El jueves 27 de octubre pasado, decenas de integrantes de la Coalición de Pensionistas del Instituto de Pensiones del Estado (COPIPE) se manifestaron en la Plaza Lerdo de Xalapa para exigir, entre otras demandas, que se publicaran las listas completas de los pensionados, pues señalaron que hay ex funcionarios que se retiraron cobrando hasta cinco o más plazas laborales cuando la ley solo permite una.La manifestación de este grupo de pensionados se realizó después de la filtración en algunos medios de comunicación de ex funcionarios del gobierno del estado y de la Universidad Veracruzana, entre ellos también algunos ex académicos, que cobran jugosas pensiones mensuales pese a que actualmente varios de ellos siguen activos en cargos administrativos del gobierno estatal y de la propia UV.
Según algunas de estas publicaciones, de los 22 mil pensionados del IPE alrededor de mil 500 cobran pensiones altas, pero de estos solo 500 tienen percepciones que van de los 40 mil a los casi 90 mil pesos al mes. 
Entrevistada durante el plantón realizado hace dos semanas frente al Palacio de Gobierno, la profesora jubilada María René Montero, una de las líderes del COPIPE, responsabilizó a los integrantes del Consejo de Administración del IPE –entre ellos a los dirigentes sindicales del FESAPAUV, SETSE, SUTSEM y de la Sección 56 del SNTE, que entre otros son los que tienen voz y voto en la toma de decisiones internas del Instituto– de haber permitido y solapado estas irregularidades.
Y al igual que otros actores que se han manifestado por una reforma integral al IPE y su democratización, este grupo de pensionistas dejó entrever que apoyarían los cambios necesarios pues consideran que el modelo solidario ya fracasó.
Actualmente, los directivos del IPE y representantes sindicales que integran su Consejo de Administración están trabajando sobre un proyecto de reforma que sería puesto a consideración del titular del Poder Ejecutivo del estado para que luego de su visto bueno lo turne al Congreso local.
Sin embargo, la duda que muchos tienen es si se atreverán a recortar las exorbitantes pensiones que desde hace tres sexenios viene cobrando un reducido grupo de ex funcionarios jubilados, pero las cuales, por su desmesurado monto, representa una severa sangría para las finanzas del IPE.
Es muy posible que por razones legales ya no puedan recortarlas, pero lo que sí podrían impedir es que de ahora en adelante este mismo vicio siga repitiéndose en perjuicio del Instituto que en esta administración ha entregado de enero a octubre de este año un total de mil millones de pesos en préstamos a sus 22 mil derechohabientes.
El caso del IPE en Veracruz no es único. En 2003, por ejemplo, cuando Luiz Inácio “Lula” da Silva asumió la Presidencia de Brasil, se topó con un problema similar que lo obligó a cabildear principalmente con los congresistas de su partido la propuesta de ley de la que sería su primera gran reforma estructural: la poda de las pensiones percibidas por los empleados públicos, consideradas desmesuradas y un privilegio sangrante en relación con el resto de asalariados.
El gobierno de Lula quería retrasar la edad de jubilación de los funcionarios, recortar sustancialmente la cuantía de sus pensiones, hasta entonces equiparadas a los salarios, y que cotizaran a la Previsión Social.
En abril de 2003, el ala más radical del PT declaró a Lula su rechazo a la reforma de la Previsión Social porque consideraba que meter mano al sistema de pensiones de los funcionarios era recortar gasto social, y le recordó que él mismo había impugnado propuestas de esa naturaleza durante sus años en la oposición. Las primeras defecciones de diputados petistas descontentos parecían estar a la vuelta de la esquina. Al mismo tiempo, el gobierno encajaba su primera huelga sectorial, convocada por los trabajadores de los organismos públicos federales afectados por la reforma. El presidente, arropado por el PMDB y los gobernadores estatales, replicó que no se podía tolerar una discriminación tan abultada para el 87 por ciento de jubilados que habían trabajado en el sector privado y que cobraban unas pensiones comparativamente muy inferiores, contributivas a la sazón, y que los recortes graduales eran imprescindibles para suprimir el déficit de la Previsión Social, obtener recursos para financiar el programa Hambre Cero y avanzar en la reducción de las desigualdades sociales.
La agitación huelguística de los funcionarios cobró ímpetu en julio, y en agosto los magistrados de Justicia, alrededor de 15 mil, amenazaron con sumarse a los paros mientras ejercían una fuerte presión corporativa para impedir que el gobierno les recortara las nóminas. Confrontado con la minoría parlamentaria por la rebelión de diputados inconformes con las directrices oficiales, Lula, después de asegurar que “ni Congreso Nacional, ni Poder Judicial, solo Dios” podrían frustrar la reformas –una polémica frase de la que luego tuvo que retractarse–, transigió parcialmente con los jueces y les concedió el techo salarial equivalente al 85 por ciento del sueldo de un miembro del Supremo Tribunal Federal, en vez del recorte hasta el 75 por ciento a partir del tope vigente del 90 por ciento.
La otra gran concesión del gobierno de Lula fue respetar las jubilaciones con un monto igual al último salario percibido para todos los funcionarios en activo. De la propuesta original se mantuvieron el recorte de las pensiones de los futuros funcionarios, la fijación de su carácter contributivo y el retraso de la edad mínima de jubilación de los hombres a los 60 años y de las mujeres a los 55. Este proyecto de ley, corregido sobre la Reforma de la Previsión Social, fue aprobado el 6 de agosto de 2003 en la Cámara baja por 358 votos a favor y 126 en contra, dejándolo listo para su sanción por el Senado brasileño.
¿En Veracruz, hasta dónde se atreverán a meter mano para terminar con los privilegios inmorales de los 500 ex funcionarios del gobierno estatal y de la UV que desde los últimos tres sexenios vienen cobrando exorbitantes pensiones ya que les permitieron jubilarse con el ingreso acumulado de hasta cinco plazas laborales o más, algunas de ellas ¡de tiempo completo!?

LIBRO DE V. RIGADA

El próximo jueves 17, a las 18:30 horas en el Ágora de la Ciudad de Xalapa, será presentado el libro “Las palabras de Casandra. Historia del futuro del Estado Mexicano”, del politólogo veracruzano Fernando Vázquez Rigada, quien realizó estudios de posgrado en la Universidad de Harvard.
Esta última obra editorial –pues la primera fue la titulada “Un país para todos: el Sistema Político Mexicano del Siglo XXI”, la cual se encuentra desde el año 2005 en el catálogo de la biblioteca central de esa prestigiada universidad de Boston– será presentada la semana entrante en la capital veracruzana por Juan Antonio Nemi Dib y el doctor Eduardo Andrade Sánchez, actual presidente de la mesa directiva de la LXII Legislatura del estado. El moderador será el comunicador Jorge Faibre Álvarez, actual subdirector de Radio Televisión de Veracruz (RTV).