Cuenta el columnista Carlos Jesús Rodríguez, fundador del portal de internet “gobernantes.com”, que días antes de asumir la gubernatura del estado, el entonces gobernador electo Javier Duarte de Ochoa le comentó sobre algunos nombramientos que realizaría en su gabinete.
“Ciertos nombres ya eran conocidos para la opinión pública, pero de otros se dudaba y el futuro mandatario prefería el hermetismo. Cuando se le cuestionó en torno a quién ocuparía la Procuraduría de Justicia, Duarte pidió calma, y argumentó que todo en su momento”, relata el autor de la columna política “Por si acaso”.
Pero ante su insistencia, el periodista refiere que Duarte terminó por soltarle el nombre de Reynaldo Escobar Pérez, a la sazón secretario general de Gobierno.
“¿Reynaldo Escobar? Pero… ¿por qué Reynaldo?”, le preguntó sorprendido el comunicador, quien recibió de Duarte la siguiente respuesta: “porque necesito un gabinete de guerra”.
Ello parece explicar por qué Escobar Pérez, a pesar de tantas críticas y cuestionamientos por su polémico desempeño y muy pobres resultados, continúa a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Y es que Duarte ya intuía lo que estaba por venírsele encima no solo por el perfil pendenciero de algunos actores políticos que le disputaron la gubernatura en las elecciones locales de 2010 sino también por la ruda contienda que él y otros gobernadores priistas preveían para la sucesión presidencial del año próximo.
Sin embargo, lo que algunos dudan al interior del propio gabinete duartista es si a estas alturas Escobar es tan útil y eficaz como Duarte esperaba para resistir y enfrentar con éxito las embestidas de sus enemigos políticos.
El problema de Duarte es que tampoco, al parecer, tendría muchos candidatos entre los cuales elegir a uno mejor para realizar la función que actualmente desempeña Reynaldo y que no es estrictamente solo la de procurar justicia.
El gobernador Duarte tiene cerca, por ejemplo, a dos jóvenes colaboradores que ya se desempeñaron el sexenio pasado como subprocuradores.
Uno es el cordobés Marco Antonio Aguilar Yunes, su compadre, quien obviamente goza de su absoluta confianza. Precisamente por esa relación familiar era el candidato que originalmente más se mencionaba para ser el titular de la PGJE. Sin embargo terminó por nombrarlo secretario de Trabajo, Previsión Social y Productividad. ¿Por qué? Unos argumentan que Duarte no lo quiso exponer en un cargo tan riesgoso. Y es que hace tres años, amenazado por el crimen organizado, Aguilar Yunes tuvo que recurrir al entonces subsecretario de Finanzas para que intercediera ante el gobernador Fidel Herrera Beltrán a fin de que autorizara su traslado de la Subprocuraduría regional del Puerto de Veracruz a la capital del estado.
El otro joven duartista que en caso de que así lo decidiera el Ejecutivo estatal también tiene el perfil para reemplazar a Escobar en la PGJE es José Tomás Carrillo Sánchez, quien precisamente en 2008 sustituyó a Aguilar Yunes en la Subprocuraduría porteña. Carrillo, quien es diputado federal con licencia, acaba de ser removido de la Secretaría de Agricultura luego de los insistentes rumores que desde hace medio año anticipaban su salida de la Sedarpa. Actualmente despacha como coordinador de asesores del gobernador.
¿Por qué ninguno de ellos, tan cercanos al afecto y la confianza del mandatario veracruzano, fue elegido inicialmente para desempeñarse como procurador? ¿Por qué ahora, ante el evidente desgaste al que ha sido sometido Reynaldo Escobar, el gobernador no ha optado aún por sustituirlo?
Duarte lo dijo en su momento: “necesito un gabinete de guerra”. Y literalmente, en Veracruz, con el pretexto del combate al crimen organizado el gobierno federal en poder del PAN ha arreciado la embestida militar y mediática con un alto costo político para la administración del gobernador priista, cuyo principal funcionario damnificado es precisamente el procurador Escobar.
Quizá en el 2012, una vez definida la elección federal de julio próximo, las turbulentas aguas de la sucesión presidencial se apacigüen y entonces sí el gobernador Duarte considere pertinente hacer ajustes en esta vulnerable área de su gabinete donde para entonces tal vez ya no necesite más los servicios de Reynaldo, el “guerrero”.

¡VAYA REVIRE!

La que inmediatamente salió en defensa del titular de la Sefiplan, Tomás Ruiz González, es la empresa Exciting Games, la cual afirmó que es totalmente falso que el funcionario duartista esté ligado a ésta, tal como afirmó el pasado viernes la diputada perredista Lizbeth García Coronado.
Exciting Games presentó una acta de asamblea para demostrar que el ingeniero Tomás Fernando Ruiz Ramírez, padre del secretario de Finanzas y Planeación, dejó de ser accionista del grupo desde el 4 de julio por así convenir a sus intereses.
Dicha compañía, integrada por inversionistas con capital mexicano y estadunidense, precisó que es un grupo operador de centros de entretenimiento que opera en el Estado de México, Distrito Federal, Tabasco, Morelos, Puebla y Nuevo León de manera legal y cumpliendo con sus compromisos con todas las autoridades.
“La conducta e intereses de la diputada obedecen a que, como ha sido referido en diversos medios nacionales en las últimas semanas, Lizbeth García Coronado realiza gestiones a favor de un solo permisionario de la industria del juego: el señor José Rojas Cardona, él sí con diversos casinos en Nuevo León”, reviró la empresa.