A varios extrañó que en la conferencia de prensa en la que este miércoles 25 el gobernador Javier Duarte de Ochoa anunció la disolución de la Policía Intermunicipal Xalapa-Banderilla-Tlalnelhuayocan (PIXBT) no estuvieran presentes los alcaldes de los tres municipios involucrados sino solamente los secretarios Gerardo Buganza, de Gobierno; Tomás Ruiz, de Finanzas y Planeación; Sergio López Esquer, de Seguridad Pública, y el subprocurador encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Reynaldo Escobar Pérez. Del presidente municipal de Banderilla se justificaría su ausencia porque su pueblo está sumamente irritado por la falta de agua potable que padece desde hace cuatro meses, motivo por el cual ayer decenas de amas de casa llegaron al extremo de bloquear durante una hora el tráfico de la carretera federal México-Veracruz; del de Tlalnelhuayocan, un paupérrimo municipio conurbado a Xalapa, quizá ni siquiera se acordaron; pero… ¿por qué no estuvo presente la alcaldesa capitalina Elízabeth Morales, quien posteriormente, por medio de un boletín oficial, tuvo que manifestarse a favor del decreto de Duarte, quien sin previo aviso decidió disolver la PIXBT?
Las razones externadas por el titular del Poder Ejecutivo del Estado son totalmente válidas para desintegrar esta Policía Intermunicipal, pues reiteró que su gobierno “está del lado de la gente, por lo cual necesitamos avanzar en la depuración y mejoramiento de los cuerpos policíacos que son los responsables de cuidar a nuestras familias”; sin embargo, en opinión de algunos quisquillosos abogados constitucionalistas, el mandatario veracruzano no solamente habría cometido el error de descuidar las formas políticas sino también el fondo de la máxima ley que rige a todos los mexicanos.
Y es que dicen que solo es cosa de recordar que la creación de la PIXBT estaba fundamentada en el Acta Constitutiva firmada por los presidentes de los respectivos municipios, el día 8 de junio de 1996, la cual formalizaba y legalizaba la existencia de este cuerpo policíaco. Y que aparte de su soporte en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave y de otras leyes, dicha Acta estaba regida por lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo Artículo 115 estipula que, entre otras funciones y servicios públicos, los municipios tendrán a su cargo el de la Seguridad Pública, Policía Preventiva Municipal y Tránsito.
Además, la máxima Carta Magna permite que “los Municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan.” Igualmente, dicho artículo constitucional contempla que “así mismo cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos (servicios públicos), o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio…”
Además prevé “el procedimiento y condiciones para que el Gobierno Estatal asuma una función o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la Legislatura Estatal considere que el Municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del Ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes…”
Ciertamente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “la Policía Preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado”, pero también previene que “aquella acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público…”
¿La balacera y persecución policíaca del pasado domingo 22, sobre la avenida Ruiz Cortines y el fraccionamiento Coapexpan, de Xalapa, fue más grave que la masacre ocurrida a principios de enero de este año en Casa Blanca, o que el tiroteo del viernes 20 en el puerto de Veracruz, en el que oficialmente solo se reconoció la muerte de cinco delincuentes?
El gobernador Duarte tiene toda la razón: urge depurar los cuerpos policíacos municipales, pero tampoco se puede hacer excluyendo de esta responsabilidad a los Ayuntamientos.
Las Policías Intermunicipales en Veracruz fueron creadas en el sexenio del gobernador Patricio Chirinos (1992-1998), cuya operación estuvo a cargo de su secretario de Gobierno, Miguel Ángel Yunes Linares. Y es que el 5 de diciembre de 1994, el presidente Ernesto Zedillo, como titular del Poder Ejecutivo Federal había hecho llegar a la Cámara de Senadores su iniciativa para la transformación del Poder Judicial y la Seguridad Pública en la que se proponían modificaciones a la Constitución Política para hacer frente a la demanda ciudadana de justicia y seguridad en su persona y sus bienes. En dicha iniciativa se planteaba desde entonces que todos los cuerpos de Seguridad Pública de la Federación, Estados y Municipios se organizaran bajo los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, estableciendo así las bases de coordinación de los tres niveles de gobierno en esta materia, con respeto a la soberanía de los Estados y a la autonomía de los Municipios.
Esta coordinación que debía existir entre los tres niveles de gobierno, como lo señalaba el artículo 21 constitucional recién reformado, se concretó en nuestra entidad al crearse en julio de 1994 la primera Policía Intermunicipal que atendería la demanda de seguridad de más de 800 mil pobladores de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.
Posteriormente, en ejercicio de la facultad que les confería el artículo 115 constitucional y dentro del marco de la ley de la materia, los Ayuntamientos de Poza Rica, Tihuatlán y Coatzintla manifestaron su deseo de coordinarse mediante un convenio con el Gobierno del Estado para hacer más eficaz el servicio de seguridad pública en beneficio de los más de 300 mil veracruzanos que residen en esa región del norte. Esa Policía Intermunicipal inició actividades el 16 de mayo de 1996.
Sin embargo, debido a los vaivenes electorales, en abril de 2003 se modificó el Convenio celebrado el 14 de julio de 1994 entre el gobierno estatal y los Ayuntamientos de Veracruz y Boca del Río –dizque con el fin de establecer nuevos mecanismos de administración del Sistema de Policía Intermunicipal–, pero posteriormente el Cabildo porteño solicitó al Ejecutivo del Estado la municipalización de la policía, por lo que se celebraron acuerdos con las autoridades de ambos municipios conurbados; primero para revocar el Convenio de Coordinación de Acciones en Materia de Seguridad Pública celebrado con los H. Ayuntamientos de Boca del Río y Veracruz, y posteriormente el 2 de octubre de 2005 se celebró otro Convenio de Coordinación entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento boqueño para crear la Coordinación General de la Policía Intermunicipal Boca del Río.
Finalmente, por medio de la Gaceta Oficial No. 179 de fecha 5 de octubre de 2005, se autorizó la transferencia de los recursos materiales, financieros y humanos para el Servicio Público de Policía Preventiva a favor del Ayuntamiento porteño, presidido por Julen Rementería, del PAN.
Al menos, en esa ocasión, sí se cuidaron las formas.