Cuestionábamos ayer, en este mismo espacio, acerca de por qué el presidente Felipe Calderón no procedió ni ha procedido penalmente contra las autoridades estatales del sexenio anterior, si durante el encuentro con víctimas de la violencia del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y otras organizaciones sociales realizado este viernes 14 en el Castillo de Chapultepec, el mandatario mexicano refirió que durante el régimen pasado Veracruz fue dejado en manos de “Los Zetas” y que el gobierno de Fidel Herrera Beltrán –quien acaba de ser designado secretario regional del CEN del PRI para los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas– ocultó a los muertos y a los secuestrados que allí se registraban para aparentar que no pasaba nada.“Es un tema de apoderamiento de los criminales. Veracruz, que yo creo que se dejó en manos de Los Zetas (...) No sé si involuntariamente o probablemente, quiero suponer, ¿no?“Pero, en el momento en que (los narcos) se apoderan de un territorio, por más que puedan hacer un tiempo en que ocultan a los muertos (...) Porque yo no creo esta historia. Los reportes que tenemos de Seguridad Pública –lo recordarán otros compañeros de la sociedad civil– nos decían que Veracruz reportaba cero secuestros.“Y hace poco oí al ex gobernador (Fidel Herrera) decir que él mismo pagó el rescate de como 16 personas. Entonces, muy loable de su parte, pero como que no checa con los datos que teníamos. Yo no creo que no había antes víctimas en Veracruz. Yo creo que las desaparecían”, acusó el mandatario mexicano en ese encuentro.
Sin embargo, resulta absurdo que a pesar de la sospecha de que en Veracruz falsearon los datos que reportan al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta el momento ningún ex funcionario haya sido acusado penalmente por ello.
Y es que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que está vigente desde el 2009, establece una pena de 3 a 12 años de cárcel para aquellos servidores públicos que falseen los datos que suministran al Secretariado Ejecutivo.
El jueves pasado, por ejemplo, senadores integrantes de la Comisión de Seguridad Pública le reclamaron también al secretario Ejecutivo del Sistema, Juan Miguel Alcántara Soria, el hecho de que varias entidades habían reportado cero asaltos en carreteras, cuando en realidad tienen una alta incidencia en ese delito.
Durante esa reunión de trabajo, Alcántara Soria reconoció que las cifras que le fueron suministradas por las Procuradurías no correspondían a las obtenidas por otras fuentes.
“Es un problema serio que las procuradurías pongan cero o maquillen las cifras”, dijo.
La nueva ley del SNSP, que sustituyó en enero de 2009 a la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública que databa de agosto de 2004, fue pensada, entre otras cosas, para obligar a las entidades a proporcionar la información de manera oportuna y veraz, por ello se estableció un capítulo de sanciones.
Alcántara Soria reconoció en agosto pasado que aún no se ha procedido contra ningún servidor público, pero que la medida existe y puede ser utilizada.
“Y la otra herramienta más drástica es la de denunciar, porque la Ley prevé que las conductas relativas a no dar información o dar información falsa, por un lado, lo mismo desde un policía, que una procuraduría, que mienta sobre la incidencia delictiva, maquille datos sobre incidencia delictiva, eso es delito grave, de acuerdo con la Ley”, indicó.
En el 2010, el gobierno del estado de Veracruz, encabezado por Herrera Beltrán, reportó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que en esa entidad no se registró ningún secuestro; pero la instancia federal estima que hubo en ese estado 53 plagios.
De acuerdo con una gráfica comparativa elaborada por el Secretariado Ejecutivo, la Procuraduría General de Justicia de Veracruz reportó que durante 2010 no inició ninguna averiguación previa por el delito de secuestro.
Sin embargo, con base en otros datos e indicios, el Secretariado calculó que en esa entidad se cometieron el año pasado una tasa de 0.7 secuestros por cada 100 mil habitantes, que da un promedio de 53 plagios.
Entre ese medio centenar de secuestros estarían los de cinco socios de la Coparmex Veracruz que fueron privados de su libertad y cuyas familias tuvieron que pagar los rescates para su liberación.
A principios de septiembre pasado, Luis Alberto Martín Capistrán, presidente de ese organismo empresarial, declaró a un diario de la ciudad de México que los plagios se dieron durante una escalada de violencia en todo el estado.
“El año pasado, en el 2010, la inseguridad otra vez volvió a querer tomar a Veracruz como rehén, es decir, empezaron a darse secuestros, llamadas de extorsión, empezaron a rumorearse que se estaba cobrando el derecho de piso, empezaron a verse vehículos que se estaban robando.
“Todo esto es información que en Coparmex tenemos porque llegó un momento en el que teníamos cinco socios de Coparmex secuestrados, cinco socios. Afortunadamente las autoridades comenzaron a hacer su labor, el Ejército vino aquí a Veracruz, se pusieron las pilas ante el reclamo de la comunidad y como resultado de eso disminuyó el índice de actos delictivos en la ciudad.
“Gracias a Dios (los socios regresaron a sus casas), se pagaron algunas cantidades de dinero importantes, las cuales con eso ya regresaron a sus casas y ya no tuvieron ningún inconveniente”, expresó.
La propia Procuraduría General de Justicia de Veracruz boletinó el 24 de noviembre de 2010 el caso de dos presuntos plagiarios que murieron al enfrentarse a elementos de la Agencia Veracruzana de Investigación (AVI) durante una balacera registrada en Las Minas, municipio localizado en la región montañosa entre las ciudades de Perote y Xalapa.
“Este operativo resuelve varios secuestros que se habían perpetrado”, aseguró en aquel entonces la dependencia a cargo entonces de Salvador Mikel Rivera, actual titular de la Notaría Pública número 36 de la ciudad de Xalapa; una del centenar de patentes notariales que al final de su administración el ex gobernador Herrera asignó a ex funcionarios, amigos y recomendados.