Por Raymundo Jiménez
Columna: AL PIE DE LA LETRA
DEUDAS PENDIENTES
2011-02-27 | 22:36:27
Durante décadas, en el Partido Revolucionario Institucional les fueron cerradas las puertas a los empresarios que buscaban cargos de representación popular.
Sin embargo, poco a poco fueron accediendo a las candidaturas priistas. De los comités de financiamiento pasaron a ser postulados a las alcaldías de los principales municipios o a posiciones legislativas.
En Veracruz, por ejemplo, todavía no logran llegar a la gubernatura, aunque Miguel Alemán Velasco, que gobernó de 1998 a 2004, podría ser la excepción no obstante que el ex senador se retiró de Televisa, su principal negocio.
Precisamente el caso de Alemán es el mejor ejemplo de que los empresarios no siempre resultan ser los mejores administradores públicos. En 2004, el ex socio de Emilio Azcárraga Jean dejó una deuda de más de 3 mil 500 millones de pesos; monto que luego su sucesor, Fidel Herrera Beltrán, se encargó de triplicar.
Esa es la verdadera razón de fondo por la que ahora la administración del gobernador Javier Duarte de Ochoa no tiene recursos suficientes para echar a andar el programa de obras de infraestructura que requiere Veracruz sobre todo en materia carretera, que es clave para el relanzamiento del estado como destino turístico, pues qué viajeros van a recorrer la entidad con carreteras llenas de baches o qué inversionistas se van a arriesgar con estas desastrosas vías de comunicación que sólo favorecen los asaltos del crimen organizado.
A casi cien días de iniciado este régimen, esta es la fecha en que todavía no logra cubrirse la totalidad de los pagos que dejó pendiente la administración del gobernador Herrera. Decenas de pequeñas empresas constructoras, algunas de las cuales se formaron al vapor el sexenio pasado, siguen recortando personal y están por cerrar sus puertas.
Apenas tomó posesión de la gubernatura, Duarte de Ochoa encaró los reclamos de los cientos de contratistas y proveedores de bienes y servicios del gobierno estatal a los que todavía se les adeuda.
El ex secretario de Finanzas y Planeación prometió que su administración reconocería esos adeudos y los cubriría. Pero precisó que primero se iba a investigar cuánto y a quiénes realmente se les debía.
A principios de este mes se informó oficialmente que conforme a lo establecido en el Programa de Reconocimiento de Adeudos anunciado por el Gobierno del Estado desde el pasado mes de diciembre, el martes 8 de febrero cada dependencia debería entregar a la Contraloría General un reporte formal de los pagos que dejó pendientes la administración anterior.
El contralor del gobierno duartista, Iván López Fernández, recordó que la instrucción del Ejecutivo es la de cubrir los adeudos existentes, siempre y cuando se trate de compromisos realmente devengados, es decir, que los bienes, servicios u obras que hayan dado lugar a la deuda, se hayan adquirido en tiempo y conforme a los instrumentos jurídicos celebrados y en observancia de la normatividad correspondiente.
Se supone que con la información que desde hace casi un mes presentaron los titulares de los Órganos Internos de Control de cada secretaría, instituto y organismo público descentralizado, a estas alturas la Contraloría General y la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) debieron haber cotejado ya con contratistas y proveedores de servicios los montos que aparecen en el informe, y haber recabado la evidencia documental.
Según se comprometió el contralor, conforme avanzara el proceso se irían liberando los pagos correspondientes, pues la intención es que al mes de abril se hayan cubierto la totalidad de los compromisos pendientes.
Sin embargo, según la versión de algunos acreedores a los que se les deben cantidades inferiores a un millón de pesos, el proceso de verificación de deuda es tan burocrático y lento que pareciera ser una mera maniobra para seguir retrasando los pagos ante la fala de liquidez de la administración estatal.
Al parecer, no ha servido de mucho que como medida complementaria se instalara el Comité para las Adquisiciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado, donde participan representantes del sector empresarial, así como diversos colegios de profesionistas, con el propósito de garantizar la transparencia en los procesos de asignación.
No obstante, la Contraloría General del Estado sigue exhortando a las personas físicas y morales que tengan derechos efectivos de cobro sobre venta de bienes, obras y servicios, y que deseen conocer si están incluidos en los reportes, a acercarse a las oficinas de esta dependencia estatal ubicadas al interior del Palacio de Gobierno de Xalapa.
Quizá a muchos les disgusta que ahora haya orden y disciplina en el gasto público, a diferencia del sexenio anterior que sólo bastaba con acercase al gobernador Herrera en cualquier acto público y sacarle una orden firmada para que el tesorero Carlos Aguirre Morales, ahora subsecretario de Egresos de la Sefiplan, les efectuara el pago de inmediato.
Lo mismo sucedió con la asignación de obra pública. Cientos de contratos se dieron de manera directa a amigos, recomendados y socios políticos, muchos de los cuales subcontrataron a su vez demeritando obviamente la calidad de la construcción.
Esta es la otra parte que la Contraloría también debería de verificar a la par de los adeudos, y fincarles responsabilidades a quienes se la deban al Estado y a los veracruzanos.
Ya el secretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón, reiteró el pasado 5 de febrero en el aniversario de la Constitución Política de 1917, que “no hay lugar ni habrá tolerancia para el dispendio o la presencia de irregularidades” y refrendó que “en esta administración, el orden y la organización en la gestión de los asuntos públicos constituyen requisitos esenciales e ineludibles para la valoración del desempeño de las dependencias de gobierno y de los servidores públicos”.
Hasta ahora se ha procedido legalmente sólo sobre un centenar de ex alcaldes y ex funcionarios municipales, de los cuales alrededor de 70 todavía andan prófugos. Y ha trascendido que en breve se librarían órdenes de aprehensión contra otra docena más. Pero… ¿y los ex funcionarios del gobierno de la Fidelidad que se enriquecieron inexplicablemente, cuándo?

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