El justiciero de la UV

El rector de la Universidad Veracruzana (UV), Raúl Arias Lovillo –quien actualmente realiza un viaje de nueve días por España acompañado de la novia en turno, una académica a la que designó en un cargo ad hoc para no separarse casi nunca de ella, y por cuyo desempeño le paga la friolera de 185 mil pesos mensuales, aparte de los 160 mil que devenga su marido oficial–, fue muy criticado la semana anterior por haber convocado el pasado viernes a toda la comunidad universitaria a que “protestemos en silencio durante diez minutos en sus escuelas y centros de trabajo contra la violencia y la inseguridad” existente en el estado.
Y aunque de última hora, el jueves 9 difundió otro comunicado anunciando la suspensión de la protesta, pero finalmente Arias Lovillo terminó encabezando la marcha de protesta que alrededor de 300 académicos y estudiantes de la Unidad de Humanidades de Xalapa sí decidieron realizar al día siguiente para exigir justicia en el caso del homicidio del doctor José Luis Martínez Aguilar, un profesor e investigador de la Facultad de Pedagogía de la UV asesinado hace una semana en el puerto de Veracruz.
A nadie debería sorprender esta pose justiciera del rector, pues ya a finales de marzo de este año, en el homenaje que la Universidad Veracruzana le organizó a la magistrada Emma Rodríguez Cañada por su trayectoria académica en la Facultad de Derecho de la UV, el doctor Arias Lovillo expuso que “si hay una asignatura pendiente en el país, más allá de la desigualdad económica, política y social, es la impartición de justicia”.
Ante magistrados federales y estatales, así como de catedráticos y funcionarios de la Facultad de Derecho de la UV, el rector enfatizó que “es una vergüenza nacional que sea una asignatura pendiente y que en el resto del mundo nos llamen cada vez la atención justamente porque si algo no funciona en México es la impartición de justicia”.
Justamente Arias Lovillo destacó que en esta escuela de la UV se han formado una gran cantidad de abogados, quienes también tienen el reto de contribuir de manera importante a la transformación que exige el país. El rector dijo que precisamente figuras como la de la magistrada Rodríguez Cañada requería Veracruz y México ante un clima creciente de violencia y necesitado de una reforma integral para que la impartición de justicia sea contundente.
Sin embargo, el lamentable problema de Arias Lovillo es de congruencia, por lo que su discurso rayó en el cinismo. Y es que el sexenio pasado el rector fue protagonista de un sonado caso de impunidad, pues maniobró para evitar que se les fincara responsabilidad penal a quienes presuntamente se coludieron en perjuicio del patrimonio de la Universidad Veracruzana, lo que dio pie a que el grupo que desde 1997 controla la Rectoría fuera motejado por sus detractores como “El Cártel de las Lomas del Estadio”.
El último capítulo de este escandaloso caso de saqueo se registró a mediados de 2009, tres días antes de que venciera el plazo para que la H. Junta de Gobierno diera a conocer la terna final de candidatos a la Rectoría, cuando un par de abogados egresados de la UV presentaron formalmente una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) contra quien resultara responsable por el presunto daño patrimonial de aproximadamente 65 millones de pesos ocasionado a la máxima casa de estudios por la rescisión unilateral del contrato de arrendamiento de un lote de 3 mil computadoras que había sido adjudicado en julio de 1999 a la empresa “Automatización y Modernización Industrial, S.A. de C.V.”, la cual en septiembre de 2006 terminó por celebrar un convenio de Cesión de Derechos Litigiosos al despacho “Rodríguez Pasquel Sucesores, S.A de C.V”, para que retomara el Juicio Ordinario Mercantil 1013/2003/IV.
Y es que en noviembre de 2006, al verse jurídicamente perdidos, autoridades de la UV –ya encabezadas desde dos años antes por Arias Lovillo– determinaron negociar con la parte acusadora un convenio de transacción judicial, pago y quita condicionada para terminar la controversia que dio origen al Juicio Ordinario Mercantil sobre rescisión de contrato de arrendamiento que había sido tramitado en el Juzgado Sexto de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el estado de Veracruz.
