Como ya se había expuesto aquí, lo de los 35 cadáveres depositados la semana anterior sobre el transitado bulevar “Adolfo Ruiz Cortines” de Boca del Río no sorprendió por su número a los más acuciosos analistas –pues fue superior el hallazgo de los 72 migrantes centroamericanos masacrados en agosto de 2010 en el municipio de San Fernando, Tamaulipas; o los 52 fallecidos en el atentado al Casino Royale, de Monterrey, Nuevo León, hace un mes–; sino que en realidad lo que más los intrigó fueron las aparentes facilidades que recibieron los autores de este masivo crimen para trasladar sin mayor problema tal cantidad de muertos hasta ese sitio donde se había montado un fuerte dispositivo de seguridad, ya que estaba por realizarse en esa zona hotelera la reunión nacional de procuradores y tribunales estatales.
De esto tendría que dar alguna explicación el teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, actual subsecretario B de Seguridad Pública con sede en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, cargo al que llegó el 4 de febrero de este año en un enroque con Remigio Ortiz, el recién designado director de Prevención y Readaptación Social, quien hace más de siete meses lo sustituyó como titular de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en la que el militar solo duró menos de dos semanas.
Antes de su arribo a Veracruz, el teniente coronel dirigió la Policía Ministerial Estatal de Sinaloa, de donde es nativo Joaquín “El Chapo” Guzmán, a cuyo cártel le atribuyen ligas con los presuntos grupos paramilitares que actualmente en la entidad habrían desatado una guerra de exterminio contra los Zetas, sus más odiados rivales.
Hace 18 años, el 9 de junio de 1993, Hernández Soto viajó a los límites con Centroamérica por “El Chapo”, quien había sido capturado en Guatemala y entregado en la frontera de Chiapas a las autoridades mexicanas.
En el interrogatorio que se le realizó durante el vuelo del avión de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) hacia el aeropuerto de la ciudad de Toluca, Estado de México, el capo del cártel de Sinaloa no solo vinculó con el narcotráfico a funcionarios policíacos sino que también habría mencionado los nexos de sus más acérrimos enemigos, los hermanos Arellano Félix, líderes del cártel de Tijuana, con otros prominentes políticos que presuntamente les brindaban protección, entre ellos el entonces gobernador panista de Baja California Norte, Ernesto Ruffo Appel, que históricamente fue el primer gobernante estatal surgido de las filas de la oposición y que luego se desempeñó como comisionado para la Frontera Norte durante la presidencia de Vicente Fox, en cuyo inicio de su administración coincidentemente se fugó Guzmán Loera.
El último capítulo de esta historia que empezó el 24 de mayo de 1993 con la muerte del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en el aeropuerto de Guadalajara se abrió el 20 de enero de 2001, cuando se hizo pública la huída del “Chapo” Guzmán del penal federal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. El expediente continúa abierto, pues el narcotraficante aún sigue prófugo a diez años de su sospechoso escape.
La confesión inicial contiene los primeros informes que dio “El Chapo” Guzmán a las autoridades de inteligencia militar. Según versiones periodísticas basadas en documentos militares desclasificados hasta el año 2002, también existiría un texto similar en los archivos de la Procuraduría General de la República, por encontrarse funcionarios de la PGR en aquel vuelo rumbo a Toluca. El oficio número 1387 con las declaraciones iniciales del jefe del cártel de Sinaloa consta de cuatro cuartillas y está fechado en el Campo Militar Número 1-A y se encuentra dirigido al procurador general de Justicia Militar, el general brigadier y licenciado Mario G. Fromow García, quien ocupó el cargo de 1991 a 1994. En la parte superior del oficio de la Procuraduría General de Justicia Militar destaca en la parte superior derecha de su primera página la siguiente leyenda: “Asunto: Informa sobre el interrogatorio a Joaquín Guzmán Loera (a) ‘El Chapo Guzmán’.” La última página tiene tres firmas, la del general de brigada Guillermo Álvarez Nara, bajo la cual se asienta el número 488607, jefe de la Policía Judicial Militar, quien cuatro años más tarde –el 2 de noviembre de 1997– fue designado director general de la Policía Judicial Federal (PJF) por el entonces procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar; además aparecen como testigos de asistencia el teniente coronel Enrique Soto Padilla y el mayor Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, los dos de caballería. En un primer momento, el interrogatorio se centró en la balacera del 24 de mayo de 1993 donde fue asesinado el cardenal Posadas Ocampo; “El Chapo” Guzmán detalló cómo logró llegar “arrastrándose de rodillas hasta la sala del aeropuerto, confundiéndose entre la gente, mientras le disparaban ráfagas de metralleta” y escapar así de la emboscada que le tendieron los hermanos Arellano Félix.
