La noche del pasado jueves 13, en Tamós, municipio de Pánuco, un profesor de la Sección 32 del SNTE viajaba con su esposa y dos pequeños hijos a bordo de su modesto automóvil. En un retén militar le ordenaron detenerse pero él se siguió de largo. Los uniformados abrieron fuego y acribillaron a toda la familia. No hubo sobrevivientes.

Este caso, como muchos otros, difícilmente trascenderá a la opinión pública, pues los militares acordonaron de inmediato la zona y los cadáveres y los heridos –los cuales murieron pocos minutos después de ser trasladados a un hospital militar de Tampico, Tamaulipas– fueron movilizados en ambulancias y vehículos propios de la Secretaría de la Defensa Nacional.

¿Se habrá enterado de ello el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, quien al día siguiente, viernes 14, vivió extasiado la magna inauguración de los XVI Juegos Panamericanos, donde fue vitoreado apoteósicamente por miles de asistentes al nuevo estadio de las “Chivas Rayadas” de Guadalajara? Es de suponer que sí debió haber recibido el parte informativo, pues constitucionalmente, como jefe del Poder Ejecutivo federal, él es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.

Ningún contingente militar o de la Marina Armada de México puede movilizarse a ningún estado del país si él no lo autoriza previamente.
Por eso es que Calderón ha salido a defender “vigorosamente” su lucha contra el crimen organizado y ha refutado las críticas que señalan que debió pensar más en cómo librar esa batalla que desde el inicio de su mandato encomendó a las fuerzas castrenses.
El problema de Calderón ahora es que a casi un año de entregar la Presidencia de la República parece estar politizando este delicadísimo tema al abordarlo públicamente más como jefe nato del partido en el poder que como un verdadero Jefe de Estado.
Por ejemplo, en una entrevista difundida este fin de semana por el diario estadounidense The New York Times, Calderón se negó a admitir el fracaso de su estrategia en la guerra contra el narcotráfico y argumentó: “Lo que México necesita son reformas estructurales. Aunque estas no dependen sólo del Presidente. Tenemos un Congreso en el que los partidos o el partido que tienen la mayoría –y que en general se presenta al mundo como modernizador– es aún terriblemente obsoleto en términos económicos”.
Entrevistado por los tres corresponsales en México del rotativo neoyorquino –Randal C. Archibold, Damien Cave y Elizabeth Malkin–, quienes le preguntaron sobre qué cosas hubiera cambiado de su estrategia, el presidente Calderón respondió que él hubiera sido aún más agresivo para reconstruir las policías locales desde el inicio. “Lo hubiéramos hecho de una manera más agresiva, mucho más determinada al comenzar”, dijo.
Sí, pero las policías municipales y estatales dependen de los ayuntamientos y de los gobiernos de las entidades federativas, a los cuales no supo presionar ni se pudo coordinar a tiempo como ahora se observa a casi 13 meses de que finalice su sexenio.
Pero su mayor fracaso ha sido con las corporaciones policiacas adscritas a la Secretaría de Seguridad Pública federal y a la Procuraduría General de la República (PGR) que administrativamente sí dependen en forma directa de él como Presidente, pues ambas han sido desplazadas por el Ejército y la Marina en el combate al narcotráfico a pesar de los miles de millones de pesos que en estos cinco años se han destinado a la SSP que sigue encabezando Genaro García Luna.
Ahora, metido de lleno en el proceso interno de su partido para seleccionar al candidato presidencial del PAN, Calderón no sólo se ha atrevido a asegurar que el PRI estaría dispuesto a pactar con el narco si gana las elecciones de 2012 sino que también ha insinuado el presunto encubrimiento de algunos ex gobernadores priistas a cárteles del crimen organizado.
Este viernes 14, durante el encuentro con víctimas de la violencia del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y otras organizaciones sociales en el Castillo de Chapultepec, Calderón refirió por ejemplo que el sexenio pasado Veracruz fue dejado en manos de “Los Zetas” y que el gobierno de Fidel Herrera Beltrán –quien acaba de ser designado secretario regional del CEN del PRI para los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas– ocultó a los muertos y a los secuestrados que allí se registraban para aparentar que no pasaba nada.
“Es un tema de apoderamiento de los criminales. Veracruz, que yo creo que se dejó en manos de Los Zetas (...) No sé si involuntariamente o probablemente, quiero suponer, ¿no?
“Pero, en el momento en que (los narcos) se apoderan de un territorio, por más que puedan hacer un tiempo en que ocultan a los muertos (...) Porque yo no creo esta historia. Los reportes que tenemos de Seguridad Pública –lo recordarán otros compañeros de la sociedad civil– nos decían que Veracruz reportaba cero secuestros.
“Y hace poco oí al ex gobernador (Fidel Herrera) decir que él mismo pagó el rescate de como 16 personas. Entonces, muy loable de su parte, pero como que no checa con los datos que teníamos. Yo no creo que no había antes víctimas en Veracruz. Yo creo que las desaparecían”, apuntó Calderón en ese encuentro.
La gran interrogante es por qué, si lo sabía, si estaba enterado de esta situación, ¿por qué no procedió penalmente en los cuatro años, de 2007 a 2010, en que coincidió con la administración del gobernador Herrera? ¿O por qué no procede aún ahora si es que al ex mandatario veracruzano deveras le resulta responsabilidad?
En cambio, visiblemente molesto porque el PRI sigue sin aprobarle en la Cámara de Diputados las reformas estructurales en materia de seguridad pública que pretenden darle más poder de acción a las fuerzas castrenses en la lucha contra el narcotráfico, Calderón, cuestionado también sobre las críticas de que a su plan le faltó planeación, respondió así a los corresponsales de The New York Times: “Imagínenme a mí, Presidente de México, esperando 5 o 10 años (para tomar acción) mientras los criminales vienen a tu casa, toman ventaja de tu gente, tomando el control de los gobiernos que quisieran. ¡Es absurdo!”
Sin embargo, en Veracruz no actuó a tiempo ni con esa determinación que ahora tanto presume, pues cómo él mismo lo acaba de admitir públicamente, dejó que “Los Zetas” se apoderaran de esta entidad federativa y que desaparecieran a cientos de personas.
Dado que el Ejército, la Marina, la Secretaría de Seguridad Pública federal y la PGR dependen directamente de él, ¿no habrá incurrido acaso el Presidente en el incumplimiento de un deber legal, dado que la persecución del narcotráfico y el crimen organizado compete directamente al Ministerio Público de la Federación?