En lugar de los aproximadamente 107 millones de pesos (ya incluido el Impuesto al Valor Agregado) que reclamaba en un principio la empresa arrendadora del equipo de cómputo, la UV convino en pagar sólo 57 millones de pesos más IVA pero bajo la condición “de desistirse de inmediato” del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia de fecha 31 de octubre del año 2006, dictada en el juicio de amparo indirecto número 490/2006 que se tramitaba ante el Juez del Juzgado Segundo de Distrito del Séptimo Circuito del Estado, y obligándose a liquidar el total de su adeudo mediante un primer pago parcial de 11.5 millones de pesos el día de la firma del acuerdo, el 23 de noviembre de 2006; entregar otros 25 millones de pesos el 30 de enero de 2007, y los 29 millones 50 mil pesos restantes serían prorrateados en 20 pagos mensuales de un millón 452 mil 500 pesos, los cuales fueron liquidados en septiembre de 2008.
En la denuncia penal presentada a mediados de julio de 2009 en la PGJE con atención a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, los abogados Juan Antonio Mendoza Montes y María Candelaria Lión Reyes solicitaban al procurador Salvador Mikel Rivera practicar una indagatoria ministerial contra quien resultara responsable de estos hechos ya que presumían que hubo “falta de probidad” en los servidores públicos de la UV, “cuyos errores o complacencias han sido sumamente costosas para los veracruzanos.”
Y exponían que al no poner la Universidad Veracruzana en conocimiento de las autoridades judiciales el juicio que perdió por la rescisión del contrato de arrendamiento de las computadoras, por ser hechos constitutivos de delitos “exalta la suspicacia obvia del caso (...) porque esa negligencia encierra una violación al artículo 114 de la Ley Orgánica de la UV, que dispone: ‘Si al investigar las faltas de carácter universitario se advierte la comisión de un delito, deberá hacerse la denuncia ante las autoridades competentes, sin perjuicio de que se imponga la sanción prevista por la reglamentación respectiva.”
Sin embargo, en diversas ocasiones el rector Raúl Arias negó reiteradamente que este hecho pudiera tipificarse como un daño patrimonial, y sostuvo que en todo caso ya había sido cosa juzgada porque tanto la Comisión de Honor y Justicia de la UV como el Consejo Universitario determinaron aplicar en noviembre de 2006 “una amonestación” a tres funcionarios implicados y “una enérgica llamada de atención” al ex rector Víctor Arredondo y al ex secretario de Administración y Finanzas, Rafael Murillo Pérez, entre otros, “por las conductas que asumieron y que pudieron poner en riesgo el patrimonio de la Universidad Veracruzana”.
No obstante, el propio dictamen de la Comisión de Honor y Justicia que el mismo Arias Lovillo firmó y que fue sometido a la aprobación del pleno del Consejo General Universitario, incluía testimonios de miembros del Comité de Asesores de la Comisión de Informática de la UV que exhibían al ex rector Arredondo y a los funcionarios del Comité de Adquisiciones por asignar el contrato millonario a la empresa “Automatización y Modernización Industrial, S.A. de C.V.” pese a la advertencia de los especialistas universitarios de que “el tipo de arrendamiento propuesto” no era conveniente para la UV ya que, entre otros señalamientos, cuestionaban que la “empresa carecía tanto de capacidad instalada, infraestructura, equipo propio, capacidad técnica, como de experiencia en el terreno del arrendamiento de equipo de cómputo”.
¿Qué destino tuvo la denuncia penal que los abogados Mendoza Montes y Lión Reyes presentaron a mediados de julio de 2009 en la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, en la que solicitaban al procurador Mikel Rivera practicar una indagatoria ministerial contra quien resultara responsable de estos hechos, ya que presumían que hubo “falta de probidad” en los servidores públicos de la UV, “cuyos errores o complacencias” fueron “sumamente costosas para los veracruzanos”?
Habría que preguntarle al rector Arias Lovillo. Quizá hasta decida convocar a otra protesta silenciosa o encabezar una nueva marcha para exigir “se investigue y se aplique todo el peso de la Ley a los culpables”, tal como lo acaba de demandar públicamente en el caso del “crimen proditorio” cometido contra el profesor Martínez Aguilar, que “ha lesionado profundamente a nuestra comunidad universitaria y a la sociedad veracruzana”.