Ayer, jueves 12, la Secretaría de Gobernación dio a conocer a través de un boletín oficial la destitución de los delegados del Instituto Nacional de Migración (INM) en siete entidades del país, entre ellos el de Veracruz, Humberto Alessandrini Mojica, quien todavía en enero de 2009 andaba buscando trabajo por internet.
“Busco un ambiente de trabajo estimulante y profesional. Por mi formación profesional me gustan los retos, la lealtad y la disciplina, no tengo problema con el trabajo bajo presión. Tengo facilidad para viajar, y para las relaciones públicas…”, anunciaba en su perfil este ingeniero constructor que ahora anda en los 46 años de edad, quien preferentemente pretendía emplearse en los estados de Nuevo León, Jalisco, Veracruz o México, y en específico en el Sector Gobierno, Defensa o en el ramo de la construcción, su especialidad, en la que aseguraba tener una experiencia de tres lustros.
Desde ayer, Alessandrini ha quedado fuera del INM. Y barato le va a salir si no le fincan responsabilidad penal o administrativa, pues su fulminante destitución –a la par de la de los delegados de Tamaulipas, Tabasco, Oaxaca, Estado de México, San Luis Potosí y Quintana Roo– se dio luego de que un grupo de 120 migrantes nacionales y extranjeros denunciaron que agentes migratorios, presuntamente coludidos con sus jefes, los detuvieron en la carretera y los entregaron a grupos armados de la delincuencia organizada que los mantuvieron varios días en cautiverio.
Pero ya desde el pasado 26 de abril, el agente federal de Migración, Guillermo Rodríguez Uriza, en conferencia de prensa había expuesto una serie de irregularidades que se venían dando en la Delegación del INM en Veracruz.Acusó directamente al delegado Alessandrini y al subdelegado Carlos Joel Galván de presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias y abuso de autoridad.
Rodríguez Uriza, con 19 años de trabajo en el Instituto, exigió en esa ocasión la destitución de su alto mando a causa de su presunto mal desempeño al frente del INM, pues lo acusó de cometer graves irregularidades, incluso penadas por la ley. Mencionó, por ejemplo, la supuesta fuga de indocumentados que habrían sido detenidos en la región del puerto de Veracruz y en la Cuenca del Papaloapan.
“Desde que Alessandrini tomó el cargo al frente del Instituto ha hecho un cacicazgo, ha cometido delitos entre los que se encuentran fuga de ilegales, y tráfico de influencias al permitir el ingreso de prostitutas y gente de mala reputación”, acusó el agente federal, quien exigió públicamente la intervención de la oficina central del Instituto Nacional de Migración, a fin de que investigara al delegado en Veracruz y le practicara exámenes de confianza y control.
El tema migratorio ha comenzado a dar mucho de qué hablar respecto a la entidad y no se descarta que ante la encarnizada lucha por el poder que se dará a raíz de la sucesión presidencial de 2012, este espinoso asunto pudiera significar el final de las aspiraciones políticas de algunos destacados personajes priistas como el ex gobernador Fidel Herrera Beltrán, quien este jueves volvió a ser señalado directamente por el sacerdote Alejandro Solalinde, director del Albergue Hermanos del Camino, de Ixtepec, Oaxaca, de estar implicado en la desaparición de cientos de migrantes centroamericanos que cruzaban por Veracruz.
Entrevistado por varios medios de comunicación de la ciudad de México, el presbítero advirtió que en el estado de Veracruz podrían encontrarse más fosas clandestinas con cuerpos de migrantes secuestrados por el crimen organizado de las que se han descubierto en el norte del país. 
Al destacar que esta entidad es paso obligado de quienes pretenden llegar a Estados Unidos, el activista señaló que existen testimonios de víctimas que refieren  la complicidad de las distintas corporaciones policíacas y del Instituto Nacional de Migración con bandas delictivas. 
Incluso mencionó que se ha denunciado ante la Secretaría de Gobernación y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del posible vínculo del ex gobernador Herrera Beltrán con los plagios. 
“Yo fui testigo de un testimonio muy importante que se entregó directamente al CISEN, directamente a Gobernación. Ese informe hablaba del involucramiento de Fidel Herrera en los secuestros y de un tal comandante ‘Jimmy’ de la Policía Federal como cerebro, como cabeza de los secuestros en toda esa zona de Tabasco y Veracruz. Cosas muy concretas. Inclusive, preguntaron si a mí me habían sentenciado a muerte y esa persona dijo ‘sí’, y dijo cuándo y yo recordé perfectamente esa amenaza de un Zeta”, declaró el sacerdote a un noticiero radiofónico capitalino. 
Entrevistado al término de una conferencia de prensa en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el padre Solalinde manifestó su preocupación, según los testimonios que ha recabado, de que se están instrumentando nuevos métodos para deshacerse de los cuerpos de migrantes asesinados. “Lo que pasa es que ahora están desapareciéndolos con mejores técnicas. De hecho no hay que olvidar que allá en Veracruz empezaron la técnica de los tambos de 200 litros de ácido de desaparecer; los migrantes sobrevivientes narran que hace unos tres años, dos años, los echaban a unos laguitos con lagartos y se los comían; otros narran que vieron cómo echaban en un pozo a un cuerpo”, relató.
Sobre la complicidad de las autoridades con los grupos del crimen organizado con estos secuestros, el sacerdote calificó al INM como una extensión de la Patrulla Fronteriza pero al estilo mexicano, por lo que manifestó que dicho organismo debería desaparecer ya que es muy sospechoso que tras los operativos para asegurar a los indocumentados, automáticamente se registran secuestros masivos. 
El presbítero acusó que la colaboración de los agentes del INM y la Policía Federal en estos hechos se da en toda la ruta que sigue el migrante por el país, pero insistió en que el punto más peligroso es Veracruz, donde se estima que ocurre la tercera parte de los plagios masivos.
No es la primera vez que el padre Solalinde señala directamente a Herrera Beltrán. Ya en enero de este año había hecho los mismos señalamientos en contra del ex mandatario veracruzano, lo que le valió una embestida de varios diputados locales y líderes del PRI estatal, así como de algunos colaboradores del gobernador Javier Duarte, entre ellos el secretario de Desarrollo Social, Marcelo Montiel.
El revire de los priistas fue tan intolerante, que el escritor y periodista de origen veracruzano Ricardo Ravelo Galó, de la afamada revista “Proceso”, advirtió a principios de febrero en Xalapa que la seguridad del presbítero estaba en riesgo por sus señalamientos en contra de los ex gobernadores priistas de Veracruz y Oaxaca, y declaró que el presidente Felipe Calderón tenía la obligación de brindarle protección para evitar “la crónica de una muerte anunciada”.