la bancada priista tienen curul Enrique Levet Gorozpe, dirigente estatal del FESAPAUV, y Ernesto Callejas Briones, quien en breve retomará su asiento en la Cámara de Diputados luego de que se elija en unos días a su sucesor en la secretaría general de la Sección 56 del SNTE.

DEUDA AMERICANA

Por cierto, los consejeros del Instituto de Pensiones del Estado han visto bien que la actual administración del IPE haya terminado con las cortesías y otras prebendas que en el pasado se concedían a funcionarios, políticos priistas y hasta a algunos periodistas, las cuales sangraban obviamente las finanzas de las pocas empresas productivas que aún mantiene este organismo público descentralizado.
Por eso, algunos de ellos le están exigiendo cuentas claras al director del IPE, Gonzalo Morgado Huesca, quien no le ha quedado de otra que negarle favores no solo a altos funcionarios del gobierno del estado sino también a algunos de sus viejos amigos.
Ello le ha generado obviamente antipatías, pero por el otro lado le ha dado la satisfaccción de presumir que por primera vez los hoteles “Xalapa” y “Chachalacas” estén operando con números negros o que por lo menos tengan utilidades para pagar los sueldos de sus trabajadores y cubrir sus obligaciones fiscales.
Esta labor no ha sido nada grata, pues ahora, por ejemplo, se sabe que los administradores del hotel del IPE en la capital veracruzana siguen en la penosa tarea de cobrarle a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) una abultada deuda que data desde principios de julio por concepto de hospedaje y consumo de comidas y bebidas de más de medio centenar de músicos, personal y directivos de la Orquesta Juvenil de las Américas, que como se recordará se presentó en un concierto de gala en el Teatro del Estado “Ignacio de la Llave”, el cual resultó memorable por el bochornoso incidente que le costó a Harry Grappa Guzmán salir de la secretaría particular de la Oficina del Gobernador.

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