Hace un mes comenzó a correr la versión en los círculos políticos y periodísticos de la ciudad de México sobre la supuesta pretensión del régimen calderonista de publicar los expedientes negros de algunos ex gobernadores del PRI ligados presuntamente con el crimen organizado.
El rumor corrió luego de que el 6 de abril –dos días después de Humberto Moreira tomara posesión como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI– el dirigente priista se reuniera a comer con algunos generales que veladamente le habrían advertido las consecuencias de que sus 237 diputados federales no aprobaran la Ley de Seguridad Nacional, cuya minuta de reforma aprobada por el Senado había llegado a la Cámara baja del Congreso de la Unión desde el 28 de abril de 2010, y luego pasó ocho meses en “la congeladora” hasta que en diciembre del año pasado el presidente de la Comisión de la Defensa Nacional, Ardelio Vargas, concluyó, junto con representantes de la Sedena, un nuevo documento que el PRI no se había decidido a respaldar.
Y es que la minuta del Senado contenía aspectos como el que los militares fueran juzgados por la justicia civil cuando violentaran los derechos humanos o incurrieran en abusos; que las concentraciones de tipo laboral, social o político no fueran consideradas amenazas a la seguridad nacional; que la declaratoria de afectación (momento en que se acepta la participación del sector castrense) fuera emitida por el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión; pero además no definía los “obstáculos” como aquellos que atentan contra la seguridad nacional, no permitía establecer retenes ni tampoco hacer declaratorias de estado de excepción, entre otras cosas.
Antes de que dicha minuta se aprobara en el Senado, el general secretario Guillermo Galván convocó el 7 de abril en el Salón de Usos Múltiples en la Sedena a los miembros de la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, en donde formalmente les solicitó “potestad para realizar cateos en persecuciones en flagrancia; poder para detener durante 24 horas a los presuntos culpables y someterlos a interrogación; potestad para tomar las huellas dactilares de quienes aprehenda; intervenir comunicaciones; rastrear o hackear páginas en internet; poder disolver concentraciones de vehículos (como las ocurridas en abril de 2010 en Tamaulipas y Nuevo León); que se puedan declarar zonas de excepción y eximir a las fuerzas militares de responsabilidad de sus actos, salvo que se les acrediten conductas intencionadas”, según revelaron a la revista “Proceso” algunos de los legisladores que asistieron a ese encuentro.
Nada de ello se incluía en la iniciativa que el Ejecutivo había enviado al Senado; sin embargo, cuando la minuta llegó a la Cámara de Diputados, el Ejército continuó su labor de cabildeo. En octubre de 2010, la Sedena invitó a los mismos legisladores a una demostración del poder de armamento del crimen organizado y les habló de nuevo de lo que los militares deseaban incluir en la minuta del Senado que ya estaba en manos de los diputados. Ahí dieron a conocer los 10 puntos que pretendían incluir.
Justamente sobre esos puntos, el PRI hizo varias observaciones. Por ejemplo, el aspecto más importante era que la Sedena planteaba que una vez declarada la afectación, “a juicio del Ejecutivo Federal”, se establecieran “medidas extraordinarias”. Pero el PRI advirtió que básicamente se estaba hablando, “de manera encubierta”, de un “estado de excepción”, y señalaba que incluir ese punto generaría una “alta politización”.
Otra observación que hizo el PRI se refería a la pretensión de que el Ejecutivo solicitara la intervención de los militares y utilizara “todos los recursos” de que dispusiera cuando lo considerara necesario y en tanto se hacía la declaratoria de afectación. Aunque en este caso el PRI consideró “correcta” la atribución, pero señaló que para que ello ocurriera debían establecerse las causas urgentes y las circunstancias que ameritaran la intervención, pues “de otra forma se puede convertir en una acción sumamente peligrosa”. Por lo tanto, el partido tricolor pidió que hubiera un marco “de control” para esas medidas.
El PRI fue claro al considerar que desde el punto de vista político era “de extrema sensibilidad y temor el aprobar un artículo como éste”.
Sobre las facultades de intervención de comunicaciones privadas que pidió la Sedena, el PRI sostuvo que era de “notoria improcedencia como está planteado, pues no tiene facultades constitucionales, solo si es autoridad designada como responsable”. En todo caso, consideró que a una medida de ese tipo debía dársele temporalidad, con las causas que la justifiquen.
