Aunque en el área de Seguridad Pública del gobierno del estado se habla de supuestas disputas de poder y de fuertes fricciones personales entre el secretario Sergio López Esquer y el subsecretario Arturo Bermúdez Zurita; además de que a Jorge Uscanga Escobar, secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), le cuestionan su presunta distracción por sus aspiraciones políticas-electorales por una de las dos senadurías de Veracruz que estarán en juego en el 2012, lo cierto es que en esta materia a la administración del gobernador Javier Duarte de Ochoa parece no irle tan mal en su relación y compromisos con la del presidente Felipe Calderón.
Y es que ha trascendido que no obstante que 31 entidades ya firmaron actas de adhesión con el gobierno federal para crear este año al menos un módulo de “Nueva Policía” o “Policía Acreditable”, el esquema impulsado por el régimen calderonista arrancará formalmente sólo en Veracruz y otras 10 entidades del país.
Según informes del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los primeros módulos –debidamente certificados y basados en el modelo de mando único– se instalarán en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Veracruz.
Estas entidades serán las primeras en recibir 30 millones de pesos cada una –330 millones en total–, vía Subsidio para la Policía Estatal Acreditable (SPA), para ir conformando los módulos de 421 elementos divididos en tres unidades: análisis táctico, operación e investigación.
Su acceso a la primera ministración –de las tres previstas en 2011– se debe a que cumplieron una serie de requisitos que marca la ley, como firmar un convenio de colaboración con la Federación en materia de seguridad pública.
De acuerdo con los lineamientos del Subsidio, cualquier entidad podrá recibir hasta 100 millones de pesos, sin embargo, después de la primera entrega se considerará un “fondo concursable”, es decir, que sólo se canalizaría más dinero si cumplen con los avances, metas y requisitos convenidos.
La segunda ministración, de 40 millones, se entregaría una vez que hayan devengado al menos 25 millones del presupuesto inicial y acreditado un avance de 50 por ciento de las metas; mientras que la tercera, de 30 millones, al comprobar un cumplimiento de 90 por ciento de los objetivos y el gasto de 60 millones de las dos entregas anteriores.
El objetivo de conformar este tipo de células “de inteligencia”, similares a las que tiene la Policía Federal, es impulsar un modelo que permita garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.
Así que si el general López Esquer y su subalterno Arturo Bermúdez deveras quieren ayudar al gobernador Duarte en la responsabilidad que el mandatario estatal les asignó en su administración, lo mejor sería que el secretario y subsecretario de Seguridad Pública hicieran a un lado los celos políticos y dejaran atrás las supuestas rencillas personales; mientras que Uscanga Escobar debería definir si está dispuesto a continuar apoyando al mandatario veracruzano desde la Secretaría Ejecutiva del CESP o si de plano se lanza de una buena vez a construir la candidatura priísta al Senado de la República del año próximo.
Y es que el asunto de la seguridad pública será obviamente el principal tema a debatir en la candente sucesión presidencial del 2012. De ahí que el presidente Calderón esté presionando a los gobierno estatales para ir acelerando la certificación de los altos mandos y cuerpos policiacos.
Por ejemplo, al presentar un informe de avances en la Residencia Oficial de Los Pinos, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara Soria, reconoció que el 48 por ciento de los altos mandos de las Policías y Procuradurías estatales no han sido sometidos a los exámenes obligatorios para control de confianza, y que sólo 198 de 376 funcionarios de este nivel fueron aprobados.
Los altos mandos estatales, especificó, son los secretarios de Seguridad Pública, procuradores o fiscales generales, secretarios de Gobierno, secretarios ejecutivos del Sistema Estatal de Seguridad, subprocuradores o vicefiscales, subsecretarios, así como directores de las policías Preventiva y Ministerial.
Alcántara Soria destacó que los estados más retrasados en esta materia son Baja California Sur, Guerrero, Estado de México, Nayarit, Sonora y Yucatán. En un nivel intermedio están Baja California, Chihuahua, Michoacán y Quintana Roo; mientras que aquellas entidades que ya evaluaron a la mayoría de sus altos mandos son Aguascalientes, Chiapas, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas… y ¡Veracruz!
La única entidad del país que ya evaluó a la totalidad de sus altos mandos es Nuevo León, destacó el funcionario.
En tanto, Alejandro Poiré, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, recordó que en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, firmado en 2008, los estados asumieron el compromiso de evaluar a la totalidad de sus altos mandos a más tardar en 2010.
No obstante, ante el evidente retraso, recordó que el presidente Calderón hizo un nuevo llamado a los gobernadores, durante el mes de marzo, a convertir a abril en el mes de la certificación para cumplir con el objetivo trazado. “No hay pretextos ni excusas para incumplir la ley y la palabra empeñada. Las circunstancias nos exigen todo lo contrario, avanzar más rápido, coordinarnos mejor, dejar nuestras diferencias y sumar resultados”, exhortó Poiré, quien advirtió que “la implicación de no concretar los esfuerzos necesarios en establecer instituciones estatales de seguridad y procuración de justicia que funcionen efectivamente en la prevención y persecución del delito, es abandonar a los habitantes a la voluntad criminal”.
Y es que en el informe de Alcántara Soria se evidenció, por ejemplo, que sólo han sido certificados 17 de 29 secretarios de Seguridad Pública, 22 de 32 procuradores o fiscales generales, ocho de 32 secretarios de Gobierno, 92 de 159 subprocuradores y 21 de 50 subsecretarios de seguridad.