Este miércoles 19 tomó posesión como director general de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, quien sustituye al abogado José Domingo Martínez Riveroll.
Hasta hace unas semanas, Hernández Soto ocupaba el mismo cargo en el estado de Sinaloa, en el cual había sido designado desde el 19 de mayo de 2008.
Este teniente coronel, con cerca de 30 años de servicio en el Ejército Mexicano y quien “se ha especializado en protección a funcionarios, operaciones para el combate al crimen organizado, narcóticos, terrorismo global y francotirador” –según la versión oficial difundida por la Procuraduría sinaloense el día de su nombramiento–, sustituyó en la Policía Ministerial Estatal (PME) de Sinaloa a Rodolfo Osuna Lizárraga, quien sólo permaneció en el cargo alrededor de cuatro meses y medio.
Hernández Soto llega ahora a Veracruz supuestamente recomendado por el general Sergio López Esquer, recién ratificado como secretario de Seguridad Pública del Estado por el gobernador Javier Duarte de Ochoa. López Esquer es muy cercano al general Guillermo Galván, secretario de la Defensa Nacional, y el sexenio antepasado fue comandante de la Novena Zona Militar con sede en Sinaloa.
Con el arribo de Hernández Soto a la AVI tal parece que en Veracruz pretende repetirse el esquema implementado fallidamente en Sinaloa con la militarización de los mandos de seguridad pública y del brazo ejecutor del aparato de procuración de justicia del estado. En mayo de 2008, una vez que se supo que el cártel de Joaquín “El Chapo” Guzmán peleaba la plaza con los hermanos Beltrán Leyva, sus antiguos aliados, los gobiernos locales decidieron cambiar a los comandantes de las policías Ministerial, Estatal Preventiva y Municipal de Culiacán, que eran las más afectadas por la violencia del crimen organizado. La milicia debía asumir el mando para combatir el flagelo, según las estrategias acordadas una semana antes en la capital sinaloense por los gabinetes estatal y nacional de seguridad. Y es que los mandos castrenses locales, adscritos a la Novena Zona Militar, ya controlaban también las denuncias y pedidos de auxilio del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4), los operativos preventivos, de retenes y recorridos, así como aseguramientos y cateos a inmuebles ligados al narcotráfico.
Sin embargo, el teniente coronel Hernández Soto resultó todo un fiasco en la contención de la impunidad de las bandas criminales. Tan sólo de enero a julio de 2010 se registró el asesinato de 57 policías en las ciudades de Culiacán, Navolato, Los Mochis y Mazatlán, y ninguno de los casos ha sido castigado hasta ahora.
Es más, el teniente coronel fue duramente criticado por sus subordinados de amurallarse en su búnker, mientras sus agentes se jugaban la vida en las calles.
Agentes ministeriales indicaron a una publicación de Culiacán que su jefe había hecho “un campo de fuerza” en su oficina.“Ningún agente puede entrar armado a donde está él, lo tenemos prohibido, si es que nos recibe cuando necesitamos comunicarle algún asunto de nuestro trabajo”, comentó un policía asignado a uno de los grupos de investigación de la PME.Desde que asumió el cargo, para llegar a Hernández Soto sus subordinados tenían que hacer una larga antesala y luego debían de pasar por varios filtros si es que finalmente corrían con suerte de ser recibidos por su jefe. “En lugar de apoyarnos parece estar nada más con el procurador”, recriminaron, recordando que el teniente coronel fue el primero que se opuso cuando decenas de ministeriales intentaron hacer paro laboral a finales de 2009 para exigir mejor salario.
Por miedo o por cautela, Hernández Soto había tomado medidas extraordinarias de seguridad personal, pues a principios de septiembre de ese año, sobre la maxipista Culiacán-Mazatlán habían sido ejecutados el comandante de la Policía Ministerial del Estado, Sabino Hernández García, y el agente Gregorio Camacho Avilés. Los dos elementos, quienes retornaban a su base del municipio de Concordia luego de haber asistido a una reunión con el jefe de la corporación Silvio de Jesús Hernández, fueron sorprendidos a bordo de un auto compacto por los menos por tres sicarios que al parecer viajaban en una camioneta de lujo. A la altura del poblado conocido como el Diez fueron ametrallados; el vehículo recibió más de cien balazos. El automóvil, conducido por el comandante, se estrelló y se incendió.
Las víctimas, veinte minutos antes, habían asistido a una reunión general de comandantes de la corporación, donde el director Hernández Soto les había advertido tomar precauciones ante las amenazas anónimas que se vertían en contra de elementos policíacos de todos los niveles. Y es que días antes, el comandante de la policía municipal de Los Mochis, Ubaldo Domínguez Grijalva, había sido acribillado fuera de su hogar, presuntamente en venganza por haber participado en la captura de tres sicarios.
A ver cómo le va en Veracruz, pero francamente sus expectativas no son muy altas. Y es que en el sexenio pasado, del gobernador priista Jesús Aguilar Padilla, durante la administración del procurador Luis Antonio Cárdenas Fonseca –que en 2008 le dio posesión a Hernández Soto como director de la PME–, el índice de impunidad en el estado de Sinaloa fue del 84 por ciento.
Pero además existe otro chusco antecedente en la trayectoria de este teniente coronel. En junio del 2006, cuando el perredista Andrés Manuel López Obrador llegó en plena campaña presidencial a la cabecera municipal de Palenque, Chiapas, el alcalde Alfredo Salgado Correa llegó acompañado de unos diez policías municipales armados a detener a Hernández Soto, que en ese entonces se desempeñaba como ¡jefe de seguridad! de “El Peje”.
El munícipe lo golpeó y mantuvo incomunicado en los separos de la presidencia municipal durante un par de horas, hasta que el candidato perredista a gobernador de Tabasco, César Raúl Ojeda Zubieta, intervino y el militar fue liberado.
Aún así, dos años después reapareció en Sinaloa como flamante director de la Policía Ministerial Estatal, presentándose oficialmente como un militar “especializado en protección a funcionarios, operaciones para el combate al crimen organizado, narcóticos, terrorismo global y francotirador”.
Pero cuando ejecutaron a dos de sus subordinados se encerró a piedra y lodo en su oficina. Esperemos que en Veracruz, muy de vez en cuando, al menos salga a tomar el sol.