Ayer, el gobernador Javier Duarte de Ochoa fue abordado por los reporteros porteños, quienes le preguntaron por el caso del alcalde de Tampico Alto, Saturnino Valdés Llanos, desaparecido desde la semana anterior.
El mandatario veracruzano respondió que el munícipe norteño nunca fue “levantado” en Veracruz sino que asistió a una reunión “por su propio pie” a Ciudad Madero, Tamaulipas, de la cual nunca regresó.
“Fue sustraído en otro estado, no en territorio veracruzano”, aclaró Duarte de Ochoa, quien dijo que “estamos trabajando de manera conjunta con las autoridades de Tamaulipas y el gobierno federal en una investigación profunda acerca del paradero del presidente municipal”.
El gobernador de Veracruz aún mantiene la esperanza de dar con el paradero del edil y traerlo con vida.
Sin embargo, un informe confidencial de las autoridades del estado refiere que el alcalde Valdés Llanos se habría metido en graves problemas debido a que presuntamente durante el pasado proceso electoral habría pactado con las dos organizaciones criminales que se disputan el control de Tamaulipas, Nuevo León y la zona norte de Veracruz: el Cártel del Golfo y el de Los Zetas.
Un día antes de su “desaparición”, el munícipe de Tampico Alto habría sido contactado vía telefónica por uno de los jefes de estos cárteles, quien lo citó en Ciudad Madero. Según una versión extraoficial, el edil fue acompañado por sus ayudantes hasta ese puerto tamaulipeco, pero descendió del vehículo una cuadra antes del lugar donde habría sido citado, pues le indicaron que debía llegar solo al punto de la reunión.
Sus auxiliares ya no lo volvieron a ver, ni se percataron de las personas con las que se reuniría.
Esta es obviamente una situación que se ha salido del control del gobierno de Veracruz porque ni el gobernador Duarte de Ochoa ni su secretario de Seguridad Pública, Sergio López Esquer, saben qué arreglos o compromisos pueden tener algunos munícipes con los miembros de la delincuencia organizada.
La semana anterior, el coordinador de los alcaldes del PAN, Tito Delfín Cano, de Tierra Blanca, alertó sobre las presuntas amenazas de extorsión que supuestos criminales habrían hecho a media docena de presidentes municipales; versión que el pasado lunes el general López Esquer dio también por su lado ante los medios de comunicación, aunque se abstuvo de decir cuántos munícipes y de qué regiones de la entidad.
Sin embargo, el secretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón, intentó sofocar esta situación y exhortó a que si algún alcalde ha sido amedrentado que presente formalmente la denuncia para que las autoridades ministeriales puedan proceder contra los presuntos extorsionadores.
El gobernador Duarte, a su vez, reiteró que “no vamos a permitir en ningún momento que las bandas delictivas o grupos delincuenciales vengan a establecerse en Veracruz; se aplicará con toda firmeza la fuerza pública para garantizar el clima de paz y tranquilidad”.
El titular del Poder Ejecutivo afirmó que no permitirá que la delincuencia organizada avance en el estado, por lo que anunció que actualmente se trabaja en el reforzamiento de la seguridad para garantizar un clima de tranquilidad a la población.
Y aunque no dio detalles, pero ha trascendido que en estrecha coordinación con las fuerzas federales el gobierno de Veracruz intenta poner un “tapón” de seguridad en la zona norte del estado para impedir tanto la entrada como la salida de los delincuentes que han sentado sus reales en la zona limítrofe con Tamaulipas.
De acuerdo con este proyecto, se establecería un nuevo regimiento militar en la zona de Tempoal, que apoyado por las policías federal y del estado funcionaría bajo un mando único para el despliegue horizontal de la fuerza pública contra el crimen organizado. Este mismo esquema se tiene previsto también para la región de Acayucan, en el sur de Veracruz.
El gobierno del estado se habría comprometido a donar los terrenos a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Esa sería otra de las razones por la que el gobernador Javier Duarte presentó ante el Congreso local su iniciativa de Ley para el otorgamiento de pensiones a deudos de integrantes de las Fuerzas Armadas caídos en cumplimiento del deber.
Y el mismo beneficio acaba de promover también el Ejecutivo del estado para los policías veracruzanos que mueran en el combate contra la delincuencia.
Aunque obviamente nadie de ellos quiere o busca morir, pero tanto militares como policías ahora sí tienen la certeza legal de que si llegaran a perder la vida al menos sus familiares directos no quedarán económicamente desprotegidos.
Con ello, Duarte de Ochoa y su gobierno parecen demostrar que su promesa al presidente Felipe Calderón de que serían los mejores aliados en su lucha contra el crimen organizado va en serio y a fondo.
Por eso no habría que descartar, en los meses por venir, el violento ‘coletazo’ de la delincuencia que quiere arraigarse en Veracruz.
EL ‘VENADO’
Por cierto, el gobernador Javier Duarte confirmó que el ex alcalde de Tierra Blanca, Alfredo Osorio Medina, el famoso “Venado”, apareció sano y salvo la madrugada de ayer después del operativo policíaco-militar que desde la noche del pasado lunes se montó en la zona del municipio de Cuitláhuac.
Pese a este hecho y a la “desaparición” del alcalde de Tampico Alto, Duarte de Ochoa comentó que los ediles veracruzanos no tienen por qué preocuparse y mucho menos reforzar su seguridad, dado que en la entidad hay tranquilidad.
“Tenemos la seguridad, aquí en Veracruz, de que actuamos con firmeza, con responsabilidad y con la fuerza para garantizar el orden, la paz y la tranquilidad de la sociedad veracruzana”, reiteró el mandatario estatal.