“La seguridad pública es una prioridad del gobierno del estado y una garantía que tiene la sociedad veracruzana”, aseguró este martes 4, el secretario Sergio López Esquer al destacar “la coordinación efectiva y permanente que se ha dado con las fuerzas federales”, que ese día detuvieron en Cosamaloapan a cinco secuestradores.
Por su parte, elementos de la 29 Zona Militar presentaron a los plagiarios Martín Ramírez Nicolás, de 29 años de edad, originario de Juchitán, Oaxaca; a Roque Galindo López, de 23, originario de Huixtla, Chiapas; al adolescente Víctor Hugo Hernández Zamudio, de 16, originario de Actopan; a Fernando Martín Flores Hernández, de 23, también del municipio de Actopan, y a Edmundo Peña Amador, de 38, originario de Cosamaloapan.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado difundió en un boletín oficial que “la coordinación efectiva de las fuerzas estatales y federales, y el heroísmo del Ejército Mexicano, son una garantía de la seguridad para los veracruzanos”.
Pero lo cierto es que el operativo militar con apoyo policíaco montado en el rancho Juquilita, de la comunidad de San Francisco, perteneciente al municipio de Cosamaloapan, resultó todo un fracaso, porque la vida del plagiado que en todo momento debieron privilegiar fue puesta en riesgo y la perdieron por la forma en que atacaron a los secuestradores.
Es verdad que tuvieron éxito al detener a los cinco plagiarios, pero la víctima falleció en el enfrentamiento. ¿No hubiera sido mejor salvar al secuestrado aunque hubieran huído los delincuentes?
¿Qué opinarán los deudos del fallecido?
Cuando el connotado militante del PAN, Diego Fernández de Cevallos fue secuestrado a mediados de mayo de 2010 en su rancho La Cabaña, de Querétaro, su familia y las autoridades del gobierno federal pidieron hasta a los medios de comunicación que su caso se tratara con gran cautela porque no querían exponer la vida del ex senador, ex diputado y ex candidato presidencial del partido blanquiazul.
Fernández de Cevallos reapareció públicamente hace tres semanas, sano y salvo, luego de que su familia –por conducto de su hijo Diego y del ex procurador Antonio Lozano Gracia, socio de su despacho de abogados– habría pagado 30 millones de dólares del rescate pactado con los plagiarios.
Entrevistado por los medios de comunicación ese mismo día de su reaparición, “El Jefe” Diego dijo que “como hombre de fe ya perdoné; y como ciudadano creo que las autoridades tienen una tarea pendiente, pero sin abuso, sin atropello, sin flagelaciones”.
Todo lo contrario de lo ocurrido en Cosamaloapan este martes 4, en que por incrementar las estadísticas de secuestradores capturados expusieron la integridad del plagiado, un empresario cuenqueño –Ángel Ariel Bravo Acevedo–, que estaba en la plenitud de su vida a los 39 años de edad. Aún así, el general López Esquer, titular de la SSP del estado, remarcó “que el trabajo conjunto se realiza acorde a los acuerdos nacionales en materia de seguridad pública, según lo establecido por el gobierno del presidente Felipe Calderón.”
Y asumió que el caso de Cosamaloapan “se logró gracias a la denuncia ciudadana, por lo que alabó la valentía de los veracruzanos para estar atentos e informar de los ilícitos que se cometan en su población”.
López Esquer dijo que “sólo con la participación ciudadana decidida se podrá continuar abatiendo los índices delictivos y prevenir la delincuencia”.
Pero la gran interrogante es a qué costo. Por ejemplo, según los cables de diplomáticos estadunidenses desclasificados por WikiLeaks, el gobierno de Washington considera que el Ejército mexicano es torpe, lento y con “aversión al riesgo” en la lucha contra las organizaciones criminales, principalmente las del narcotráfico.Según este sitio de internet fundado por el australiano Julian Assange, en cables elaborados por su embajada en México en los últimos dos años, el régimen de Barack Obama reconoce el compromiso “sin precedente” del presidente Felipe Calderón en esta lucha, pero resalta la mala preparación del Ejército.Ello obviamente molestó a la administración calderonista, que sólo calificó de ilegales, parciales e inexactas las revelaciones, y señaló que reflejan “prácticas deplorables desde la perspectiva del respeto que debe imperar entre naciones que tienen objetivos comunes”.En su respuesta, la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló también que algunos de esos informes “incluyen un énfasis subjetivo de quien los elabora, en lo que considera que es del interés de sus superiores y, en algunos casos, para exaltar de manera fundada o no sus propios méritos”.Pero de acuerdo con los documentos de WikiLeaks, el gobierno estadounidense duda que México pueda luchar de forma eficaz contra el crimen organizado, debido a la rivalidad que existe entre los cuerpos de seguridad, la “generalizada” corrupción oficial y la incapacidad manifiesta del Ejército para reunir pruebas que incriminen a sus detenidos.En otros cables, por ejemplo, se refiere que en México “el éxito de un organismo (de seguridad) se ve como el fracaso de otro”, y precisa que “sólo 2 por ciento de los detenidos en Ciudad Juárez (Chihuahua) ha sido responsabilizado de un crimen”.En el despacho 246329, elaborado por el embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, se apunta que el “fracaso” en la reducción de la violencia en Ciudad Juárez se entiende como un tropiezo de los militares, lo que forzó su salida de esa urbe en enero del año pasado y la llegada de la Policía Federal.
“Los militares no estaban preparados para patrullar calles o imponer la ley. No tienen autoridad para recoger pruebas y presentarlas ante la judicatura (sic). Resultado: las detenciones se disparan, pero las acusaciones se mantienen invariables, y tanto militares como ciudadanos están cada vez más frustrados. El cambio de mando en Ciudad Juárez ha sido visto por la clase política y el público como un repudio presidencial al Ejército.”En cambio, en los mismos informes se elogia la labor de la Marina Armada de México, sobre todo tras haber abatido a Arturo Beltrán Leyva, “El jefe de jefes”, hecho ocurrido en diciembre de 2009. El embajador Pascual señala que el Ejército recibió información de Estados Unidos sobre la localización del capo en Cuernavaca, Morelos, pero se negó actuar con rapidez.De acuerdo con el cable 240473, el diplomático norteamericano señala que ese golpe de la Marina “pone a la Sedena en la difícil posición de explicar por qué ha sido reacia a actuar de manera inteligente y dirigir la operación contra objetivos de alto nivel”.
“Nuestros servicios transmitieron la información originalmente a la Sedena, que se negó a actuar con rapidez y reflejó una aversión al riesgo que ha costado a la institución una victoria principal contra el narcotráfico”.Otro documento elaborado en enero de 2010 detalla la descoordinación existente entre los cuerpos de seguridad en México. “Calderón ha atacado agresivamente a las organizaciones de tráfico de drogas, pero ha luchado con la descoordinación de los servicios de seguridad, con ratios de violencia en espiral que le han hecho vulnerable a las críticas de que su estrategia ha fracasado”, se indica en el reporte.Pero en casos como el de Cosamaloapan, donde supuestamente existió una “coordinación efectiva y permanente” entre la Sedena y la SSP local, el operativo antisecuestro fue todo un fracaso. Y si no que le pregunten a la familia del empresario “rescatado”.