La Iglesia Católica veracruzana, que ha ido reforzando su credibilidad en temas sociales por el sello que le ha impreso a muchas de sus reflexiones, críticas y declaraciones, puso este domingo en la mesa del debate público el tema de la irresponsabilidad en el uso de las redes sociales, criticó a los tuiteros que el pasado 25 de agosto sembraron el terror y la zozobra en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, y pidió clemencia y benevolencia a las autoridades estatales en el proceso judicial que se les sigue a Gilberto Martínez Vera y María de Jesús Bravo Pagola.
“Apelamos, por lo tanto, a la benevolencia y al buen juicio del Gobierno del Estado para que valore la situación de estas dos personas con objetividad y ánimo propositivo, porque si bien es cierto que se está aplicando la legalidad, también es verdad que las leyes y la justicia están al servicio de los seres humanos”.
En el tradicional comunicado que distribuyen los domingos a los medios de comunicación, la Arquidiócesis de Xalapa que encabeza monseñor Hipólito Reyes Larios, a través del presbítero y vocero José Juan Sánchez Jácome expuso textualmente:
“Nos preocupa la confusión y el caos que se pueden difundir a través de las redes sociales, aunado al hecho de que no tenemos todavía un ordenamiento jurídico que permita tipificar un delito en esta materia. Si bien podemos reconocer la falta que cometen algunas personas alterando el orden público a través de la difusión de rumores infundados, también nos puede quedar la sensación de que se les acuse de manera excesiva y se les apliquen penas que redimensionan la falta cometida.
“Hablando de las redes sociales, la Iglesia, además de animar a los cristianos a remar mar adentro y utilizar estos modernos medios de comunicación, ha llamado la atención acerca de los riesgos que entrañan algunos de estos medios. Se reconocen, por ejemplo, las bondades de las redes sociales, su capacidad para socializar con otras personas y la plataforma que han creado para comunicar pensamientos, sentimientos y reportes de la realidad en tiempo real.
“Sin embargo, también se tienen que considerar una serie de riesgos de los que nos hemos hecho cada vez más conscientes en estos tiempos de inseguridad. Se ha sabido, por ejemplo, del modus operandi de los grupos criminales que se infiltran en las redes sociales para obtener datos de primera mano de las personas que de manera inocente comparten sus generales y los de sus amigos y familiares. Direcciones, nombres, fotos y hasta datos sobre actividades habituales se convierten en materiales valiosos para actividades criminales como el secuestro, la extorsión, la trata de blancas y el abuso de menores, entre otros”.
La jerarquía católica puntualiza también que el caso de sanción a quienes usan irresponsablemente este instrumento de comunicación no es nada nuevo. Refieren, por ejemplo, que a mediados de agosto pasado un ciudadano mexicano fue aprehendido en Madrid, España, acusado de lanzar consignas de tipo terrorista en las redes sociales.
“De su cuenta salieron una serie de comentarios que incitaban a atacar a los grupos opositores a la visita del Papa Benedicto XVI, con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud”.
Al referirse a quienes el mes pasado fueron detenidos y acusados de terrorismo, según lo marca el Código Penal del Estado de Veracruz, la Iglesia Católica comenta que “evidentemente como cristianos no estamos de acuerdo con aquellos que, al mentir, alteran la paz y la tranquilidad de nuestros hijos y nuestras familias. Pero tampoco podemos darles el trato de asesinos o terroristas, aunque la ley así lo establezca”.
E inmediatamente anotan que “por este tipo de incidentes hace falta provocar un debate sobre el tema y lograr una definición jurídica, dado que no existe en nuestra legislación una tipificación de este delito”.
Los católicos apelan a la justicia y a la benevolencia, porque creen que “en su justa dimensión, todo castigo o pena debe estar de acuerdo con el tipo de conducta delictiva que se cometa”.
“Por eso sostenemos que a nuestras autoridades les corresponde buscar la equidad al aplicar la justicia y establecer castigos apropiados para conductas diferentes. Si la ley no establece esta diferencia, entonces el Derecho no es justo y, por tanto, nuestros gobernantes deben hacer todo lo necesario para que las leyes se modifiquen, actualicen y mejoren en beneficio de la sociedad”.
Ni hablar, menudo reto lanzaron las autoridades eclesiásticas, sobre todo a los miembros del Poder Legislativo, que son los que finalmente reforman, perfeccionan y aprueban las leyes.
Pero el clero tiene razón. Muchas veces las legislaciones de los estados se quedan a la zaga porque privilegian más la aplicación rigurosa de la letra de la ley que el espíritu de la misma, un espíritu que busca una mejor convivencia y el desarrollo armónico de la sociedad.
La voz de la Iglesia parece ser oportuna, no sólo porque expresamente ofrecen su apoyo al gobierno estatal que encabeza Javier Duarte de Ochoa en la lucha por garantizar mayores condiciones de seguridad sino también por la observación de la necesidad de tener en la sociedad gobernantes más justos.
“Como Iglesia ofrecemos nuestro respaldo al Gobierno del Estado y esperamos que logre recuperar las condiciones de paz y de convivencia armónica, que son esenciales a este pueblo. El momento histórico que vive nuestra entidad está pidiendo una mayor unidad entre el gobierno y la sociedad”, apuntan.
Pero también precisan que “si la verdad, como dice el Evangelio, nos hará libres, también la clemencia y la magnanimidad nos harán mejores seres humanos y constructores del Reino de Dios”.
SOLIDARIDAD
Desde este modesto espacio manifestamos nuestra solidaridad al licenciado Miguel Ángel Díaz Pedroza y a su familia, los cuales fueron víctimas la semana anterior de un impune atropello en su domicilio particular por parte de un arbitrario comando militar que supuestamente llegó a la capital del estado para brindar seguridad y confianza a la ciudadanía xalapeña.
Si eso le hacen a un reconocido político, que ya fue secretario general de Gobierno, diputado local y federal, presidente del Colegio de Notarios del Estado y que actualmente es secretario ejecutivo del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), ¿qué nos podemos esperar los demás ciudadanos?
¿Para eso les urge al presidente Felipe Calderón y a sus jefes castrenses que el Congreso de la Unión apruebe tal cual su iniciativa de Ley de Seguridad Nacional, en la que se les pretende dar a las Fuerzas Armadas manga ancha para actuar con el pretexto de combatir al crimen organizado? ¡Dios nos libre!