Vestido de pantalón de mezclilla azul y con chamarra, gorra, playera y botas negras –seguramente para confundirse con las sombras nocturnas–, el subprocurador encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Reynaldo Escobar Pérez, encabezó la noche del sábado 14 de mayo a un grupo de elementos de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) que realizó un operativo sorpresa en las instalaciones de la “Destiladora del Valle”, ubicada en la periferia de la ciudad de Orizaba, para detener sus operaciones toda vez que la planta de etanol se encontraba en observación tanto de la Procuraduría Federal (Profepa) como de la Procuraduría Estatal del Medio ambiente, después del grave incendio que dos semanas antes provocó la muerte de un trabajador calcinado y puso en riesgo la seguridad de los vecinos que habitan en esa zona.
Escobar Pérez ordenó la detención de doce trabajadores de la planta destiladora luego de que fueran sorprendidos laborando en el interior de las instalaciones, a las cuales se le habían colocado sellos de clausura tras la explosión suscitada el pasado 2 de abril.
En ese operativo, las autoridades de la PGJE lograron la detención de diez hombres y dos mujeres que efectivamente se encontraban laborando la noche de ese sábado.
Pasadas las 21:00 horas, elementos de la AVI procedentes de la capital del estado, así como de Orizaba y Córdoba, ingresaron a las instalaciones para corroborar las sospechas de los atemorizados vecinos que denunciaron que la planta había vuelto a funcionar.
Entrevistado sobre este operativo sorpresa, el subprocurador encargado del despacho de la PGJE respondió que nadie está por encima de la ley, y que el Estado no se pondría de rodillas ante nadie.
Escobar Pérez comentó que la actividad que efectuaba la fábrica alcoholera constituía, además, una falta de respeto al gobernador Javier Duarte de Ochoa, quien había ordenado la clausura de la planta de etanol. “Vamos a ver por qué se hizo esto y bajo qué tipo de complicidad actuaron. Vamos a ir a fondo”, advirtió en esa ocasión el ex secretario de Gobierno del régimen fidelista, a quien le encantan los reflectores y las cámaras de televisión.
“Vamos a proceder con toda energía y a detener a quien haya incurrido en esas violaciones a las leyes ambientales y al Código Penal de Veracruz. De ninguna manera se va a permitir que se ponga en riesgo a un veracruzano y a un conglomerado que circunda esta planta, es una grave irresponsabilidad de quien está al frente”, remarcó.
Las doce personas detenidas, que laboraban en diferentes áreas de la planta alcoholera, fueron puestas a disposición de la Agencia del Ministerio Público del Sector Sur de Orizaba. Ninguna de ellas pudo dormir o conciliar el sueño la noche de ese sábado 14, ya que todas ellas tuvieron que rendir su declaración ministerial hasta la madrugada y parte del domingo siguiente. La investigación quedó registrada con el número 413/ 2011.
Sin embargo, ayer el subprocurador recibió un fuerte revés por parte del Poder Judicial, ya que el Juez Primero Menor, Esteban Landa García, ordenó la inmediata libertad de los trabajadores de la destiladora detenidos en el operativo sorpresa ejecutado hace diez días, ya que jurídicamente argumentó que el Ministerio Público que representa Escobar Pérez no aportó suficientes elementos para sujetarlos a proceso, lo que evidentemente constituye una doble burla para el titular del Poder Ejecutivo del estado, pues desde la óptica del ex presidente municipal de Xalapa no sólo se le había faltado el respeto al mandatario veracruzano que había ordenado clausurar la planta alcoholera porque su funcionamiento inseguro representaba un riesgo para un sector de la población orizabeña, sino que ahora ha quedado en evidencia también la eficacia de la Procuraduría General de Justicia del Estado que depende directamente del gobernador, el cual tuvo a bien solicitar a la LXII Legislatura local modificar los requisitos constitucionales para que el ex secretario de Gobierno pudiera asumir formalmente la titularidad de la PGJE.
Según el abogado defensor Arturo Torres, el juez Landa García dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar, ya que consideró que el amparo federal emitido por el Juzgado Décimo de Distrito con base en la ciudad de Córdoba fue una de las pruebas para declinar a favor de la empresa la decisión, debido a que los obreros tenían el permiso del Ministerio Público para realizar los trabajos en el interior de la destiladora a mediados de este mes.
Inclusive trascendió que existe la posibilidad de que la empresa pudiera acudir a la instancia federal para denunciar el incidente de violación a la suspensión definitiva emitida por el Juez Décimo de Distrito en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la cual tenía conocimiento del amparo que les permitía efectuar las acciones de mantenimiento al tanque millonario.
Sobra decir que aparentemente resulta obvio que no puede tratarse de un acto deliberado del subprocurador –¿o sí?–, pues de serlo significaría un intento de suicidio político. En todo caso habría que verlo como un error del subordinado en su desmedido afán por congratularse y reposicionarse en el ánimo del gobernante, cuya generosidad hacia Escobar ha rebasado los límites que marcaba la propia Constitución Política del Estado de Veracruz.
Pero este revés debe servir de antecedente al encargado del despacho de la PGJE para que a partir de ahora actúe con más cautela y prudencia en futuros actos en los que inevitablemente tenga que involucrar al gobernador Duarte de Ochoa.
Y es que el sexenio pasado, como secretario de Gobierno, a Reynaldo Escobar le funcionó con Fidel Herrera Beltrán esta estrategia de ser el celoso guardián hasta de la cuestionada honra y honor del mandatario estatal en turno.
Sólo que ahora, con el joven sucesor del cuenqueño, el estilo de gobernar y de ejercer el poder en Veracruz busca ser diametralmente opuesto al del ex gobernador Herrera: no más mentiras ni populismo, tampoco el desmesurado culto a la personalidad, respeto absoluto a la jerarquía y hasta las preferencias sexuales de sus colaboradores, orden administrativo, austeridad y transparencia.
Reynaldo, que es un abogado muy hábil e inteligente, puede aprender. Todavía le quedan cinco años para lograrlo.