En el gabinete del gobernador Javier Duarte de Ochoa, en materia de austeridad, hay funcionarios de diverso nivel.
Hay unos que en consonancia con el titular del Poder Ejecutivo estatal deveras se están apretando el cinturón, y hay otros que de plano sólo simulan ajustárselo.
Está el caso, por ejemplo, del secretario de Desarrollo Social, Marcelo Montiel Montiel, quien pese a las severas medidas de austeridad establecidas por el gobernador Duarte y supuestamente vigiladas por la Sefiplan y la Contraloría General del Estado, no ha tenido empacho en arrendar una lujosa residencia ubicada en la calle Río Papaloapan número 16 de la colonia Cuauhtémoc de la ciudad de Xalapa para albergar las oficinas del Programa de Atención a Migrantes, el Programa de Pueblos Indígenas y de la Coordinación de Programas Especiales, ésta última a cargo de la doctora Gladys Merlín Castro, ex alcaldesa de Cosoleacaque, misma que el pasado 6 de abril despidió al personal técnico de dicha área, un total de 35 empleados, que individualmente percibían un sueldo de nueve mil pesos mensuales y mantenían la infraestructura como son viveros de producción de planta forestal para clima frío y templado; invernaderos, estanques acuícolas, unidades de manejo y producción de aves y cerdos, etcétera.
Estas actividades, que durante los últimos diez años han sido las de mayor impacto social que dicha dependencia estatal ha desplegado en las regiones Huasteca, Totonaca y de las sierras de Santa Martha, Zongolica y del Pico de Orizaba, ahora están a punto de venirse abajo.
Y es que la doctora Merlín Castro tuvo la genial ocurrencia de deshacerse de los técnicos que sí saben para contratar a un ex compañero de ella y del secretario Marcelo Montiel en el Congreso local: al ex diputado de Zongolica, Ignacio Valencia Morales, quien como subcoordinador le fue asignado un sueldo de 29 mil pesos; o sea, más de lo que mensualmente percibían tres de los 35 técnicos despedidos.
Además contrató a tres personas más que tiene a su personal disposición: a un abogado llamado Ricardo de la Rosa, y a los jóvenes Guadalupe Reyes y a un tal Maximiliano, todos procedentes de Cosoleacaque, los cuales fueron traídos sólo para cumplir la delicadísima función de cuidarle la oficina, razón por la que les asignó un salario bastante decoroso y muy acorde a su rendimiento profesional: 17 mil pesos mensuales, casi el doble de lo que percibían cada uno de los 35 técnicos recortados.
En total, las percepciones del ex diputado Valencia y de los tres auxiliares recién contratados por la ex alcaldesa de Cosoleacaque suman 80 mil pesos mensuales, equivalentes casi al sueldo mensual de diez técnicos que sí tenían una función específica y socialmente muy rentable, pues eran los que operaban directamente en campo los proyectos productivos y programas de desarrollo comunitario de esta Secretaría.
¿Cuánto es lo que paga la dependencia estatal a cargo de Marcelo Montiel por el arrendamiento de la lujosa residencia de la Colonia Cuauhtémoc habilitada ahora para oficinas de gobierno, cuyo traspatio se ha tapizado de lindas plantas de ornato?

Se estima que por su renta debe pagar mensualmente lo equivalente al sueldo de tres de los 35 técnicos despedidos, pues la mansión consta de tres niveles y garage. Es tan amplia que los titulares de las tres áreas en mención cuentan con un espacio propio para cada oficina.
El sexenio pasado, la Coordinación de Programas Especiales funcionó en un edificio propiedad del gobierno estatal ubicado en la avenida Américas, y al final de la administración anterior fue reubicada en la calle Pablo Frutis número 4, en la colonia Badillo, junto a la Secretaría de Comunicaciones del estado.
Pero seguramente al secretario de Desarrollo Social, Marcelo Montiel, se le hacía un espacio indigno para su investidura.
Y es que al faraónico ex alcalde de Coatzacoalcos siempre le ha gustado hacer las cosas en grande, como los carnavales porteños y otros gustos que se ha dado sin reparar en lo disparado de sus costos.
El sexenio pasado, por ejemplo, derrumbó en su totalidad la casa paterna en la congregación de Naranjos, municipio de Puente Nacional, y reconstruyó una nueva mansión sólo para recibir una vez al año a sus invitados especiales a la fiesta patronal de su pueblo natal que se realiza el 11 de febrero en honor de Nuestra Señora de Lourdes.
Por eso, ahora, a nadie le ha sorprendido que Montiel haya arrendado la lujosa residencia de la colonia Cuauhtémoc, en la cual se ha reservado una de las recámaras, la más espaciosa del piso de enmedio, para habilitarla como Sala de Juntas, donde disfrutará de una mayor privacidad.
Sin embargo todavía le falta amueblarla. ¿Obtendrá el visto bueno del contralor Iván López Fernández y del secretario de Finanzas y Planeación, Tomás Ruiz González?
Es posible, pues con ambos mantiene una antigua relación y hasta presunta complicidad.
Al primero, como diputado miembro de la Comisión de Vigilancia del Congreso local y luego como presidente municipal de Coatzacoalcos, le habría tocado tratarlo cuando el actual contralor del régimen duartista se desempeñó como auditor externo del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS); y, al segundo, le habría hecho el enorme favor de conseguirle en 2003 un acta de nacimiento del antiguo Puerto México cuando el ahora titular de la Sefiplan buscó la candidatura del PRI al gobierno de la entidad, que finalmente le ganó el senador Fidel Herrera Beltrán.
Ni Marcelo Montiel ni la doctora Gladys Merlín conocen la austeridad. Sólo basta ver los derroches y el desastre financiero que dejaron en sus respectivos ayuntamientos.
La gran interrogante es hasta cuándo el gobernador Duarte seguirá necesitando de los caros “servicios” de este par de colaboradores.