¿Alguien sabe qué pasó con el nuevo sistema de justicia penal que desde el 1° de diciembre de 2010, hace cuatro meses, anunció formalmente en su toma de posesión ante el Congreso local el gobernador Javier Duarte de Ochoa?
La pregunta se hace porque hace ocho días, en el homenaje que la Universidad Veracruzana le organizó a la magistrada Emma Rodríguez Cañada por su trayectoria académica en la Facultad de Derecho de la UV, el rector Raúl Arias Lovillo expuso que “si hay una asignatura pendiente en el país, más allá de la desigualdad económica, política y social, es la impartición de justicia”.
Ante magistrados federales y estatales, así como de catedráticos y funcionarios de la Facultad de Derecho de la UV, Arias Lovillo enfatizó que “es una vergüenza nacional que sea una asignatura pendiente y que en el resto del mundo nos llamen cada vez la atención justamente porque si algo no funciona en México es la impartición de justicia”.
El rector agregó que en esta escuela de la UV se han formado una gran cantidad de abogados, quienes también tienen el reto de contribuir de manera importante a la transformación que exige el país. Raúl Arias dijo que precisamente figuras como la de Rodríguez Cañada requiere Veracruz y México ante un clima creciente de violencia y necesitado de una reforma integral para que la impartición de justicia sea contundente.
Veracruz, según un reciente diagnóstico de la Secretaría de Gobernación, está colocado entre las entidades más rezagadas en la implementación de la reforma constitucional en materia penal. Actualmente hay siete estados en operación o Etapa 4, como el Estado de México, Zacatecas o Chihuahua, que cuentan con infraestructura y equipamiento, tecnologías de información y plataforma de comunicación, normatividad (reformas complementarias), capacitación, mejora continua y difusión; otros cuatro se ubican en Etapa 3, de entrada en vigor, y 14 más en Etapa de Planeación. Mientras que la entidad gobernada por Duarte de Ochoa sigue en Etapa 1 o Inicial, junto con seis estados más, varios con avance 0, que apenas andan en el fomento de acuerdo político, proyectos de normatividad, capacitación y sensibilización para la reorganización institucional.
Sorprende la lentitud de los legisladores veracruzanos, pues hace cuatro meses Duarte de Ochoa se comprometió públicamente, en materia de procuración de justicia, a establecer un nuevo sistema de justicia penal.
“Nuestra tarea es salvaguardar eficazmente la integridad y los derechos de los ciudadanos, preservando así sus libertades y el orden”.
“En este momento presento, ante esta Honorable Soberanía, una Iniciativa de Reforma Constitucional, a fin de establecer el necesario marco jurídico que dé fundamento y legalidad al sistema de la oralidad en Veracruz”.
“Esta iniciativa es la más relevante y completa que el sistema penal veracruzano haya tenido en su historia”.
“Gracias a ella, podremos avanzar en la necesaria modernización de instituciones encargadas de procurar e impartir justicia”.
“Veracruz será punta de lanza una vez más y modelo a seguir para poder alcanzar un sistema acusatorio integral, que involucre a todas y cada una de las instituciones y servidores públicos encargados de proveer tranquilidad, seguridad y confianza a la ciudadanía”.
“Hago entrega de la iniciativa al señor presidente de la Mesa Directiva (diputado Eduardo Andrade Sánchez).”
¿Qué fue lo que pasó que nomás no se ve para cuándo la LXII Legislatura local empuje esta reforma constitucional enviada por el Ejecutivo estatal?
Pero algo no debe estar funcionando bien en el Palacio Legislativo de la avenida Encanto, cuando antes de sacar esta reforma los diputados locales optaron primero por hacerle un chaleco a la medida al subprocurador Reynaldo Escobar Pérez para que pudiera ejercer legalmente como titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, pues el ex alcalde de Xalapa estaba impedido legalmente porque el año inmediato anterior había desempeñado funciones como secretario de Gobierno.
Sin embargo, pese a ello, esta es la hora en que a Escobar Pérez todavía no le dan posesión oficial como procurador. Formalmente sigue despachando como subprocurador encargado de la PGJE.
Y por si ello fuera poco, Fernando Perera Escamilla, el abogado que desde finales del sexenio anterior venía ejerciendo como secretario técnico del Consejo Consultivo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Veracruz –organismo creado el 24 de septiembre de 2009, según la Gaceta Oficial del Estado de esa misma fecha–, prefirió deshacerse de esa responsabilidad desde el pasado 30 de enero de este año para agarrar nueva chamba de largo plazo: la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
De hecho, el flamante ombudsman veracruzano se había encargado de redactar el Reglamento Interno de dicho Consejo Consultivo que fue aprobado por sus miembros hasta la sesión ordinaria del 29 de marzo de 2010, no obstante que el artículo Tercero Transitorio del mismo Decreto disponía que el Consejo Consultivo, en un plazo no mayor de treinta días hábiles, contados a partir de su instalación, debería expedirlo. Finalmente Perera publicó el Reglamento Interno hasta el 23 de septiembre de 2010, según el número extraordinario 302 de la Gaceta Oficial del Estado. Este Consejo Consultivo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Veracruz, es presidido actualmente por el gobernador Duarte.

MANZUR: ¡SALSA!

A quien se le vio ayer en la ciudad de México fue al presidente municipal de Boca de Río, Salvador Manzur Díaz, quien llegó con una comitiva de bailadores y funcionarios boqueños a promocionar el Festival Internacional de Salsa que se efectuará del 19 al 22 de mayo en este municipio conurbado al puerto de Veracruz.
Ha trascendido que la promoción del festival también se realizará, sin la presencia del alcalde, en mercados salseros como Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Puerto Rico y las ciudades norteamericanas de Nueva York y Miami.
El comité organizador estima que el festival dejará una derrama económica superior a los 350 millones de pesos que beneficiará a hoteleros, taxistas, comercios y restaurantes boqueños.
La novedad del festival es que será gratuito tanto para los asistentes como para los organizadores, pues serán los patrocinadores quienes absorban el costo del evento.
La intención de Manzur y del productor Luis de Llano es la de congregar a por lo menos trescientos mil seguidores de ese género musical, como en los tiempos de “La Fania All Stars” y del festival de Nueva York que se organizaba en el Madison Square Garden.
Por primera vez, en la plaza de Boca del Río, se presentarán El Gran Combo, Jerry Rivera, Oscar de León y La Charanga Habanera, el jueves 19; Luis Enrique, Rey Ruiz, Tito Nieves y Willie Colón, el viernes 20; la Orquesta Adolescentes, Olga Tañón, Willy Chirino y Eddie Santiago, el sábado 21; y cierran el domingo 22 Gilberto Santa Rosa, el Grupo Niche, Tito Puente Jr. y Víctor Manuel.