Ante sucesos de la magnitud de la ejecución masiva de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, otros hechos menores ya no sorprenden ni indignan a nadie.

Pero este fin de semana, por ejemplo, algunos diarios y portales de internet locales dieron cuenta del suicidio de un campesino de 52 años de edad, vecino de El Palmar, una congregación que se encuentra muy cerca de ciudad Cardel pero que pertenece al municipio de Puente Nacional.

Su cuerpo fue hallado sin vida, colgado de un árbol, en la parcela de sus padres. Fue su madre, doña Galdina Cadena Rodríguez, la que con una gran pena fue a avisar a la comandancia de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) de Cardel, sobre el deceso de su hijo.

Al llegar al lugar donde descolgaron el cuerpo del infortunado campesino, los agentes judiciales interrogaron a la esposa del suicida, quien les explicó que su marido Vicente Ornelas Cadena estaba sumamente deprimido y preocupado debido a que había pedido un préstamo de 35 mil pesos para sembrar caña de azúcar en las tierras de sus padres, pero que a causa de la sequía el cultivo se perdió y no sabía cómo pagar el dinero obtenido.

Inclusive la esposa les dijo que su marido se había puesto a trabajar como taxista, pero que lo que obtenía era tan poco que no le alcanzaba más que para comer, por lo que su deuda seguía incrementándose.

Esta triste y trágica historia quedó consignada en la indagatoria ministerial número 246/2011.

Al parecer, las autoridades ministeriales decidieron cerrar el caso con la explicación de los familiares del occiso, quien desesperado optó por quitarse la vida ante la imposibilidad de liquidar la deuda contraída.

Pero, ¿quiénes eran los acreedores y qué tasa de interés le estaban cobrando a este pobre hombre por este préstamo de 35 mil pesos, que en un arranque de impotencia mejor decidió suicidarse porque concluyó que nunca podría pagarles?

El Ministerio Público estaría obligado a investigar, pues desde el sexenio antepasado, en el gobierno de Miguel Alemán Velasco, Veracruz fue la primera entidad de la Federación que legisló e introdujo severas penalidades contra el agio y la usura, al modificar el artículo 190 del Código Penal del estado.

Precisamente, para evitar el cobro de excesivos intereses, la LVIII Legislatura local aprobó desde agosto del año 2000 la imposición de una tasa que no debe rebasar la de los Certificados de la Tesorería (Cetes).
En aquella ocasión, el diputado priísta Hugo Vega Morales, a la sazón presidente de la Comisión Temporal de Atención a Deudores de la Banca, del Congreso local, explicó que esta nueva ley sancionaría no sólo a quienes presten dinero bajo claras condiciones de usura, sino también a los cobradores de intereses y a los abogados que respalden estas acciones.
En conferencia de prensa realizada en el puerto de Coatzacoalcos, el legislador barzonista considerado como el principal promotor de la reforma al Código Penal de Veracruz, precisó que ésta contemplaba a partir de entonces nuevas penalidades de tres años y medio hasta siete años de cárcel y multas de hasta cinco veces los intereses devengados en exceso, pues la nueva tasa de interés estaría basada en la de los Cetes a 28 días.
En aquella fecha, hace casi once años, Vega Morales destacó que con esta nueva ley se protegía a más de 25 mil clientes de los agiotistas en el estado de Veracruz, pues se buscaba frenar los abusos que muchos prestamistas realizaron al cobrar intereses desmedidos por préstamos menores con el apoyo de abogados, quienes con la reforma podrían quedar impedidos para ejercer hasta por tres años.
El legislador abanderado por el PRI cuestionó también a las instituciones bancarias que logran despojar de sus propiedades a quienes debido a los altos intereses no pueden cubrir en tiempo y forma los préstamos que se disparan hasta en 300 por ciento tan sólo en intereses.
En aquella ocasión, esta reforma del Congreso local al Código Penal de Veracruz impulsada por la bancada priísta causó beneplácito entre los miles de deudores que eran víctimas de agiotistas, entre los cuales en la región de Xalapa fueron mencionados funcionarios públicos como jueces, magistrados, diputados locales y auxiliares de los legisladores, según exhibió en noviembre de 2009 el abogado Alfonso Palomo Bueno, presidente de la Fundación Vida Digna, quien hace dos años logró que en la capital veracruzana un juez eximiera del pago de anatocismo a 250 deudores, además de que en algunos casos les fueron restituidas sus viviendas y otras propiedades a las familias afectadas.
Ante este logro, el abogado Palomo Bueno amagó con continuar su campaña en contra del abuso de las personas y reiteró que exhibirían a todos los agiotistas de Xalapa y la región, para que la gente los vaya identificando “porque no se vale que sólo se exhiba a quien debe, sino también a quien está cobrando indebidamente”.
Por eso habría que preguntar si la muerte del campesino Vicente Ornelas Cadena, quien este fin de semana decidió quitarse la vida por no poder pagar los intereses de los 35 mil pesos de la deuda que había adquirido para sembrar caña en la parcela de sus papás, va a quedar impune.

LUZ PORCINA
Pronto, en el Valle de Perote, podría darse una noticia del ramo económico.
Resulta que la empresa Granjas Carroll de México, principal productor de cerdos del país, podría incursionar en la generación de energía eléctrica.
La recomendación para abarcar ese mercado de energías renovables vino precisamente del secretario de Energía, José Antonio Meade, quien puntualizó que con las excretas del millón 200 mil cerdos que cría anualmente Carroll, se generaría electricidad para 250 mil viviendas.
Meade Kuribreña, junto con el gobernador Javier Duarte, visitó las instalaciones de Carroll, donde ya se produce bioelectricidad para consumo interno.