Nadie podría haber definido mejor la situación que prevalece en Veracruz desde diciembre de 2010, que el vicecoordinador del PAN en el Senado de la República, Alejandro Zapata, quien ha dicho que en el nivel nacional “existe un enorme endeudamiento en las entidades federativas, que dejan esa herencia a otras administraciones, lo que impide tener más eficacia”.
“Vemos muchos gobernadores tocando puertas, pero no quieren facultades tributarias, quieren más recursos y lamentablemente son opacos, hay muchísima corrupción, poca eficacia y un gran endeudamiento”, dijo el legislador panista, quien junto con otros legisladores del partido blanquiazul impulsa una reforma constitucional en el Congreso de la Unión para evitar precisamente excesos en el endeudamiento de las arcas públicas por parte de gobernadores y alcaldes.
Otro senador del PAN, Fernando Elizondo, reveló por ejemplo que la deuda global de los estados y municipios en el país rebasa los 300 mil millones de pesos, cantidad que puede poner en riesgo la salud de las finanzas públicas. Según el legislador neoleonés, los datos reportados por la Secretaría de Hacienda, a marzo de 2010, ya registraban una deuda de 260 mil millones de pesos.
El coordinador de Política Económica del PAN, el senador veracruzano Juan Bueno Torio, condenó que los gobernantes locales no estén obligados por ley a reportar cómo gastan, ya que –dijo– propicia dispendio, ineficiencia y un endeudamiento acelerado en las arcas públicas.
El legislador de origen cordobés denunció que los pasivos de algunas entidades ha excedido la capacidad de las haciendas públicas y acusó que, en algunos casos, la irresponsabilidad económica es impulsada por motivos de carácter electoral. “El mejor ejemplo de un manejo irresponsable es Veracruz, que pasó de tener una deuda de 3 mil 500 millones a 16 mil 500 millones de pesos. Como el monto no está de acuerdo con su capacidad de pago, ya le bajaron la calificación y eso incrementará la tasa de interés”, señaló el ex aspirante del PAN a gobernador.
La situación se ha tornado tan crítica que también la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya anunció que realizará revisiones a la deuda de los gobiernos estatales para determinar, por primera vez, el monto del pasivo contingente.
Así, al menos, lo acaba de anunciar el titular de la ASF, Juan Manuel Portal Martínez, ante diputados durante una larga sesión en la cual se analizaron los resultados en la revisión del gasto federal ejercido por las entidades federativas.
Portal señaló que para la Cuenta Pública del 2010 se intentará precisar el monto que ha alcanzado la deuda contingente, como son los pasivos laborales y diversos compromisos ineludibles en las finanzas locales.
“En lo que tiene que ver con la deuda de los estados, quizá si somos o queremos ser más ambiciosos, iríamos a buscar el acercamiento a ver cómo está la deuda o pasivo contingente, no deuda real, pasivo contingente, aunque sea una aproximación por primera vez”, informó el auditor superior en la reunión con la Comisión de Vigilancia de la ASF.
Y aunque se duda que la bancada del PRI pudiera apoyar esta cándida reforma constitucional del PAN, los senadores del partido blanquiazul no cejan en su intento de establecer candados legales para que los gobiernos estatales y municipales –la mayoría en poder del Revolucionario Institucional–, incluyendo sus organismos descentralizados, entidades y empresas públicas, no puedan contraer o renegociar obligaciones, empréstitos o cualquier otra forma de deuda a menos que cumplan con ciertas condiciones.
Así, por ejemplo, en el proyecto de dictamen elaborado por las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Congreso de la Unión, se establece que únicamente tendrán acceso a créditos cuando existan emergencias legalmente declaradas, o también cuando los recursos se destinen a inversión física de beneficio para la comunidad cuya vida útil sea igual o mayor al plazo de la deuda.
De acuerdo con la reforma planteada por la bancada del PAN, otro requisito es que el endeudamiento haya sido previamente autorizado por la mayoría calificada del Congreso local, tanto el monto como el destino de los recursos.
Las deudas sólo podrán contratarse de acuerdo con las proyecciones que realicen peritos calificados y siempre y cuando el conjunto de los pasivos no exceda la cuarta parte de los recursos que los estados y municipios tengan disponibles para inversión.
Además, se faculta al Congreso de la Unión para emitir una ley reglamentaria en materia de endeudamiento tanto para los estados como para los municipios.
De hecho, esta reforma a la Constitución para frenar el endeudamiento de los estados fue presentada desde octubre de 2010 por el senador Fernando Elizondo, del PAN.
En su exposición de motivos, los legisladores de ambas comisiones que dictaminaron la iniciativa reconocen que, a partir de 1995, las entidades han incurrido en sobreendeudamientos críticos, los cuales han obligado al gobierno federal a rescatar a varias de ellas.
Asimismo, advierten sobre el riesgo que representa que las participaciones federales se hayan convertido ya sea en garantías o en fuentes de repago seguras para los acreedores.
“El hecho de que la garantía con participaciones federales reduzca a un mínimo el riesgo para el acreedor, no reduce los efectos catastróficos que puede tener para la entidad, el verse privada de una parte sustancial de sus ingresos y no tener recursos con qué pagar su gasto corriente”, establece el dictamen.
Según cifras de la Secretaría de Hacienda el saldo de la deuda estatal y municipal de Veracruz, a septiembre de 2010, ascendía a 9 mil 288.9 millones de pesos, que en ese entonces ya la colocaba como la octava entidad federativa más endeudada del país, sólo por abajo del Distrito Federal, Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, Sonora y Michoacán.

SANEAN AL IPE
A propósito de deudas. El Instituto de Pensiones del Estado (IPE) acaba de depositar 8.6 millones de pesos a la Tesorería de la Federación, pues en la administración anterior los hoteles de su propiedad, el “Xalapa” y el “Chachalacas”, no generaban ingresos suficientes para cumplir puntualmente con sus obligaciones fiscales.
Ahora, ambas empresas productivas –más la ubicada en la playa del municipio de Úrsulo Galván que el inmueble de la capital veracruzana– empiezan a ser saneadas financieramente, lo que está permitiendo, por ejemplo, continuar también con la remodelación y equipamiento de la mitad de las 96 habitaciones del “Chachalacas”.
Y es que según informes de la gerencia de este hotel de playa del IPE, en los últimos tres fines de semana se ha ocupado casi a toda su capacidad.
Ahora sólo faltaría que la nueva administración se atreva a cobrarles las deudas que desde hace un año algunos ex funcionarios estatales y ex líderes priístas dejaron pendientes en el hotel “Xalapa”.