Una de las últimas designaciones que hizo el gobernador Javier Duarte de Ochoa fue la del C.P. Gonzalo Morgado Huesca como Director General del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), consumada la noche de este viernes 17.
La decisión del titular del Poder Ejecutivo del Estado no dependía sólo de su voluntad, sino de su poder de persuasión sobre los miembros del Consejo Directivo del IPE, en el cual están representadas las diversas organizaciones sindicales del magisterio estatal, del personal académico de la Universidad Veracruzana, de los trabajadores al servicio de los tres Poderes del Estado, de los organismos autónomos y de los empleados municipales de los ayuntamientos que cotizan en el Instituto de Pensiones.
Y si alguien conoce el celo con que estos representantes sindicales cuidan el patrimonio de sus representados, ese es el gobernador Duarte, quien como subsecretario primero y luego como secretario de Finanzas y Planeación sabe de la situación financiera por la que viene atravesando el IPE desde el sexenio del gobernador Patricio Chirinos (1992-1998), cuando tuvieron que incrementarse las cuotas de aportación.
Desde entonces hasta a mediados de noviembre de 2007, hace apenas tres años, el gobernador Fidel Herrera también tuvo que consensar con los representantes de los derechohabientes del IPE una reforma para modificar la Ley Número 20 del Instituto de Pensiones del Estado. Con 33 votos a favor de los diputados del PRI, PT, PRV y del legislador independiente Renato Tronco, se aprobó, entre otras modificaciones, la posibilidad de cualquier mecanismo de inversión del 50 por ciento del fondo de reserva técnica específica, incluida la bursatilización previo acuerdo del Consejo Directivo de este organismo; fijar un tabulador para el otorgamiento de créditos a corto y mediano plazo a los derechohabientes; el incremento de la edad jubilatoria de 53 a 60 años, y establecer una pensión que no rebasara los 26 salarios mínimos de la zona económica “A” sin considerar aumentos otorgados en forma particular.
Esta reforma, que modificó el sostenimiento financiero de este régimen de pensiones y jubilaciones, contó con el aval de los representantes sindicales ante el Consejo Directivo del IPE, entre ellos los secretarios generales de la FESAPAUV, Enrique Levet Gorozpe; del SUTSEM, Ricardo Diz Herlindo, y de la líder moral del SETSE, Acela Servín Murrieta, quienes estuvieron presentes en la sesión de la LXI Legislatura. La profesora Servín llegó inclusive acompañada por más de 300 miembros de la organización sindical, los cuales no pudieron ingresar al recinto legislativo.
Esta reforma a la Ley Número 20 del Instituto de Pensiones del Estado fue desaprobada por los 17 diputados locales de las bancadas del PAN, PRD y Convergencia, los cuales votaron en contra porque proponían realizar primero un diagnóstico de lo ocurrido con este tópico en el ámbito federal que actualmente lastima a millones de trabajadores que cotizan en el ISSSTE, además de cuestionar la falta de transparencia al no dar a conocer estudios actuariales y el manejo financiero de los recursos del IPE.
Al fijar la postura de su grupo legislativo, los diputados del PAN José de Jesús Mancha Alarcón, Tito Delfín Cano, Federico Salomón, Miguel Ángel Núñez y Antonio Remes desaprobaron la reforma porque no se establecieron candados para permitir que el Consejo Directivo pudiera disponer discrecionalmente del 50 por ciento del fondo de reserva técnica sujeta a las variables económicas y financieras de tendencia mundial. Además cuestionaron que no se hubiera presentado un estudio actual relativo a las personas que están a punto de jubilarse, cuyos montos económicos distan de un trabajador al servicio del Estado, al de un maestro.
Cuestionaron que sin un estudio mayor a las dos semanas de funciones se aprobara esta reforma, y se pronunciaron en contra del procedimiento porque afirmaron que el IPE siempre ha estado sujeto al desfalco, por el problema deficitario de financiamiento. “Nos oponemos porque en teoría los representantes del gobierno estatal ante el Consejo Directivo del IPE podrían decidir el destino de esos recursos, inclusive sin el consentimiento de los representantes sindicales”, advirtieron los diputados del PAN, los cuales son muy afines al grupo de ex panistas que el gobernador Duarte de Ochoa incorporó a su gabinete.
Precisamente para evitar sospechas y malentendidos, el mandatario veracruzano decidió nombrar como director general del IPE al C.P. Gonzalo Morgado Huesca, gente de su absoluta confianza, pues el ex diputado federal y ex alcalde de Martínez de la Torre fue el contralor interno de la SEFIPLAN en la pasada administración. Duarte, además, sugirió a Morgado ratificar en las Subdirecciones Administrativa y Jurídica al profesor Adán Córdova Morales y al abogado Enrique Levet Rivera, respectivamente, pues ambos son muy allegados a los líderes del SETSE y FESAPAUV, Acela Servín y Enrique Levet Gorozpe, actual diputado local priísta.
