Hace dos meses, a finales de julio, corrió fuertemente por primera vez el rumor sobre la inminente renuncia del procurador Reynaldo Escobar Pérez. Sin embargo, el gobernador Javier Duarte, quien se hallaba de viaje por Brasil, a través de su cuenta de Twitter lo ratificó en su cargo al asegurar que el ex secretario de Gobierno estaba “más firme que nunca”.
Aquella vez, el ex alcalde de Xalapa resistía también una fuerte embestida mediática por sus desafortunadas declaraciones en torno de las ejecuciones de dos periodistas del puerto de Veracruz.
Pero la versión de su presunta salida tomó fuerza porque el titular de la PGJE inexplicablemente estuvo ausente en la conferencia de prensa que el miércoles 27 de julio ofrecieron los secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública, Gerardo Buganza Salmerón y Arturo Bermúdez Zurita –ambos muy cercanos a la confianza del gobernador Duarte de Ochoa–, para anunciar precisamente la coadyuvancia de la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso del crimen contra la periodista porteña Yolanda Ordaz de la Cruz, lo que obviamente dejaba mal parado al procurador duartista y evidenciaba sus precipitadas pesquisas en las que involucraba a la reportera sacrificada con el crimen organizado.
En aquella ocasión trascendió que inclusive Escobar armó tremendo berrinche por haber sido excluido de la conferencia de prensa que por la naturaleza del tema le correspondía a él.
Reynaldo se tranquilizó en cuanto el gobernador Duarte frenó desde Sudamérica los rumores que anunciaban su presunta renuncia, sobre la cual, de hecho, comenzó a especularse a raíz del supuesto atentado del que habría sido víctima la noche del 26 de junio, que según la versión oficial fue un ataque que un grupo de la delincuencia organizada perpetró contra el edificio del Palacio de Justicia Federal ubicado exactamente frente a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Coincidentemente, este presunto ataque fallido en contra de Escobar ocurrió tres días antes del presumible atentado que otro grupo de sicarios del mismo cártel fraguó el miércoles 29 de junio en contra del General Sergio López Esquer, el cual fue oficialmente desmentido también aunque el ex contralor de las Fuerzas Armadas renunció a la Secretaría de Seguridad Pública del estado a principios de la semana siguiente.
Desde entonces, la situación de la seguridad en Veracruz se ha ido tornando crítica. Y todo apunta que los escenarios se irán complicando no solo por el aparente reacomodo de los grupos delincuenciales en la entidad a raíz del relevo gubernamental sino que además el combate al crimen organizado será el principal tema a debatir en la cercana sucesión presidencial de 2012, cuya criticada estrategia y cuestionados resultados le están representando un alto costo político a la administración del presidente Felipe Calderón y a su partido, el PAN.
Este miércoles 28, por ejemplo, al anunciar que el gobierno de Calderón había decidido reforzar la presencia de fuerzas federales en Veracruz, Guerrero y Coahuila, la vocera presidencial Alejandra Sota –quien al igual que su jefe anda muy metida en el proceso interno del PAN para elegir al próximo candidato a la Presidencia de la República– arremetió directamente en contra del mandatario veracruzano al expresar que el gobierno federal censuró la iniciativa que llevó al gobernador Duarte de Ochoa a menospreciar el asesinato de 35 personas en Boca del Río el pasado 20 de septiembre.
La portavoz del gobierno calderonista en materia de seguridad acentuó que los antecedentes penales de quienes murieron no atenúan la gravedad de los hechos. “Si bien es cierto que de la información proporcionada por las autoridades locales se desprende que algunas de las víctimas tenían algún tipo de antecedente criminal, subrayo que para el gobierno federal esa circunstancia no reduce, en forma alguna, la gravedad de estos hechos, ni disminuye nuestro compromiso de llevar a los responsables ante la justicia”, expuso.