El capo relató cómo se refugió en la ciudad de México, en la casa de su administrador Martín Moreno Valdez, y cómo “en Toluca hizo contacto con un comandante de apellido Gómez” destacado en San Luis Potosí, quien lo llevó en una camioneta Suburban a San Cristóbal de las Casas y luego a Ciudad Cuauhtémoc, Chiapas. En ese lugar se encontraba su contacto Manuel Castro Meza, enlace con el teniente coronel del ejército guatemalteco, Carlos Humberto Rosales, quien ayudaría a “El Chapo” y sus acompañantes en ese país. Sin embargo, el 8 de junio de 1993 “fue traicionado por el citado teniente coronel, quien se apoderó de un millón 200 mil dólares que llevaba, entregándolo el día de hoy (9 de junio de 1993) a las autoridades mexicanas”.
Durante el interrogatorio, “El Chapo” Guzmán reconoció que trabajaba para el cártel de Cali y dijo además que “hace aproximadamente tres años (en 1990), en una visita que hiciera a Miguel Félix Gallardo en el Reclusorio Sur (de la ciudad de México), conoció al licenciado Federico Ponce Rojas (subprocurador de la PGR durante la gestión de Ignacio Morales Lechuga) y al comandante Gómez” y que “el licenciado Ponce Rojas le indicó que el comandante Gómez iba a ser su contacto”. Además, el detenido sostuvo “que al licenciado Federico Ponce Rojas le daba un millón de dólares cada dos meses cuando había entregas de cocaína o marihuana para que lo protegieran en sus actividades”, como narcotraficante. Tras la balacera en Guadalajara y la muerte del cardenal Posadas, según se asienta en el citado oficio de la inteligencia militar, Guzmán Loera aseguró que fue el mismo comandante Gómez quien “le consiguió documentos falsos para que pasara junto con sus acompañantes a Guatemala”.
Sin embargo, la versión pública acerca de lo declarado por “El Chapo” fue otra. Al presentar su declaración ministerial, Guzmán Loera “ya no se refirió ni quiso hablar de los actos de corrupción”, según consigna el ex procurador Jorge Carpizo en su libro “Asesinato de un cardenal: ganancia de pescadores”. A partir de entonces, el narcotraficante dejó de mencionar la entrega de sobornos al subprocurador Ponce Rojas y al gobernador Ernesto Ruffo, y a su hermano Claudio en sus siguientes declaraciones, aunque ratificó que entregaba millones de dólares a los comandantes de la PGR destacados en Sonora, José Luis Larrazolo; Mexicali, Cristian Peralta; y en Guadalajara, Guillermo Salazar.
Sobre la reticencia de “El Chapo” Guzmán a declarar sobre los niveles de penetración de su organización delictiva en la PGR, en el capítulo 5 del libro presentado en mayo de 2002 por Carpizo y su coautor, el periodista Julián Andrade, se establece con información proporcionada por fuentes del más alto nivel de la Secretaría de la Defensa Nacional, que “los militares intentaron hacer contacto con ‘El Chapo’ en la cárcel, para confirmar los datos que había proporcionado en el avión y que podían significar una hecatombe. El frío de Almoloya (de Juárez) y los grandes muros de concreto le hicieron cambiar de opinión: terminó diciendo que un ex funcionario le leyó la cartilla y que mejor ahí lo dejaba”.
De esto ha de saber mucho el teniente coronel Hernández Soto, quien además como subsecretario B de Seguridad Pública debió tener acceso a los videos de las cámaras instaladas sobre el bulevar boqueño donde hace una semana los autodenominados “Mata-Zetas” trasladaron y dejaron tendidos sin mayor problema los 35 cadáveres.