Como ya se había venido comentando en este mismo espacio periodístico desde hace un mes, anteayer, domingo 29, volvió a cobrar fuerza la versión en los círculos políticos de la ciudad de México acerca de la inminente orden de aprehensión que presumiblemente la Procuraduría General de la República (PGR) estaría por librar en contra de un destacado ex gobernador priista por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
Primero, a mediados de abril –una semana después de que Humberto Moreira, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, se reuniera a comer con algunos generales que veladamente le habrían advertido las consecuencias de que los 237 diputados federales priistas no aprobaran la Ley de Seguridad Nacional que se hallaba “congelada” desde hace un año en la Cámara baja del Congreso de la Unión–, se filtró en algunos medios de comunicación la posible exhibición de los expedientes negros que implicaban a algunos ex mandatarios estatales del Revolucionario Institucional con bandas criminales.
Sin embargo, hace un par de días los focos rojos volvieron a encenderse en el CEN del PRI, pues trascendió que durante una encerrona de más de tres horas, dirigentes nacionales, gobernadores y legisladores federales reunidos en la sede del partido tricolor acordaron cerrar filas y exigir a las autoridades federales que no utilicen investigaciones relacionadas con la delincuencia organizada o la corrupción para golpear al Revolucionario Institucional con fines electorales.
Los mandatarios estatales expresaron su preocupación ante la posibilidad de que se repita el mismo escenario del 2009 con el llamado “michoacanazo”, cuando la PGR aprehendió a presidentes municipales y funcionarios del gobierno estatal previo a las elecciones federales en esa entidad, los cuales, entre 2010 y 2011 todos recuperaron su libertad porque el Ministerio Público de la Federación no pudo comprobarles su presunta implicación con la delincuencia organizada.
“Queremos que el gobierno federal y todas las instancias de seguridad pública se comporten a la altura del tema que manejan. Nosotros creemos que es suicida y que es destructivo de un Estado democrático manipular los temas de la inseguridad con ánimos electorales”, advirtió este lunes el vocero de la dirigencia nacional del PRI, David Penchyna.
“Creemos que ante los ‘quemones’ que han ocurrido en ese tema, como el caso de Michoacán, ya hayan aprendido. Nos parece de la mayor relevancia, y así se dijo ahí (en la reunión), que la aplicación de la justicia, los procesos de persecución, los señalamientos de corrupción, de involucramiento de autoridades con la delincuencia organizada tienen que ser observados y aplicados estrictamente en apego a la ley, porque no deben de tener ni ritmos electorales ni manipulación normativa”, añadió el diputado federal hidalguense.
Luego del encuentro privado, el vocero del CEN del PRI aseguró que la exigencia de los priistas es que se respete el marco legal.
Penchyna reveló que los gobernadores del Revolucionario Institucional expresaron ante el dirigente Humberto Moreira su molestia por el manejo dado a la estrategia nacional de combate al narcotráfico.
Detalló que se quejaron incluso de que el gobierno federal ni siquiera los toma en cuenta para decidir el despliegue de las fuerzas armadas federales en sus territorios, y que además reprobaron los criterios que aplica el Sistema Nacional de Seguridad Pública para evaluar a sus policías y mandos, tanto estatales como municipales.
Penchyna anunció que el PRI exigirá una revisión y hasta el replanteamiento de las acciones de certificación.
“Hay preocupación porque muchos de los criterios de evaluación de los funcionarios, de los policías, los comandantes, son criterios de evaluación, hechos unilateralmente que no tienen lógica y que no sabemos quién los va a evaluar a ellos. Así como se exige la evaluación de funcionarios estatales y municipales, queremos saber si se están haciendo en todos los mandos federales”, expuso el diputado priista.
Los gobernadores del PRI también acordaron con su dirigencia nacional y coordinadores parlamentarios impulsar en el próximo periodo de sesiones del Congreso reformas que permitan a los estados recibir más recursos federales, pues se quejaron de que la Secretaría de Hacienda recurre a mecanismos tramposos para no ejercer el gasto y para retrasar la entrega de fondos a las entidades.
Como ejemplo expusieron que más de 400 obras carreteras han sido canceladas o congeladas por supuestos pretextos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
La versión acerca de la inminente aprehensión de un ex gobernador del PRI ha cobrado fuerza luego de que el PAN anunciara este mismo domingo el rompimiento con la administración del gobernador priista de Aguascalientes, Carlos Lozano, a raíz de la detención del ex candidato del partido blanquiazul a la gubernatura, Martín Orozco.
En este caso, el CEN del PRI dio su respaldo a Lozano, pues en opinión del dirigente Humberto Moreira, el gobernador solo cumplió con ejecutar una orden del Poder Judicial, relacionada con un proceso que se inició contra Orozco desde la pasada administración estatal.“Es una instrucción que surge del área judicial, de una demanda que no se interpuso en esta administración sino en la pasada, se complementó y se giró la orden de aprehensión, se cumplió con una orden que se dio por el área judicial al Ejecutivo, de una demanda que no se puso en esta administración”, explicó el gobernador de Coahuila con licencia.El presidente del CEN del PRI pidió al PAN que en lugar de anunciar rompimientos revise la conducta de sus militantes y candidatos frente a la ley. “El PAN debería estar revisando qué fue lo que hizo este personaje, y revisar con la administración anterior cómo estuvo y cómo se interpuso esta demanda”, expresó Moreira.
Sin embargo, en la élite priista existe el fundado temor de que este hecho vaya a apresurar la persecución contra algún destacado cuadro del partido tricolor, emulando a la antigua Ley del Talión: “ojo por ojo y diente por diente”; aunque aquí se trataría de un ex candidato a gobernador por un ex gobernador.
¿Será? Ya se sabrá, pues las versiones apuntan que la inminente orden de aprehensión sería ejecutada presuntamente por la PGR antes de las elecciones locales del domingo 3 de julio, fecha en que se elegirán gobernadores en el Estado de México y en Coahuila, el terruño del dirigente priista Humberto Moreira, cuyo hermano Rubén es precisamente el candidato del PRI a sucederlo.