Sota informó además que la PGR aún no decidía atraer la investigación ministerial como lo había solicitado la Procuraduría General de Justicia de Veracruz.
Éste fue un doble y duro golpe para Escobar y el gobernador Duarte, pues ambos habían asegurado que todos, las 35 víctimas, entre los que se hallaban un par de menores de edad, un policía de la Intermunicipal y un transexual, contaban con antecedentes penales según lo habían confirmado en los archivos de la propia PGJE y de la Plataforma México del sistema de seguridad nacional.
Pero además, el principal argumento al que recurrió el procurador Escobar para solicitar la atracción de la PGR –negada hasta ahora– de la investigación sobre estas 35 ejecuciones fue echada abajo por la propia vocera del presidente Calderón, quien aseguró que el gobierno federal no tiene indicios de que en el estado de Veracruz o en cualquier otra parte del país existan grupos paramilitares. El grupo armado autodenominado “Mata Zetas”, que en un video subido a Internet se adjudicó las recientes matanzas en Veracruz y anunció su intención de eliminar a Los Zetas que operan en la entidad, serán combatidos por el Estado como cualquier otra organización criminal, afirmó. “Insisto que los indicios que tiene el gobierno federal (apuntan a que) no existen elementos para suponer que éste u otro grupo con esa naturaleza paramilitar exista en México. No existen ningunos indicios de que exista este tipo de fenómeno de grupos paramilitares”, respondió a un cuestionamiento que le hicieron en conferencia de prensa.”Sí hemos señalado de manera subrayada que se trata de delincuentes que pertenecen a un grupo criminal que quiere apoderarse del control de las actividades criminales de otro grupo criminal, en este caso en el estado de Veracruz”. La vocera del gobierno federal en temas de seguridad reiteró que el fenómeno que se vive en Veracruz es de rivalidad delincuencial y no de actividades paramilitares, por lo que será atendido como tal por el Estado mexicano. “Son grupos criminales y por lo tanto deben ser combatidos por el Estado como cualquier grupo criminal; el fenómeno que se vive en Veracruz, como ya lo he mencionado el día de ayer (miércoles 28), es un fenómeno de rivalidad entre grupos delincuenciales y por lo tanto, como tales, deben de ser combatidos”, puntualizó. Para colmo, Reynaldo Escobar, entrevistado anteayer al salir de una reunión con diputadas federales que dan seguimiento a los casos de feminicidios en el país, trató inútilmente de minimizar la situación de violencia que se está dando en el estado, y dijo que “Veracruz está con gran ánimo, entusiasmo, con mucho trabajo, cada quien ocupado en sus tareas, y quienes están ocupados en el análisis de estas situaciones son los medios (de comunicación)”.
Para sustituir a Escobar se menciona a Jorge Uscanga Escobar, actual secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, quien además de haber sido ya procurador de Veracruz al inicio de la administración de don Fernando Gutiérrez Barrios (1986-1988) es un político priista muy cercano al grupo del diputado federal mexiquense Emilio Chuayffet Chemor, quien preside actualmente la mesa directiva de la Cámara baja del Congreso de la Unión y es uno de los principales operadores políticos del ex gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, fuerte aspirante presidencial del PRI para el 2012.
El sacrificio de Reynaldo era, pues, improrrogable según el “Compromiso por la Prosperidad” que Peña Nieto y el gobernador Duarte pactaron a principios de septiembre en Xalapa con el “hermanamiento” de las capitales del Estado de México y Veracruz.
Y es que Veracruz, por ser la tercera entidad con el mayor padrón electoral del país –después del Edomex y el Distrito Federal–, será un estado clave para que Peña y el PRI recuperen la Presidencia de la República el año próximo; intento que no será fácil porque con el pretexto de la inseguridad Calderón sigue militarizando el territorio veracruzano, cuyos operativos no han resultado tan efectivos y solo seguirán fomentando la psicosis y el pánico entre la población.