LA ‘JUSTICIA’ DE FIDEL

En su último artículo periodístico que publica cada semana, el ex gobernador Fidel Herrera Beltrán se refiere a la crisis que actualmente vive el país y que el sociólogo estadunidense Francis Fukuyama denomina “capital social”, a través del cual toda comunidad organizada propicia la cooperación y los lazos de solidaridad entre los individuos que la integran, lo que con frecuencia redunda en altos niveles de confianza en las instituciones políticas y órganos de gobierno.
“En este terreno hay mucho que mejorar en el país, sobre todo en lo que tienen que ver con el acceso a la justicia”, afirma Herrera Beltrán, quien apunta que “el aclamado documental ‘Presunto culpable’ ilustra muy bien esta situación”, ya que “retrata con nitidez la experiencia trágica y de indefensión que un ciudadano común puede confrontar dentro de un sistema procesal penal obsoleto”.El ex mandatario veracruzano menciona que en 2007 la organización no gubernamental Transparencia Mexicana estimó que se realizaron 197 millones de actos de corrupción, muchos de los cuales se originaron durante el procedimiento penal subsistente. “Lo anterior –comenta Herrera–, comprueba la existencia de un déficit fundamental de capital social y de instituciones que, lejos de propiciar la cooperación, generan espacios para la corrupción y colusión de servidores públicos en perjuicio de los ciudadanos”.
El ex gobernador afirma que es por esa razón que el nuevo procedimiento penal acusatorio y oral es una de las reformas constitucionales que más interés ha despertado en los últimos años, constituyendo uno de los retos más importantes del sistema político mexicano. Y cita que dicha reforma constitucional al sistema procesal penal fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de marzo de 2008, en cuyos artículos transitorios se estableció, a partir de esa fecha, “un periodo de ocho años para dar plena vigencia a la reforma, preparar al sistema de justicia en México para dotarlo de los espacios, recursos humanos y financieros, que hagan posible el cambio de paradigma en la resolución de los asuntos de orden penal”.Es más, Herrera Beltrán presume que “como ha ocurrido en otras ocasiones, la reforma federal fue posterior al esfuerzo que ya algunas entidades federativas habían realizado al respecto. Tal es el caso del Estado de México, Chihuahua, Oaxaca y Veracruz; en este último estado incluso se publicó la reforma referente a los juicios orales desde el 2 de agosto de 2007, lo que ha permitido que hoy cuente con 21 salas equipadas para realizarlos”.
Sin embargo, el ex mandatario estatal reconoce que “pese a los avances, el proceso de cambio es aún lento y desigual entre entidades federativas. Tampoco escapa a las resistencias de un modelo penal anclado a intereses que prefieren mantener el estado actual de las cosas.”“Por tanto –concluye–, el modelo de juicios orales requiere también pensar en una dimensión de cultura política para renovar la conciencia social democrática. Una estrategia gubernamental clara, incluso desde las redes sociales, podría ayudar mucho a alcanzar esa meta. También implica acelerar las modificaciones en los contenidos académicos de las escuelas y facultades de Derecho, con objeto de asimilar el nuevo procedimiento y preparar a los futuros abogados a litigar de manera oral. Lo mismo se puede decir para los jueces y magistrados que deberán atender los casos”.Fidel Herrera añade que “habrá que enfatizar también el papel de los ministerios públicos y las policías ministeriales, de modo que hagan de la investigación científica un soporte fundamental para presentar evidencias y elevar la probabilidad de que los infractores de la ley penal sean sancionados y se garantice la protección de las víctimas”.En síntesis, el político cuenqueño resume que “refundar nuestro sistema judicial significa fortalecer la cultura de la legalidad y el estado de derecho. Lograr que la balanza de la justicia encuentre su equilibrio a favor de la equidad, la imparcialidad y la transparencia”.“Mejorar la capacidad del estado para impartir justicia sin distingos y de manera eficiente, será el mejor acierto que habremos de tener para restituir el tejido social, la convivencia pacífica entre los ciudadanos, la democracia y, sobre todo, el capital social en nuestras instituciones”, asienta en su comentario final.
¡Cuánta razón tiene el ex gobernador Herrera, pues durante su administración se cometieron algunas atrocidades en materia de justicia penal que hoy están saliendo a la luz pública!
En la última edición semanal de la afamada revista “Proceso”, por ejemplo, se publica una carta dirigida al gobernador Javier Duarte por la señora María Teresa Reyes Vela y su hijo Fernando Alberto Rivera Reyes, actualmente internados en el Centro de Readaptación Social Duport-Ostión, de Coatzacoalcos, los cuales fueron sentenciados a 57 años y seis meses de prisión por homicidio calificado en contra del señor Fernando Rivera Garduño –esposo y padre, respectivamente, de ambos reclusos– y de su amante Marbella Gutiérrez Revilla, asesinados en marzo de 2007.
“Víctimas de la corrupción que impera en las dependencias responsables de la administración de justicia de nuestro estado, el delito del cual se nos acusa fue fabricado en la Subprocuraduría de Justicia de la zona sur, y los involucrados en el hecho fueron el subprocurador en esa época, Jorge Yunis Manzanares; el agente segundo del Ministerio Público, Alberto V. Torres, de negro historial por corrupto, y los cavernícolas agentes de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) encabezados por el ‘comandante’ Ángel Serrano Cabrera: Moisés Escalante, Alejandro Sánchez Hernández y Francisco Pérez Pérez”.
“Estos últimos ‘servidores públicos’ fueron objeto de una investigación por parte de la Comisión de Derechos Humanos del estado, que los encontró culpables de habernos torturado y emitió la Recomendación 104/09, del 21 de octubre de 2009, dirigida al procurador Salvador Mikel Rivera, donde se le ordena sancionar a los agentes ministeriales por conculcar nuestros derechos humanos, así como a los doctores José Luis Sánchez Román y Angel Herrera Kim, por mentir en el certificado que expidieron sobre el estado físico en que fue presentado mi hijo de 19 años, Fernando Alberto Rivera Reyes, a quien torturaron hasta que confesó ser culpable y me señaló como autora intelectual del homicidio de su padre y su amante. A pesar de que el juez de la causa conoció que las declaraciones de culpabilidad fueron obtenidas bajo torturas físicas y sicológicas, no tomó en cuenta el hecho y nos declaró culpables.
“Dolosamente, no se realizaron líneas de investigación que pueden ser claves como el hecho de que mi marido tenía enemigos porque los había defraudado al no entregarles los vehículos que le compraban y por su promiscua vida sexual. Justamente las amenazas que se recibían de matarlo a él y a su familia ocasionaron que por seguridad me fuera a vivir al Distrito Federal en compañía de mi hija menor, Valeria Jocelyn Rivera Reyes.
“Al ser detenida en compañía de mi hija, de sólo 13 años de edad, fuimos secuestradas en la Ciudad de México, y luego torturadas física y sicológicamente durante nuestro traslado a Coatzacoalcos, por el ‘comandante’ Ángel Serrano Cabrera”, asegura la señora Reyes Vela, quien le pide al gobernador Duarte “ordene rectificar los errores nombrando un nuevo fiscal y reponiendo el procedimiento, de modo que se haga justicia y recuperemos nuestra libertad, ya que todas las acusaciones en nuestra contra fueron una monstruosa mentira de la Procuraduría General de Justicia”.