Las otras dos posiciones, las de subdirector de Finanzas y subdirector de Prestaciones Institucionales –que recayeron en el C.P. Octavio Gil García y en el abogado Armando Adriano Fabre–, fueron designaciones directas de Morgado y del gobernador Duarte, respectivamente.
Pero dígase lo que se diga, la reforma a la Ley número 20 de Pensiones del Estado –entre cuyas modificaciones incluyó el restablecimiento de la solidaridad intergeneracional, destinando el 80% de las cuotas y aportaciones de la nueva generación para el pago de las prestaciones institucionales; la modificación de requisitos para obtener jubilación y pensión por vejez, pasando de 53 a 60 años de edad; la disposición de un porcentaje de los intereses de los préstamos para el pago de obligaciones; la apertura de los fondos en fideicomiso a través de diversos tipos o modalidades de inversiones; la asignación de facultades verificadoras al IPE, y la determinación de un tope al monto de las pensiones– ha reportado beneficios a las finanzas del gobierno del estado, al obtener ahorros por 2 mil 300 millones de pesos en el reglón del subsidio que otorga al IPE.
Además, por la reforma a la Ley Número 20 de Pensiones del Estado les fueron donadas por el gobierno estatal las nuevas instalaciones que actualmente ocupa el IPE en el Arco Vial Sur de Xalapa, y les fue reconstruido el nuevo edificio en el centro de la ciudad de Xalapa que será arrendado muy posiblemente por el multimillonario Carlos Slim.
Morgado recibe un Instituto con un alto costo financiero, pues según el último informe que entregó el ex director Abel Cuéllar Morales al entonces gobernador Fidel Herrera, el IPE pasó de diciembre de 2004 a noviembre de 2010 de una población de 88 mil 058 derechohabientes a 112 mil 814 –de los cuales 92 mil 059 son trabajadores activos y 20 mil 755 pensionados en las distintas modalidades–, y durante el periodo de enero a noviembre de este año, el costo de la nómina de pensionados alcanzó la cifra de 2 mil 514.2 millones de pesos, con un promedio mensual de alrededor de 228.6 millones de pesos.
De diciembre de 2004 al 30 de noviembre de 2010 se pagaron pensiones por 13 mil 900.7 millones de pesos.
El Instituto aparenta finanzas sanas y fuertes, pues durante el último sexenio se otorgaron 184 mil 820 préstamos a corto y mediano plazo con un importe global de 6 mil 372 millones de pesos. Tan sólo en este año, el IPE otorgó 25 mil 072 préstamos por 1 mil 140 millones de pesos. Dentro del programa de Promoción de Créditos para la Adquisición de Vivienda para los Trabajadores del Estado de Veracruz otorgó 274 certificados de crédito por un importe total de 63 millones de pesos.
Al inicio de la pasada administración el IPE contaba en los distintos fondos y fideicomisos con una cantidad de aproximadamente 2 mil 135 millones de pesos. A la fecha las inversiones de este Instituto han alcanzado una cantidad de alrededor de 5 mil 032 millones de pesos.
En otra de las actividades primordiales, como “Sorteos La Veracruzana”, ha logrado en su inicio una utilidad de ­­­­8.5 millones de pesos.

LEÓN, NO LEONINO
Manuel de León Maza, director administrativo de la Secretaría de Gobierno, puede tener muchos defectos –¡y vaya que los tiene!–, pero lo que jamás le van a encontrar es un solo pelo de tonto.
Como operador político, ahí están los excelentes resultados que le entregó al gobernador Javier Duarte en la elección de Pánuco, su municipio natal.
Como administrador, De León sabe que no puede pasar por los derechos laborales de ningún empleado gubernamental.
Así que esa campañita mediática que le han desatado al director Administrativo de la Segob no va a prosperar. Goza de toda la confianza del secretario Gerardo Buganza, pero sobre todo de quien lo mandó con el ex panista cordobés.
El instigador de estos periodicazos debe entender que el sexenio y el estilo de gobierno ya cambiaron.

APARECE DEL RAYO
Sano y salvo apareció la madrugada de este domingo 19 el ex regidor porteño Alfonso del Rayo, quien fue “levantado” por un comando armado el viernes 10 a la salida del restaurante boqueño El Candelabro.
Según trascendió, los familiares de Del Rayo habrían pagado un rescate de 10 millones de pesos, la mitad de la cifra inicialmente exigida por los plagiarios.