Quizá porque el atentado ocurrió en el mero Día de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre de 2010, pero resulta que el fallido intento de homicidio en contra del diputado federal por el distrito de Cosoleacaque, Antonio Benítez Lucho, fue resuelto a medias porque no llegó hasta los presuntos autores intelectuales.
Solo fue detenido un mozalbete que no era un sicario de oficio porque falló a la hora de activar el arma, pero en sus declaraciones ministeriales el fracasado asesino reveló que le habían pagado 20 mil pesos por eliminar al legislador priista.
¿Quiénes y por qué lo contrataron para dar muerte al ex secretario particular del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán?
Eso debieron investigarlo las autoridades ministeriales, pero hasta el momento no se ha sabido de que hubieren procedido penalmente contra alguien más, pese a que el criminal fue identificado como miembro de un grupo de choque utilizado por uno de los grupos de poder que han gobernado Cosoleacaque, la cabecera del distrito electoral que representa Benítez Lucho en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
En Veracruz es muy loable la campaña y el combate que el gobernador Javier Duarte de Ochoa viene desplegando contra el crimen organizado y la delincuencia desorganizada también.
Pero de poco o nada va a servir este embate gubernamental contra los criminales si desde las propias instituciones del Estado se alienta la cultura de la impunidad.
Duarte de Ochoa no puede ni debe tolerar la criminalidad, venga de donde venga. Ese es al menos el discurso que muy recurrentemente viene pronunciando desde que rindió protesta como gobernador constitucional de Veracruz ante el pleno de la LXII Legislatura del estado.
Ahora, con el caso del presunto secuestro del ex alcalde de Tierra Blanca, Alfredo Osorio Medina –el cual desapareció el pasado lunes y fue rescatado durante la madrugada de este martes 1° de marzo gracias al fuerte operativo policíaco que se montó en la zona del municipio de Cuitláhuac–, quedó al descubierto otra bochornosa situación que en un estado y país de leyes no es posible cultivar.
Resulta que entrevistado precisamente sobre este asunto, el encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Reynaldo Escobar Pérez, reconoció que sí se está dando un incremento importante en el número de secuestros porque arguyó que no solamente son delincuentes tradicionales sino que “cualquier diferencia de tipo familiar se quiere resolver bajo este tipo de situaciones”.
Sin embargo, sobre el caso del ex alcalde terrablanquense el encargado de la Fiscalía del estado dijo que sus familiares no presentaron ninguna denuncia formal y que tampoco hubo detenidos. No obstante, aunque no se presentó denuncia, Escobar Pérez declaró que “sí hubo apoyo especial” por parte del titular de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI), Remigio Ortiz Olivares, así como “del equipo de negociación antisecuestros”.
Realmente sorprende que el ex alcalde de Xalapa, ex secretario de Gobierno y ex catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana reconozca públicamente un desliz legal de esa envergadura.
En cambio, su sucesor en la Secretaría de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón –que no es abogado de profesión sino ingeniero industrial– ha dado muestras de tener mejor juicio y se ha visto mucho más congruente en lo que al respeto a la ley se refiere, pues al ser entrevistado hace unos días por la prensa local acerca de media docena de alcaldes que según el presidente municipal de Tierra Blanca, Tito Delfín Cano, del PAN, estarían siendo presionados por personeros de un cártel del crimen organizado, el ex senador y ex diputado federal cordobés exhortó a los presuntos ediles amenazados a que denunciaran formalmente los hechos ante el Ministerio Público para que las autoridades judiciales pudieran proceder contra esos delincuentes.
Pero hasta el momento ninguno de los supuestos munícipes extorsionados respondió al llamado del ex candidato del PAN a gobernador.
¿A poco sabrá más Buganza de Derecho que el buen Rey? Y eso que el abogado xalapeño había sido considerado como el mejor secretario de Gobierno en toda la historia de Veracruz. Aunque es muy posible que quien lo elogió así públicamente luego haya cambiado de opinión, pues ni lo ratificó en diciembre de 2010 en esa dependencia gubernamental como aspiraba Escobar y al final fue mandado de encargado del despacho de la PGJE por la presunta presión del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán.