Entrevistado la mañana de este jueves 16 en el puerto de Alvarado, donde acudió a colocar la primera piedra del nuevo campus de la Universidad TecMilenio, el gobernador Javier Duarte de Ochoa confirmó el exitoso operativo realizado horas antes por cuerpos policíacos del estado en coordinación con las fuerzas armadas, el cual logró la desarticulación de una célula de la delincuencia organizada en la zona norte de Veracruz.
Este golpe al crimen organizado se dio como parte del operativo “Veracruz Seguro”, sumado al esfuerzo coordinado propuesto por la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). Por eso, según explicó el mandatario estatal, la policía veracruzana no solo contó con el apoyo del Ejército mexicano sino también con el de la fuerza de seguridad del estado de Tamaulipas.
Y aunque existen más problemas con la delincuencia que tiene asoladas otras regiones del estado, pero hasta ahora la zona norte sigue siendo la más caliente de todas. Tanto, que estaría por establecerse entre los municipios de Tempoal y El Higo una nueva base castrense, no obstante que en Tuxpan está asentada la 19 Zona militar y en Poza Rica existe un Regimiento de Infantería.
Pero ayer mismo, el general René Carlos Aguilar, comandante de la Sexta Región Militar con sede en La Boticaria, de Boca del Río, declaró que los incidentes a causa de enfrentamientos del crimen organizado aumentaron en el último año y reconoció que la frontera norte de Veracruz, que comprende Pánuco, Poza Rica y Tuxpan, son las zonas donde hay más conflictos. El alto jefe castrense dijo que en lo que va del año han sido detenidos 300 delincuentes por delitos del fuero federal.
Casualmente este miércoles 15, la Secretaría de Marina difundió un comunicado oficial en el que informaba y lamentaba la muerte en el estado de Veracruz de dos efectivos operativos de la Armada que realizaban tareas anticrimen y que fueron torturados y después ejecutados en dos hechos reportados en los municipios de Tuxpan y Medellín.El instituto armado liga las muertes de sus elementos con venganzas del crimen organizado. En un primer hecho, ocurrido el pasado viernes, fue reportado como desaparecido un cabo del cuerpo general de Infantería de Marina y posteriormente fue encontrado sin vida en las primeras horas del día siguiente, en inmediaciones del río Tuxpan, apuntó la dependencia naval en un comunicado.En la misma fecha, añadió la Armada, en la comunidad de Playa de Vacas, del municipio de Medellín de Bravo, en la zona conurbada del puerto de Veracruz, fue hallado el cuerpo de otro marino.Se trata de la pérdida de dos elementos de la Armada de México “cuya labor era desempeñarse en operaciones contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, por lo que resulta inevitable relacionar los hechos con venganzas de grupos criminales, aunque serán las autoridades correspondientes quienes finalmente esclarezcan los hechos”, expuso en su comunicado la Marina.“Ante estos lamentables y reprobables hechos, la institución reitera a la ciudadanía, que actos como esos perpetrados por gente sin escrúpulos, no amedrentarán los esfuerzos que hasta la fecha se realizan para garantizar el Estado de Derecho de los mexicanos, mucho menos constituye una intimidación para continuar en nuestro diario quehacer para el mantenimiento de la seguridad en nuestro país”, concluyó el instituto armado. En el norte del estado la delincuencia está desbordada. Precisamente en Tuxpan fue secuestrado el pasado mes el joven empresario César Ulises Caballero Salas, quien residía en Boca del Río pero el cual figuraba públicamente como socio mayoritario del hotel de clase mundial Isla Tajín Beach River & Resort, un complejo ecoturístico valuado en 150 millones de dólares.
Este hotel, ubicado precisamente en una isla rodeada por las aguas del río Tuxpan y las playas del Golfo de México, acababa de ser inaugurado a finales de marzo de este año por el gobernador Javier Duarte y el presidente municipal tuxpeño Alberto Silva.
Por eso ayer, en el puerto de Alvarado, Duarte de Ochoa reiteró que en Veracruz no hay cabida a la delincuencia y que “hagan lo que hagan, mientras sean delincuentes actuaremos”.
El titular del Poder Ejecutivo del estado afirmó que la aportación de Veracruz ha sido muy significativa en lo que se refiere al combate al crimen, a la delincuencia, a mantener la tranquilidad, la armonía y la paz de la sociedad, y señaló que en materia de seguridad “vamos avanzando”.
El mandatario veracruzano señaló que más allá de las críticas “nosotros tenemos la responsabilidad de velar por los intereses de la sociedad y tenemos que hacer las cosas les gusten o no a muchos”.
Duarte de Ochoa dijo que en materia de seguridad se trabaja todos los días porque la protección a la sociedad es parte de la vida diaria. Y contundente expresó que “el tema fundamental es Veracruz, mi responsabilidad es con los veracruzanos y voy a actuar y voy a hacer todo lo que corresponda a hacer precisamente para responderles a todos los que vivimos en este estado”.El mandatario estatal precisó que el operativo de seguridad en Veracruz es permanente y que la única diferencia con el operativo implementado por la Conago es la comunicación más fluida entre todas las entidades federativas.
REACOMODOS

En la Secretaría de Gobierno hubo reacomodos. En la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, por ejemplo, José Luis Enríquez Ambell fue sustituido como titular de la Unidad Administrativa por Francisco Verteramo, paisano y gente muy cercana a Manuel de León Maza, director administrativo de la Segob.
Enríquez Ambell fue invitado por el secretario Gerardo Buganza Salmerón para darle seguimiento al convenio que recién firmó con Mauricio Audirac, auditor general del Órgano de Fiscalización Superior, para la compilación, sistematización, consulta y actualización del conjunto de disposiciones jurídicas que compete tanto a la dependencia estatal como al ente fiscalizador.

¿SIGUE M. ULISES?

Otro funcionario que presuntamente tendría los días contados es el experimentado abogado sureño Mario Ulises Pereyra Esquivel, quien aún sigue a cargo del Instituto Veracruzano de Defensoría Pública, dependiente también de la Secretaría de Gobierno. Y es que trascendió que el ex síndico del Ayuntamiento de Coatzacoalcos habría cometido el error de promover una demanda civil contra el gobierno estatal por una casa de su propiedad que el sexenio anterior le arrendaba a la Procuraduría General de Justicia del Estado en el antiguo Puerto México.