Si acaso alguien llegara a encontrarse a Fernando Perera Escamilla, flamante presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, debería preguntarle al ex secretario técnico del Consejo Consultivo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Veracruz –cargo que desempeñó de septiembre de 2009 hasta enero de 2011–, por qué no fue solicitada el año anterior la incorporación de la entidad al programa de subsidios instrumentado en 2010 para apoyar la implementación de la nueva reforma penal.
Y es que acaba de trascender, según un documento entregado al Senado de la República, que Veracruz y otras cinco entidades federativas –Coahuila, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo y Sinaloa–, no presentaron ninguna solicitud para incorporarse a este programa que distribuyó más de 312 millones de pesos el año pasado.
Obviamente la percepción entre los senadores es que en la entidad gobernada por Javier Duarte de Ochoa existe poco interés para poner en marcha los juicios orales. Impresión que lamentablemente viene a robustecer también el hecho de que la LXII Legislatura local aún no aprueba la iniciativa de reforma constitucional que desde hace cuatro meses, en su toma de posesión, entregó personalmente el gobernador para establecer el marco jurídico necesario que dé fundamento y legalidad al sistema de la oralidad en el estado. “Esta iniciativa es la más relevante y completa que el sistema penal veracruzano haya tenido en su historia. Gracias a ella, podremos avanzar en la necesaria modernización de instituciones encargadas de procurar e impartir justicia. Veracruz será punta de lanza una vez más y modelo a seguir para poder alcanzar un sistema acusatorio integral, que involucre a todas y cada una de las instituciones y servidores públicos encargados de proveer tranquilidad, seguridad y confianza a la ciudadanía”, dijo en aquella ocasión el mandatario estatal.
Sin embargo, en el ámbito nacional Veracruz figura como una de las entidades más rezagadas en la implementación del nuevo modelo de justicia penal. Para su fortuna –si acaso ello sirviera de consuelo– no es el único en esta situación. Y es que en este documento del Senado de la República se detalla que, por ejemplo, Aguascalientes no envió los proyectos para ser beneficiado mediante el subsidio, mientras que Sonora, Querétaro y Zacatecas no finalizaron los trámites administrativos para obtener los recursos, a pesar de que ya contaban con la autorización para el envío de las partidas.
Este informe fue entregado a los senadores en la víspera de que el secretario técnico del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec), Felipe Borrego, se reúna con la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta para evaluar el retraso en la implementación de la reforma penal que fue aprobada desde 2008.
El senador del PAN, Santiago Creel, expresó su preocupación por el rezago que existe en la puesta en marcha del nuevo sistema acusatorio y los juicios orales, ya que resulta indignante.
Al hacer referencia a los datos proporcionados por Setec, el integrante de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República condenó el desinterés de las entidades federativas.
En el informe, se reconoce que los estados que sí solicitaron el subsidio demandaron recursos por casi 720 millones de pesos.
Sin embargo, el programa sólo pudo distribuir 312 millones de pesos para las entidades.
Para este año, el Presupuesto de Egresos de la Federación establece que las partidas para los estados rondará los 450 millones de pesos, lo que representa un incremento del 126 por ciento en relación al año pasado.
A ver si ahora sí en Veracruz muestran un poquito más de interés, aunque la LXII Legislatura local todavía no aprueba la iniciativa de reforma constitucional que desde el primero de diciembre de 2010 entregó personalmente el gobernador Duarte.

EL IPE CUMPLE

Por cierto, hablando de recursos, el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) entregó ayer cerca de 8 mil préstamos más por aproximadamente 26.5 millones de pesos.
En total, en los últimos tres meses el IPE ha otorgado a sus derechohabientes financiamientos personales por 250 millones de pesos, lo que demuestra la solidez financiera del instituto.
Bueno, sus finanzas se muestran actualmente tan sanas, que la nueva administración del IPE acaba de depositar también a la Tesorería de la Federación otros cuatro millones de pesos más por concepto del Impuesto Sobre Producto de Trabajo, correspondiente a los ingresos generados por los hoteles “Xalapa” y “Chachalacas”, ambos propiedad de los pensionados veracruzanos.
Este pago se viene a sumar a los 8.6 millones que a principios de este mes le fueron depositados a la Secretaría de Hacienda por créditos fiscales que el IPE venía arrastrando desde sexenios anteriores.

EL ‘CID’ RANULFO

Aunque muchos ya lo daban por muerto políticamente, el que reapareció la mañana de ayer en Puebla como el legendario “Cid Campeador” fue Ranulfo Márquez Hernández, quien tomó posesión como delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en esa entidad gobernada actualmente por la oposición.
El evento tuvo lugar en la sede de la Liga de Comunidades Agrarias de la CNC, y el encargado de tomarle la protesta de rigor fue el diputado federal bajacaliforniano Humberto Lepe Lepe, coordinador general de delegados del CEN del PRI y representante personal del dirigente nacional Humberto Moreira.
La ceremonia estuvo encabezada también por el diputado federal Juan Carlos Lastiri Quirós, presidente del Comité Directivo Estatal del partido tricolor, quien fue acompañado por líderes municipales, alcaldes y regidores priistas.
Y apenas respondió “¡sí, protesto!”, Márquez Hernández puso manos a la obra e inició la primera gira de trabajo por la entidad poblana, pues el reto del priismo es recuperar el estado en las elecciones federales de 2012.