Aunque ya el gobernador Javier Duarte de Ochoa ha aclarado más de una vez que el endeudamiento público del Estado no representa “una carga financiera imposible de atender”, y que la deuda directa asciende a 10 mil millones de pesos a 15 años, más 6 mil millones más “por ese financiamiento indirecto que es la bursatilización, a 30 años”, la cual “no constituye un problema para Veracruz por su fortaleza económica y su nivel de ingresos”, lo cierto es que este espinoso asunto le sigue generando ruido a su administración.
Por ejemplo, calificadoras como Fitch Ratings y Standard & Poors han bajado o puesto en perspectiva negativa las calificaciones crediticias de Veracruz al igual que los estados de Nayarit, Zacatecas, Quintana Roo, Coahuila y, entre otros, Michoacán, entidad que según su informe de Cuenta Pública acumulaba al tercer trimestre de 2010 un pasivo de largo plazo de 2 mil 576 millones de pesos, pero sus créditos de corto plazo eran por 9 mil 800 millones de pesos.
Humberto Panti, director senior de Fitch, dijo que estas entidades están tomando los créditos de corto plazo como un mecanismo de endeudamiento adicional, en lugar de que se tomen para lo que son, para cubrir una deficiencia en ingreso temporal.
Muchas entidades han rebasado su nivel de deuda porque sólo están obligadas a notificar a la Secretaría de Hacienda los adeudos que contraten de largo plazo, en especial los que garanticen con participaciones.
La contratación de deuda de corto plazo se da a pesar de que las participaciones federales han aumentado cada año.
Por ejemplo, el monto recibido por los estados durante los primeros dos meses de 2011 creció 38 por ciento respecto al mismo periodo de 2009 y tuvo un promedio de 45 mil millones de pesos por mes.
Pero eso no ha sido suficiente para evitar que las entidades se sigan endeudando a plazos cada vez más cortos.
Entre enero de 2010 y el mismo mes de este año, los créditos de la banca comercial a estados y municipios crecieron 15 por ciento en términos reales, lo que significó 34 mil 500 millones de pesos más de deuda. En contraste, el crédito al sector privado apenas creció 3.8 por ciento real en el mismo lapso.
Frente a este panorama, Carlos Garza, titular de la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda, acaba de advertir que la Federación no está obligada ni dispuesta a entrar a ningún rescate por el tema deuda.
Lo cierto es que la deuda pública de los estados se ha convertido en un foco de alarma para calificadoras, especialistas y el propio gobierno federal. Tanto, que ahora mismo en el Senado de la República se cocina una reforma a la Constitución con la que se pretende evitar excesos en el endeudamiento de las arcas públicas de los gobernadores y presidentes municipales.
Según los expertos, de no ponerse límites, en menos de cinco años el monto podría llegar a niveles insostenibles y producirse una crisis financiera que obligaría a la Federación a entrar al rescate.

LA TENENCIA
Por cierto, seguramente la mayoría de los veracruzanos no saben qué significan VRZCB 06U y VRZCB 06, ni qué tengan que ver con el próximo miércoles 13 de abril.
Pues, bien, dicen los corredores financieros de la Ciudad de México que éstas son las claves de las emisiones de deuda a 30 años, por 6 mil 300 millones de pesos, que el gobierno de Fidel Herrera Beltrán lanzó a finales de 2006. Son bonos o pagarés.
Los emitió el gobierno de la Fidelidad para obtener el préstamo, comprometiendo la recaudación futura del Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos en Veracruz.
Deutsche Bank fue el fiduciario y las cosas iban muy bien. Sin embargo la situación se empezó a descomponer en octubre de 2009, cuando Standard & Poor’s (S&P) bajó la calificación de esta deuda al rango “mxA”, en vez de “mxAA”.
En ese momento, el problema fue una baja general en la calificación crediticia del Estado gobernado entonces por Herrera Beltrán.
No hubo alarmas porque en el contexto de crisis todos tenían problemas financieros.
Pero la cosa se puso difícil el 23 de noviembre de 2010, ya cuando la crisis había quedado más o menos atrás.
Fue cuando S&P de plano dejó de emitir calificaciones sobre ambos certificados.
Lo hizo a petición del gobierno del Estado, luego de que éste mismo anunció en ese año electoral que subsidiaría a los contribuyentes el pago de la tenencia vehicular durante 2011.
Válgase este comparativo: es como si alguien obtiene un crédito para su casa con base en su salario y de pronto se le ocurre avisar al banco que renunciará para disfrutar y pasar más tiempo con sus amigos.
A eso se atribuye que la última calificación haya sido “mxBBB”, y que la calificadora S&P se despidiera diciendo que los certificados estaban en “revisión especial negativa”.
El problema es que, presuntamente, el gobierno de Herrera Beltrán también habría dado a entender que no tenía la más remota idea de dónde saldría el dinero para pagar esta deuda.
Ahora, ha trascendido en los círculos bursátiles de la Ciudad de México que la administración del gobernador Duarte de Ochoa estaría dispuesto a comprometer hasta 7.8 por ciento de sus ingresos por participaciones federales para cumplirles a los tenedores.
El hecho es que Deutsche Bank ya convocó a reunión para el próximo 13 de abril, en las oficinas de Monex Casa de Bolsa, que es la representante común de los tenedores, para informarles cómo están las cosas.
En la agenda está recibir explicaciones del gobierno estatal. Seguramente será el secretario duartista de Finanzas y Planeación, Tomás Ruiz González, quien se encargue de dar la cara y les detalle acerca de las fuentes de recursos para el pago de esta deuda fideliana.