Y en cuanto a las “operaciones encubiertas” que pueden realizar los mandos castrenses, el PRI planteó que pueden ser un “peligro”, pues podrían darse en forma unilateral, sin autorización del titular de la Sedena. Como no se precisaba cuáles serían las “operaciones encubiertas”, el Revolucionario Institucional señaló que este punto implicaría una “alta politización”.
Finalmente, “el predictamen” que el PRI entregó a Gobernación el 11 de abril, y que no se distribuyó entre todos los partidos políticos sino hasta el día 22, no incluyó los cambios y observaciones que había aportado el PRI. Solo presentaba todo lo que la Sedena propuso y que fue registrado en un documento dado a conocer a los diputados federales en octubre de 2010, así como a Humberto Moreira, en abril de este año, cuando visitó las instalaciones de la Sedena.
Ahora, de nueva cuenta, ha vuelto a surgir otro fuerte rumor acerca de la supuesta pretensión del gobierno calderonista de golpear al PRI con la anunciada aprehensión de un connotado ex gobernador priista antes de que concluyan el próximo mes las campañas electorales en el Estado de México, donde el candidato Eruviel Ávila, del partido tricolor, encabeza las tendencias electorales luego de que el presidente Calderón no pudo fraguar la alianza entre el PAN y PRD como sí pudo hacerlo en 2010 en Oaxaca, Puebla y Sinaloa, y de facto también en Guerrero, donde el Revolucionario Institucional fue derrotado.
Y la versión es tan verosímil que anteayer la dirigencia nacional del PRI lanzó un exhorto a Calderón para que no utilice las persecuciones judiciales o policíacas para golpear a los candidatos del tricolor y así reposicionar a su partido, el PAN.
El vocero del CEN del PRI, David Penchyna, advirtió sobre los riesgos que representaría la judicialización de estos comicios. “Sería lamentable que, en medio de una guerra contra el narcotráfico y con los antecedentes que hay sobre una falta de eficacia del gobierno federal para hacer acusaciones de personajes involucrados por el narco –como el ‘michoacanazo’– que la aplicación de la justicia tuviera que ver con el ritmo electoral del país”, aseveró el legislador de origen hidalguense.
Penchyna aceptó que el tricolor y los demás partidos están en riesgo de ser infiltrados por el narcotráfico, pero sostuvo que la autoridad debe de perseguir a quien haya violado la ley.
”¿El PRI no teme que alguno de sus ex gobernadores pueda tener cuentas pendientes con la ley?”, le preguntaron al vocero de la dirigencia nacional priista, el cual contestó que “las organizaciones políticas están formadas por seres humanos y sería imposible garantizar que nadie está libre de culpa, ni en el PRI ni en ningún lado”.
¿Habrá deveras algún “chivo expiatorio”? A ver si no se trata del mismo ex gobernador del PRI al que recientemente acusó el sacerdote Alejandro Solalinde de haber encubierto en su entidad la extorsión y desaparición de los cientos de migrantes centroamericanos que diariamente cruzaban por su territorio estatal hacia Norteamérica.

TIANGUIS PARA BOCA

Aunque el diputado local, José Murad Loutfe Hetty es representante popular por Coatzacoalcos, ayer presentó un punto de acuerdo en la Legislatura para que la Secretaría de Turismo federal tome en cuenta las ventajas competitivas de Boca del Río como sede del tianguis turístico.
Loutfe Hetty, quien es presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y secretario de la Comisión de Turismo, argumentó que Boca del Río cuenta con la infraestructura necesaria para el desarrollo del tianguis que a partir del próximo año dejará de organizarse en Acapulco.
El diputado local justificó que el tianguis dejaría una derrama económica cercana a los 100 millones de pesos.
Habrá que ver si la propuesta del legislador sureño no es boicoteada como se pretendió hacer con el Festival Internacional de Salsa que se efectúo el fin de semana en Boca del Río.
Por cierto, trascendió que el comité organizador se sorprendió por las descalificaciones que surgieron en algunos espacios periodísticos contra el festival.
Fuego amigo, de odio jarocho, presumen.